La hoja de ruta de Hacienda

En su primera exposición en seminario, tras asumir como jefe de las finanzas públicas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, delineó los principales ejes del programa económico con que el Gobierno aspira a elevar el crecimiento a 4%, reducir la tasa de desempleo a 6% y alcanzar el equilibrio fiscal hacia el final de la actual administración. En el marco del seminario “La primera lectura de un nuevo ciclo”, organizado por DF, el ministro marcó el tono de su gestión desde el inicio: “Mi rol no es ser simpático ni popular”, dijo, revelando el carácter que buscará imprimir a su conducción económica. Se trató de una presentación cuyo mensaje de fondo apuntó a la necesidad de hacer cumplir las reglas, tanto en la ejecución del gasto público como en la tramitación de inversiones, evitando arbitrariedades y corrigiendo las distorsiones que han debilitado la disciplina fiscal y el funcionamiento del mercado.

Chile atraviesa un declive económico que exige una agenda con metas exigentes, pero posibles para revertir esa tendencia, según Quiroz. Como principios básicos para salir del estancamiento mencionó la libertad de permisos, el retorno de incentivos para quienes invierten e innovan, y la dignidad del emprendimiento. Y a las medidas ya conocidas del Plan de Reconstrucción, sumó como nuevos anuncios el restablecimiento de la invariabilidad tributaria para devolver la certeza a las grandes inversiones, y un nuevo impulso al sector inmobiliario a través de cambios regulatorios e incentivos tributarios.

La certeza jurídica y el apego a las reglas emergen como pilares que dan viabilidad al programa. Más que un detalle de medidas, la exposición fue un relato sobre instrumentos, objetivos, condiciones y mecanismos para poner en marcha “medidas costosas, pero necesarias”, en un marco en el que se reconoce el rol del emprendimiento como motor del desarrollo y que pone el acento en la ejecución. Así, la apelación a la dignidad del emprendedor supone, en estos términos, relevar que el crecimiento depende de decisiones que implican riesgo y que requieren un entorno de reglas claras.

En esta lógica, la estabilidad normativa y la certeza jurídica aparecen como condiciones indispensables para reactivar el dinamismo. El énfasis en el cumplimiento de la ley adquiere así un lugar central tanto en el control del gasto, como en la necesidad de evitar que proyectos de inversión queden sujetos a decisiones discrecionales. Del mismo modo, la recuperación de millonarias deudas asociadas a beneficios sociales como el CAE se plantea como parte de una gestión fiscal que busca corregir desviaciones acumuladas.

En conjunto, se trata de medidas orientadas a reforzar la institucionalidad económica y a restablecer criterios de responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Avanzar hacia un balance estructural es, asimismo, una meta deseable y necesaria para una economía que en los últimos años ha evidenciado un fuerte deterioro en sus cuentas fiscales. De alcanzarse, implicaría una potente señal de responsabilidad macroeconómica y contribuiría a fortalecer la credibilidad del país frente a inversionistas y organismos internacionales.

Sin embargo, la definición de metas excesivamente exigentes podría introducir riesgos de debilitar la credibilidad del mercado en los objetivos planteados, tal como ha ocurrido en el pasado. En un entorno internacional incierto y con una economía en proceso de recuperación, podría ser razonable que la estrategia incorpore cierto grado de flexibilidad en su trayectoria, sin desdibujar el horizonte de convergencia fiscal. Ello permitirá resguardar la consistencia del programa y fortalecer su credibilidad.