La reclusa María del Pilar Pérez: la bitácora carcelaria de “La Quintrala” en medio del polémico debate político que podría sacarla de prisión

La asesina del profesor Nibaldo Villegas, la interna Johanna Hernández Vicuña, estaba en la enfermería de la cárcel de San Joaquín cuando escuchó un rumor que alteró su atención médica y que hizo saber de inmediato a sus compañeras de módulo. La interna Leydi Aranda Osorio, condenada por homicidio, iba a regresar a “Custodia Directa”, cuya celda se habilitó especialmente para internas involucradas en casos de alto impacto mediático. La peligrosa criminal había habitado con ellas un tiempo atrás, pero en octubre de 2022 regresaba desde San Miguel por disposición y análisis de inteligencia de Gendarmería.

La decisión, obviamente, no agradó a Hernández, quien junto a sus compañeras armaron una especie de revuelta no violenta para evitar que ingresara al módulo: pusieron un candado en la reja y quedaron encerradas sin acceso a la custodia de las gendarmes. Entre las integrantes de ese grupo estaba María del Pilar Pérez López, conocida como “La Quintrala” por el rol que cumplió en los asesinatos de su entonces esposo Francisco Zamorano Marfull, la pareja de éste, Héctor Arévalo y Diego Schmidt-Hebell, quien era pololo de su sobrina y murió al intentar frenar al sicario José Ruz que buscaba cumplir con la misión de atentar contra la familia de Pérez López, en noviembre de 2008. Según un documento de la institución, nadie quería a Aranda, porque era conflictiva y había tenido problemas con casi todas las internas de “Custodia Directa”.

Por lo menos, así lo declararon todas cuando Gendarmería realizó el sumario por haber usado un candado para dejar sin acceso a su módulo. “Tengo razones fundadas para que Leydi Aranda no ingrese a la sección, ya que anteriormente ya había estado. En algún momento fuimos compañera de dormitorio y ella mantiene un mal vivir”, comentó María del Pilar Pérez ante sus custodios, argumentando que avaló el cierre de la pieza, porque sufre de presión alta y no puede exponerse a estos altercados por motivos médicos.

Por este incidente, “La Quintrala” fue sancionada con 10 días sin recibir encomiendas. Un castigo que aceptó sin problemas, pues con sus compañeras lograron que la homicida no llegara a su pieza y fuera derivada al módulo Santa Teresa, ubicado en la misma cárcel femenina. María del Pilar Pérez es respetada en “Custodia Directa”.

La Pili –como le dicen– prácticamente inauguró esa zona de régimen interno, pues duerme en ese recinto desde que llegó a cumplir prisión preventiva en 2008 cuando ocurrió el homicidio de Diego Schmidt-Hebbel en la entrada de su casa en calle Seminario, en Providencia. Y es probable que no salga más de ese lugar, pues cumple una sentencia de dos cadenas perpetuas. Sin embargo, en los últimos días su nombre volvió a las órbitas mediáticas: el proyecto de conmutación de penas para adultos mayores–pensando para los militares condenados por casos de Derechos Humanos que están en Punta Peuco–que se aprobó en general en el Congreso podría beneficiarla, dado que la mujer presenta enfermedades crónicas y tiene más de 70 años, por lo que podría -de seguir avanzando la iniciativa legal- terminar su pena en la casa.

Al igual que otros conocidos internos como Mauricio Hernández Norambuena, el “comandante Ramiro” y los asesinos Hugo Bustamante y Julio Pérez Silva, más conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”. “Estamos frente a un proyecto de ley que fue firmado por casi todos los senadores de centro derecha. que conozco a varios, y no se dieron el tiempo de leer el proyecto y ni calcular las implicancias que tiene.

Que es básicamente un indulto a condenados y cuyas condenadas están súper bien justificadas en los plazos correspondientes”, asegura a The Clinic, el economista Klaus Schmidt-Hebbel, cuyo hijo fue asesinado por el sicario de María del Pilar Pérez, en 2008. En ese línea, agrega que se trata de “asesinos, violadores, femicidas, asesinos de jóvenes, de viejos, de niños, de todo tipo de orígenes y motivaciones que es la plata, la venganza, terrorista. Esta gente está muy bien condenada y tiene que terminar su pena en la cárcel”.

“La Quintrala” ya había intentado anular su condena en 2021 con una querella María del Pilar Pérez López nació tres días antes de Navidad en 1951. Tiene 74 años y los últimos 18 los ha pasado en el también llamado módulo 8. Pasa gran parte de su tiempo leyendo, lo que le ha permitido cumplir labores como “Jornal” en la biblioteca de la cárcel de mujeres en San Joaquín.

Como pasa muchas horas en esas instalaciones, cuenta con custodia permanente para evitar conflictos con otras internas. Antes estuvo muy involucrada en el área de la Pastoral, donde fabricó rosarios y participó en el comité que recibió al Papa Francisco en el recorrido que hizo al recinto en 2018 en medio de su visita oficial a Chile. Su conducta es calificada como “muy buena” por Gendarmería, a pesar de que ha tenido otros incidentes que le significaron algunos castigos menores y que fueron reportados a los tribunales de garantía.

En septiembre de 2015, por ejemplo, “La Quintrala” tuvo un problema con la interna Javiera Comigual, quien la comenzó a hostigar por haberla acusado a la jefa del penal tras percatarse que le había robado unas cecinas del refrigerador que compartían en común. Según un escrito judicial, Comigual le dijo a viva voz a Pilar Pérez que se atuviera a las consecuencias. “Si quiere show, lo tendrá con toda la prensa.

Yo no le chupo las patas a las pacas (gendarmes), me las meto por la raja”, le dijo en tono desafiante. Esto fue denunciado por Gendarmería al Ministerio Público, pero fue archivado porque no consideraron que se acreditaba el delito de amenazas. Cuatro años después, en 2019, fue sorprendida con un perfume “clandestino” en su pieza: una botella de 100 milímetros de la marca Jean Les Pins, cuyo valor comercial alcanza los siete mil pesos.

Por este hallazgo fue castigada por la suspensión de visitas por unos días. Esos problemas internos, sin embargo, no le quitaban el sueño. Con su equipo jurídico estaban dedicados en revertir la dura sentencia que recibió en 2011 cuando fue declarada culpable de los tres crímenes que ejecutó el sicario Ruz bajo sus instrucciones.

Por ello, en 2021, presentó una querella por prevaricación contra la jueza Patricia González Quiroz, quien integró la terna de magistrados que lideraron el juicio oral en 2011. Según la acción penal de Pilar Pérez, la abogada debió inhabilitarse, porque había liderado una desconocida investigación por sicariato que se abrió contra la arquitecta en 2002 cuando aún estaba la justicia antigua que la acusaba de haber intentado matar a su primer esposo–Carlos Felip Imperatore– y que se frustró por el arrepentimiento del sicario. A juicio de “La Quintrala” todo estaba viciado, porque la magistrado González usó esa causa, en la que ejerció un liderazgo en las pesquisas, como argumento para justificar su voto condenatorio.

“Esta proposición y encargo criminal responde a un patrón de conducta criminal de la imputada quien, cuando se enfrenta a un problema que ella estima de gravedad, los resuelve de esta manera (…)Así lo hizo con su expareja, a quien intentó matar en el año 2022, contratando a un sicario”, se lee en la sentencia que la condenó a más de 60 años de prisión. A pesar de los esfuerzos, la querella fue archivada. INDH presentó un amparo a favor de María Pilar Pérez por allanamientos en las celdas El nuevo portazo que le había dado la Justicia no detuvo la redacción de documentos judiciales por parte de la interna.

En marzo de 2023 presentó dos. El primero mantuvo su tesis sobre situaciones irregulares vinculadas al trámite de su causa. En esta oportunidad acusó al exfiscal Carlos Gajardo y su excuñada Verónica Zamorano de confabularse para presentar un falso testimonio durante el juicio que la sentenció.

Según “La Quintrala”, Zamorano relató situaciones “contradictorias” en su rol como testigo del caso. A esta conclusión llegó al analizar las declaraciones que prestó la hermana de la víctima ante el Ministerio Público el 28 de noviembre de 2008 y en el estrado durante el juicio oral, el 9 de noviembre de 2010. En esa línea, Verónica Zamorano dijo en una primera instancia que no “veía alguna razón” para vincular a la arquitecta en el doble asesinato, pues no habían cosas pendientes de dinero o situaciones sin solucionar de su quiebre matrimonial.

Mientras que ante los magistrados y bajo juramento tras las preguntas del entonces fiscal Carlos Gajardo sobre quién estaba detrás del crimen: “Inmediatamente” era Pilar Pérez. “Mi hermano siempre se sentía perseguido por ella, siempre y con susto de que lo matara siempre”, reveló en el juicio, a pesar–de acuerdo con la imputada–en una primera instancia había informado a la policía que no sabía de ella hace más de 15 años. Pero al igual que con la querella de prevaricación que ingresó contra una jueza, la Justicia rechazó la opción de darle curso a su teoría de irregularidades.

Decisiones que fueron avaladas tanto por las Cortes de Apelaciones y Suprema. En medio de esta discusión, la interna también acusó a TVN ante la Justicia, por medio de un recurso de protección contra el programa “Alma Negra” de Carlos Pinto, que recreó su caso policial y familiar en el primer capítulo llamado “Una Bestia en la familia”. Para Pilar Pérez el relato se tornó injurioso y provocó que se viera expuesta nuevamente ante el escarnio público bajo el apodo de “La Quintrala”, cuyo sobrenombre ha menoscabado su vida desde que se vio involucrado en esta causa.

En este intento también le fue mal. La Corte lo declaró inadmisible. “Son todas intentonas desesperadas de una asesina serial que quiere volver a la calle para seguir asesinando.

No olvidemos, que en el juicio salió una lista que entregó la mano armada de ella, asesino serial también, el señor Ruz. Él le entregó como parte de su confesión una lista de 10 personas que la asesina María Pilar Pérez le encargó de matar después de matar a mi hijo Diego. Hay 10 personas que están amenazadas de muerte”, refuerza Klaus Schmidt-Hebbel.

Esa frustración judicial tuvo una pausa el 22 de octubre de 2024 cuando un equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos llegó hasta la cárcel de San Joaquín para constatar en terreno una denuncia que habían recibido sobre el trato que le estaban dando a las internas del módulo “Custodia Directa”. Las reclusas, entre ellas Pilar Pérez, estaban acusando revisiones corporales ilegales en allanamientos para ellas y sus visitas, sumado a una serie de problemas con atenciones médicas precarias y malos tratos de sus custodias. Todo esto quedó detallado en un recurso de amparo que presentó el INDH, al que tuvo acceso The Clinic, en el que reportó que a las reas las “reúnen a todas en un lugar común, quedando en un semicírculo, donde las obligan a desnudarse, sacarse la ropa interior, ponerse en cuclillas y realizar sentadillas”.

Según la entidad de Derechos Humanos, estas situaciones quedaron grabadas en las cámaras corporales de las gendarmes, donde quedaría evidenciado que en “los últimos allanamientos no encontraron ningún elemento prohibido”. La acción judicial aún está en trámite y se está a la espera que Gendarmería evacúe un informe sobre las denuncias. Esto, a pesar de que el 12°Juzgado de Garantía solicitó esa diligencia en noviembre de 2024, cuya respuesta aún se espera.

Este módulo, de internas famosas por causas penales, siempre tiene la oportunidad de estar en primera línea noticiosa. La sección 8 volvió a tomar protagonismo con la tramitación del proyecto que busca que los adultos mayores que están presos y con enfermedades crónicas terminen las condenas en sus casas. Si bien el objetivo oculto de esta discusión es beneficiar a los militares del ex penal Punta Peuco, la redacción ambigua provocó que esta norma pusiera los ojos en María del Pilar Pérez, quien cumpliría con los requisitos para acogerse a este eventual beneficio carcelario.

“Es un proyecto de ley que está muy mal pensando, porque le da la opción a un joven, de 20 años, en un caso hipotético que sea soltado de inmediato si es que él demuestra que sufre de asma o de un leve estado de diabetes y no es tratado bien en la cárcel“, sostiene Klaus Schimidt-Hebbel. El execonomista jefe de la OCDE alerta que si esta discusión parlamentaria sigue avanzando como está va a provocar una revolución de libertad de condenados. “No va a quedar gente encarcelada, especialmente no sólo de mucha edad sino que también jóvenes condenados por crímenes terribles que angustiaron a las familias víctimas, que destrozaron a muchas familias al asesinar a un familiar y van a quedar desprotegido”, reflexiona.

De no prosperar esta idea legislativa, “La Quintrala” tiene un último paso para evadir la doble cadena perpetua que debe cumplir. Las irregularidades que denunció por falso testimonio y prevaricación las ingresó también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emitan un dictamen sobre su caso. De obtener un fallo favorable, abriría por fin una puerta de escape.

Pero la familia Schmidt-Hebbel augura que le irá “pésimo”.