La paradoja de Chile: entre fragilidad extrema y oportunidad histórica

Durante décadas se nos ha repetido que el crecimiento económico es la llave maestra del bienestar social. Que basta con hacer crecer los números para que, casi por arte de magia, mejoren nuestras vidas. Sin embargo, esta promesa se ha vuelto cada vez menos creíble.

En Chile, y en buena parte del mundo, el crecimiento ha coexistido con contaminación, desigualdades y una crisis ambiental de proporciones históricas. Crecer no siempre es avanzar Reducir el bienestar de una sociedad a la expansión del PIB es no solo una simplificación peligrosa, sino una forma de negación. Los indicadores macroeconómicos pueden subir al mismo tiempo que bajan la calidad del aire, la disponibilidad de agua o la seguridad alimentaria.

Pueden crecer las utilidades empresariales mientras se degradan los territorios y se sacrifican comunidades enteras. La consigna “crear más empleos” no basta, cuando los salarios son mínimos y la seguridad laboral efímera. Las llamadas “zonas de sacrificio” son la prueba más brutal de esta contradicción: allí donde el crecimiento “triunfa”, la vida cotidiana se vuelve más precaria.

Los defensores del crecimiento a toda costa suelen responder que estos costos son inevitables o, peor aún, que más adelante serán corregidos gracias al mismo crecimiento que los produjo. Pero esta lógica ignora un concepto elemental: la naturaleza no es una cuenta bancaria inagotable. La biodiversidad perdida no se recupera con más inversión, los glaciares derretidos no regresan con innovación tecnológica y los ecosistemas colapsados no se reconstruyen con discursos optimistas.

El cambio climático ha dejado en evidencia la fragilidad de este modelo. Insistir en una economía basada en la expansión permanente del consumo y la explotación intensiva de recursos no solo acelera el calentamiento global, sino que aumenta la vulnerabilidad de países como el nuestro. En nombre de la rentabilidad y los mercados se pretende continuar hipotecando el agua, el aire, las fuentes de energía, la agroalimentación, los bosques, los ríos, lagos, el mar y el futuro climático del país.

Defender el crecimiento sin cuestionamientos, en este contexto, no es realismo económico: es irresponsabilidad política y moral. Más aún, presentar la protección del medioambiente como un obstáculo al desarrollo es una falsedad interesada. Lo verdaderamente insostenible es un modelo que convierte el aire, el agua y los territorios en mercancías prescindibles.

Un país no progresa cuando destruye la naturaleza y sus ecosistemas, sino cuando garantiza condiciones de vida dignas hoy y mañana. El bienestar no se mide solo en cifras, sino en salud, seguridad, ocio, empleo seguro, salarios dignos, vínculos comunitarios y equilibrio ecológico. La paradoja de Chile Nuestro país suele pensarse a sí mismo como una excepción.

En el cambio climático lo es, pero no como quisiéramos. Somos al mismo tiempo uno de los países más vulnerables del planeta y uno de los mejor posicionados para liderar la transición energética y ecológica. Esa paradoja, es la que debe saber enfrentar de manera inteligente el gobierno porque, aunque sea incómoda, es reveladora, ya que define el momento histórico que estamos viviendo.

Somos uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático a nivel global. La evidencia es contundente: una megasequía de más de 15 años golpea a la zona central, donde vive cerca del 80 % de la población; los incendios forestales se han vuelto más intensos y frecuentes, afectando a poblaciones que han ocupado de manera espontánea zonas no aptas en la interfase urbano-forestal en varias regiones del centro sur. A ello se suma la pérdida de glaciares; aluviones y deslizamientos que también afectan asentamientos mal planificados; el ascenso del nivel del mar, la erosión costera y las tormentas torrenciales que amenazan nuestras costas y, por último, pero no menos importante: la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad claves se acelera.

Todo indica que estos eventos no son episodios aislados, sino la nueva normalidad. Es preciso entender que esta vulnerabilidad no es solo climática, es estructural. Nuestra economía depende de sectores altamente sensibles al clima como la minería, la agricultura de exportación o la acuicultura, cuyo funcionamiento exige agua y temperaturas relativamente predecibles.

Nada de eso está garantizado en el Chile del siglo XXI. A esta fragilidad se suma una desigualdad territorial persistente. Las comunidades con menos recursos son las que sufren con mayor periodicidad desastres climáticos devastadores y concentran los mayores pasivos ambientales: zonas de sacrificio, escasa capacidad de adaptación y mayor exposición a riesgos.

En un país tan desigual como el nuestro, el calentamiento global no solo calienta el territorio, también profundiza injusticias ya existentes. Oportunidad histórica Pero sería un error y una irresponsabilidad describir este panorama solo en clave de crisis. También poseemos ventajas extraordinarias que ningún otro país combina de la misma manera.

La radiación solar del desierto de Atacama es la más alta del mundo y los vientos del sur ofrecen condiciones excepcionales para la energía eólica. Nuestras reservas de litio nos ubican en el centro de la geopolítica energética y contamos con una vasta red de áreas protegidas terrestres y marinas con una biodiversidad única y un enorme potencial para la captura de carbono y la bioeconomía. Además, hemos construido en pocos años una de las institucionalidades climáticas más avanzadas de América Latina, una Ley Marco de Cambio Climático.

También se definieron Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) en el ámbito del Acuerdo de París, hoy actualizadas para alcanzar la neutralidad del carbono antes de 2050, además de planes sectoriales y subnacionales y un sistema científico asesor robusto. Esa arquitectura no pertenece a ningún gobierno: es patrimonio del Estado. El problema no es la falta de recursos ni de marcos normativos.

El problema es político. La pregunta clave no es si habrá transición energética o adaptación climática, pues ambas son inevitables, sino cómo se implementan, a qué velocidad y a quiénes benefician. Desde esta perspectiva, y por las declaraciones que se escuchan en estos días, el futuro de Chile no es auspicioso.

Nos preocupa que el gobierno esté flexibilizando las políticas medioambientales y climáticas hasta el límite de la resistencia institucional. Todo ello conlleva un riesgo considerable. En el ámbito del cambio climático, las consecuencias se intensifican de manera exponencial: la inversión insuficiente en adaptación y prevención de hoy, resultará en costos significativamente mayores en términos de daños, pérdidas y perjuicios económicos en el futuro La verdadera disyuntiva no es técnica, es política, dado que se está insistiendo en un modelo extractivista obsoleto de corto plazo.

El gobierno no concibe o no desea asumir que la transición ecológica puede y debe convertirse en una política de Estado y en un proyecto nacional de desarrollo. Esa es nuestra oportunidad histórica. Tenemos el capital natural, el conocimiento científico y la base institucional para hacerlo.

Lo que falta es voluntad política sostenida y una ciudadanía que exija que lo construido no se desarme en nombre de un crecimiento económico inmediato. El futuro de Chile no está escrito. Pero se está decidiendo ahora.

Y esta vez, no tratar de influir, también es una forma de decidir.