La “Ley Longueira” vigente por secretaría: un atentado a la inteligencia y a la democracia

Hace pocos días, en el seno de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas —el lugar donde, por excelencia, debe darse el debate democrático de cara a la ciudadanía—, manifesté una convicción que hoy comparto con los lectores, a partir de la decisión del gobierno de retirar de tramitación el proyecto de ley de Nueva Ley de Pesca: “la respuesta que ha dado el Ejecutivo es un atentado a la inteligencia humana”. Esta afirmación no nace del capricho, sino de la indignación que provoca ver cómo el subsecretario Osvaldo Urrutia utiliza antecedentes supuestamente “técnicos” para retirar el proyecto de Nueva Ley de Pesca, utilizando un argumento estrictamente poli-refundacional. Es una explicación que desestima más de 12 años de lucha por la nulidad de una ley manchada por la corrupción de Corpesca y que ignora un proceso legislativo reciente que fue ejemplar en participación y consenso.

Un avance democrático bajo sospecha Lo que la autoridad intenta presentar como una corrección necesaria es, en realidad, un portazo a un trabajo que ya tenía un 80% de avance en su texto. No estamos hablando de una hoja en blanco; hablamos de un proyecto que surgió de un debate abierto, con una participación ciudadana histórica y que alcanzó votaciones unánimes en gran parte de su articulado, logrando acuerdos entre sectores políticos transversales. En este espacio cabe la pregunta: ¿Este subsecretario busca tomar decisiones técnicas o fue puesto ahí con otro motivo?

El proyecto retirado no buscaba “refundar” por ideología, sino mejorar con sentido de realidad y atender incluso una demanda de la industria, la “certeza jurídica” en vez de sostener una ley manchada por la corrupción. Además, el proyecto de nueva ley de pesca consideraba una gran cantidad actualizaciones de la ley vigente y planteaba respuestas concretas a desafíos pendientes, como una plataforma social financiada con los recursos recaudados de la propia actividad pesquera. No era un salto al vacío, era un acto de sostenibilidad, justicia social y técnica.

El triunfo del inmovilismo Es profundamente preocupante que se utilicen credenciales técnicas para encubrir una decisión que es evidentemente política. Al retirar la iniciativa, el Ejecutivo no está buscando una mejor ley; está deteniendo el reloj para favorecer a un grupo específico: las industrias pesqueras que se han negado sistemáticamente a avanzar en esta discusión. Tal como señalé ante los parlamentarios, el resultado de esta maniobra es que “hoy tenemos vigente una ‘Ley Longueira’ químicamente pura”.

Mientras el Gobierno dilata y retira, lo que queda en pie es el marco normativo de la impunidad y el privilegio, aquel que el país entero mandató a cambiar. La pesca artesanal no puede aceptar que se pretenda borrar con el codo lo que se escribió con la participación de miles de pescadores a lo largo de Chile, y no sólo de nuestro sector, también de pymes pesqueras, la gran industria y sus trabajadores, expertos económicos y científicos. La “tecnocracia” no puede ser la excusa para blindar los intereses de la gran industria frente a una necesidad país de transparencia y sostenibilidad.

Desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal y Coranor seguiremos colaborando en la construcción de una legislación moderna, que asegure la sostenibilidad para Chile, que dé certeza jurídica dada por un proceso que sea transparente y que permita a las futuras generaciones continuar disponiendo de recursos para llevar a la mesa de todos los chilenos.