La Ley Miscelánea: un círculo que no cuadra

Este pareciera ser el mal que aqueja a los equipos del gobierno al perseverar en un proyecto de ley cuyos contenidos y arquitectura en lugar de representar un camino eficaz para lograr las tres metas asumidas en el plano económico al termino del gobierno (crecimiento potencial del 4% del PIB, tasa de desempleo en el 6% y equilibrio fiscal), más bien constituyen una fórmula inconsistente para la consecución de esos objetivos. Veamos en qué (fondo y forma) se revela esta disonancia cognitiva. La evidencia comparada.

La presunción de que bajando los impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes de alto patrimonio deviene en un círculo virtuoso por la vía de aumentar la inversión que redundará en un mayor crecimiento económico y que ese mayor crecimiento terminará por más que compensar la caída inicial en la recaudación tributaria choca con una abundante evidencia empírica que la contradice. Así es, la investigación realizada por Gechert y Heimberger (2022) en base a la revisión de 42 estudios disponibles sobre esta materia termina por refutar esa teoría, toda vez, que se verifica que el efecto sobre el crecimiento es tendiente a cero y/o marginal y que solo se deja ver en el mediano y largo plazo (la falacia de la curva de Laffer). Krugman (2019) sostiene que no existe evidencia que la carga tributaria influya en el crecimiento de los países junto con demostrar que EE.

UU. creció más con una tasa impositiva mayor. La experiencia de Reagan en los ochenta nos entrega otro mentís a esta teoría, toda vez, que la rebaja impositiva y el ajuste severo en el gasto público, no solo no fue compensada por una mayor recaudación, sino que también triplicó el déficit presupuestario (economía vudú).

A su vez, un estudio del Congreso de EE. UU. demostró que la reducción de las tasas corporativas aplicadas por Trump en 2017 tuvo un efecto marginal en el PIB y un impacto profundamente dañino en los ingresos federales.

Bravo, Cea, Trujillo y Landerretche (2012) demostraron que los países con mayor carga tributaria que Chile cuando tenían un PIB similar al nuestro, son en la actualidad más desarrollados y equitativos (Ley de Wagner). Sin ir más lejos, la experiencia comparada chilena entre el período de la dictadura bajo el imperio del neoliberalismo y el de la transición democrática, nos demuestra que la menor carga tributaria no logró evitar un crecimiento promedio anual mediocre del 2,9% en 17 años de dictadura, mientras que en los noventa, luego de un aumento de la carga tributaria equivalente a 3 puntos del PIB, el país creció a niveles históricos con una tasa promedio anual de 6,1% entre 1990 y 1999 (crisis asiática mediante). El reduccionismo ontológico.

A pesar de la evolución que han tenido las teorías de desarrollo, el equipo económico del actual gobierno persevera en desconocer dos avances básicos (teóricos y empíricos) de la ciencia económica. Primero, la necesidad de superar conceptualmente la idea de hacer homologable el PIB per cápita al desarrollo y, segundo, ignorar que el crecimiento económico es un fenómeno multicausal y multifactorial. Revisemos algunos de estos aprendizajes y aportes.

El Premio Nobel Simon Kuznets (inventor del PIB), nos advirtió que el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de ninguna medición de los ingresos nacionales y que debe tenerse presentes las distinciones entre la cantidad y calidad del crecimiento, entre los costos y los beneficios, y entre el corto y el largo plazo, por lo que los proyectos de “más” crecimiento deberían especificar más crecimiento de qué y para qué. A su vez, Jeremy Rifkin entrega una batería argumental muy fuerte para rebatir la idea de que el PIB expresa de buena forma el auténtico bienestar económico. Su argumento principal es que el PIB presenta el problema de no discriminar entre la actividad económica que realmente mejorar la calidad de vida de las personas y la actividad económica que no la mejora.

Por otra parte, el Premio Nobel Amartya Sen nos sugiere concebir el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. Sen considera que la expansión de la libertad es el fin primordial y el medio principal del desarrollo. Así pues, plantea que la característica fundamental del bienestar es la capacidad de conseguir realizaciones valiosas y define las capacidades como el conjunto de vectores de realización a su alcance; es decir, la evaluación no se basa en analizar el conjunto de realizaciones alcanzables, dado que la calidad de vida que lleva una persona no se mide por un estándar sino por la capacidad de esa persona en elegir dicho modo de vida.

En esa línea, Sen cuestiona la vía pregonada para el desarrollo que describe como de “sangre, sudor y lágrimas”, calificándola como una “política cruel del desarrollo” que al mismo tiempo es altamente ineficiente. Dicho todo lo anterior, en absoluto pretendo desconocer la importancia que tiene lograr un crecimiento económico sostenido e inclusivo para generar los recursos que faciliten la superación de muchos obstáculos y restricciones que experimenta un país como el nuestro. Entender el crecimiento económico como fenómeno multicausal exige reconocer la necesidad de actuar tanto por el lado de la oferta como de la demanda, y que la combinación y énfasis de esas políticas económicas debe estar determinada por el estadio de desarrollo y/o la coyuntura específica en que se encuentra la economía de un país.

La realidad de Chile, en los últimos 12 años, es que estamos creciendo a nivel del PIB potencial y, por lo tanto, el desafío consiste en desplazar la frontera de nuestro crecimiento a niveles superiores. Esto requiere un enfoque integral dirigido a agregar mayor valor y diversificar la actual matriz productiva, superar de manera sostenida la heterogeneidad de nuestra estructura económica y garantizar que los frutos de ese crecimiento contribuyan a disminuir los excesivos niveles de desigualdad que nos caracteriza. Ante este desafío, el proyecto del gobierno adolece de dos falencias.

Primero, poner solo el énfasis en políticas amigables a los mercados y al sector privado omitiendo el rol que le compete al Estado en la generación de condiciones habilitantes para un crecimiento sostenido e inclusivo mediante iniciativas que fomenten la innovación, una mayor inversión en I+D, expansión de los mercados internacionales, mayor inversión pública, políticas activas de apoyo a las MIPYMES, perfeccionamiento de las políticas activas y pasivas de empleo, entre otros. Segundo, asumir que con la sola disminución de la carga tributaria a las grandes empresas y medidas de desregulación bastarán para aumentar significativamente los niveles de inversión, desconociendo que existen otros factores que tienen un mayor peso relativo a la hora de tomar sus decisiones los inversionistas, como son: estabilidad institucional, expectativas de demanda, acceso al financiamiento y disponibilidad de capital humano e infraestructura pública. Prueba de esto es que las más grandes inversiones de empresas chilenas en el exterior se han concentrado en Colombia, Brasil y México cuyas tasas de impuestos a las empresas son del 35%, 34% y 30%, respectivamente.

En una línea complementaria, en mi libro “Chile: un camino al desarrollo integral. El valor para cambiar y la paciencia para prosperar” queda demostrado que la dotación, en calidad y cantidad, de capital social, capital político (instituciones sólidas e inclusivas), capital humano y capital público (rol del Estado en la economía) son factores que explican significativamente los niveles de desarrollo entre distintos países. Frente a la contundencia que nos entrega la teoría y la experiencia comparada cabe preguntarse qué hay detrás del empecinamiento del gobierno en imponer un recetario que se ha demostrado fallido o, en el mejor de los casos, claramente insuficiente ante la complejidad de los desafíos que tenemos, por un lado, y en desatender la opinión ciudadana que en distintas encuestas muestra una caída estrepitosa en la aprobación del gobierno y de las medidas propuestas, por otro lado.

Una respuesta fácil, sería decir que se trata de desconocimiento y falta de pragmatismo para entender cómo funciona la economía real. Pero el asunto es más complejo, en mi opinión, lo que hay detrás es un intento refundacional basado en reestablecer, aunque sea parcialmente pero no por ello menos sustantivamente, el paradigma neoliberal aplicado en el periodo de la dictadura. El problema está en que Chile no es el mismo de ese entonces y, por lo tanto, se debe poner especial cuidado en que la combinación de un ideologismo exacerbado con una tecnocracia ramplona puede estar incubando una inestabilidad política y social en un país en que las raíces profundas del malestar social siguen interpelando a sus élites políticas y económicas.

En consecuencia, si estamos de acuerdo en todo lo anterior, a las fuerzas progresistas no le cabe otra posibilidad que votar en contra de este proyecto en general y desplegar a lo largo del territorio nacional un esfuerzo de pedagogía democrática de cara a la ciudadanía no solo para explicar la inconveniencia de este proyecto, sino que también trasmitir una visión alternativa.