La promesa de Kast que chocó con la realidad: PDI admite que no puede expulsar a 6 mil venezolanos

La Policía de Investigaciones (PDI) admitió ante el Senado que no puede expulsar a 6 mil ciudadanos venezolanos, dejando en evidencia los límites y barreras estructurales de la principal promesa de campaña de José Antonio Kast, basada en la deportación masiva de extranjeros con antecedentes delictivos o situación irregular. Durante una sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta y en medio de la discusión del proyecto que busca tipificar como delito en ingreso clandestino, el prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, ofreció un diagnóstico sobre las problemáticas que enfrenta la institución para llevar a cabo las expulsiones. «No pudimos expulsar a ciudadanos venezolanos, tenemos en la actualidad más de casi seis mil expulsiones pendientes por realizar», reconoció ante los parlamentarios.

«No hay relaciones consulares» León indicó que la principal barrera para materializar estas medidas radica en el quiebre de las relaciones consulares y diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que impide coordinar el retorno de los migrantes hacia el país caribeño. “No hay relaciones consulares, no los podemos identificar, no nos aceptan”, afirmó, señalando que los vuelos de expulsiones hacia Caracas están suspendidos desde junio de 2025, lo que mantienen miles de órdenes de expulsión sin ejecutar. Estas trabas quedaron en evidencia la semana pasada cuando la administración de Kast concretó su primer vuelo de expulsión con 40 migrantes, entre los que figuraron colombianos, bolivianos y ecuatorianos, pero no ciudadanos venezolanos, pese a su alta presencia en Chile.

$3 millones para deportar a cada migrante A las dificultades diplomáticas se suman factores económicos y logísticos para el Estado. Cada expulsión de un migrante, en este caso de un venezolano, puede costar alrededor de $3 millones por persona, considerando traslados, custodia policial y coordinación internacional, lo que se traduciría en el caso de 6 mil expulsiones en $18 mil millones. Esta cifra limita la posibilidad de implementar un plan masivo como el que prometió Kast durante la campaña electoral.

El director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, planteó que el monto puede variar de acuerdo al tipo de operativo. En conversación con 24 Horas explicó que en el caso de un vuelo comercial el costo es cercano a los $3 millones por persona, incluyendo la custodia de dos funcionarios PDI por expulsado, taly como establecen las normas internacionales. Si se trata de un vuelo de la FACh, el monto se reduce a $2,5 millones por migrante expulsado, ya que solo lo acompañaría un funcionario de la PDI.

No hay presupuesto suficiente para expulsar a 6 mil venezolanos Otro punto a considerar es el presupuesto para enfrentar la magnitud del problema. Según reconoció Sauerbaum actualmente se dispone de $4 mil millones, muy por debajo de los $18 mil millones que se requieren para concretar las 6 mil órdenes pendientes por ejecutar. “Estamos buscando alternativas (…) el servicio tuvo un exceso de $31 mil millones el año pasado, y pedimos que una parte se destine a expulsiones”, declaró al medio citado.