La hipocresía disfrazada de indulto
Chile tiene hoy más de 60 mil personas privadas de libertad. Esa cifra, que hace apenas tres años estaba bajo las 50 mil, refleja el crecimiento sostenido del sistema penitenciario y la presión que enfrenta el país frente a la delincuencia. La criminalidad no solo ha aumentado; también da una respuesta acorde de la justicia y la persecución del delito.
En este contexto, el Chile que se ve en cadena, surge hoy, cual avestruz, la ministra vocera de gobierno, que comparando a la población penal adulta mayor, aparece un proyecto de ley presentado por la derecha como una medida humanitaria: permitir la excarcelación de las personas mayores de 70 años que cumplen condena. Pero cuando se revisan las cifras del propio sistema penitenciario chileno, la pregunta cambia. No se trata solo de una discusión humanitaria, se trata de las consecuencias reales de la norma.
El impacto en el narcotráfico, en los delincuentes reincidentes, en la seguridad pública y en la paz social. EL PERFIL REAL DEL DELITO EN CHILE Las estadísticas de Gendarmería de Chile muestran con claridad que la criminalidad tiene un perfil etario muy definido. El tramo más numeroso de la población penal es el de los 30 a 34 años, seguido por los grupos de 25 a 29 y 35 a 39 años.
En otras palabras: los chilenos delinquen y llenan las prisiones siendo jóvenes o adultos en edad productiva, no los ancianos ni los abuelos, que representan menos del 6% de la población condenada por los delitos más graves o vinculados a condenas múltiples. Los internos mayores de 70 años representan una fracción mínima del total. Y sin embargo, es precisamente ese grupo el que hoy se intenta convertir en el centro de un proyecto de ley.
Un millar de personas que podrían quedar sujetas a un sistema de control y vigilancia por parte de Carabineros, institución que ya se encuentra sobreexigida en sus funciones. EL PROBLEMA DE LEGISLAR CON HUMO En Chile existe un antecedente inevitable en esta discusión: el penal de Punta Peuco, donde cumplen condena agentes del régimen militar condenados por violaciones a los derechos humanos. Son estos quienes indirectamente tienen hoy más de 70 u 80 años, y durante años distintos sectores políticos han buscado fórmulas para su excarcelación bajo argumentos humanitarios.
Pero las propuestas que buscaban beneficiar exclusivamente a ese grupo han enfrentado una fuerte oposición pública debido a la gravedad de los delitos cometidos. La estrategia ahora parece distinta: en lugar de una medida específica, se propone una regla general basada únicamente en la edad, lo que podría terminar beneficiando a muchos más condenados que el grupo originalmente considerado. EL EFECTO REAL DE LA NORMA Aquí es donde importan los números.
A la cola de una docena de privilegiados puntuales que cumplen condena en Punta Peuco, podrían beneficiarse muchos otros internos mayores de 70 años. Pero junto a ellos también podrían beneficiarse condenados por delitos violentos, entre ellos homicidios, violaciones, abusos sexuales, tráfico de drogas, pedofilia, secuestros y sicariato, que podrían acceder a beneficios penitenciarios bajo esta lógica automática. Esto significa que una ley de liberación automática por edad no beneficiaría solo a los internos de Punta Peuco, sino a toda la población penal mayor de 70 años, ampliando el riesgo para la seguridad pública.
UNA IDIOTEZ SIN TRASFONDO REAL El sistema penal chileno ya contempla mecanismos humanitarios: libertades condicionales, evaluaciones médicas, beneficios intrapenitenciarios y medidas excepcionales en casos graves de salud, lo que se resuelve caso a caso. El proyecto de ley en discusión plantea algo distinto: convertir una excepción en una regla automática. Y cuando las leyes se diseñan desde la excepción, los efectos rara vez quedan contenidos en el caso que motivó la norma.
Las leyes penales deben pensarse para el sistema completo, no para resolver situaciones políticas incómodas. Es necesario tener claro que el país no está dispuesto a introducir una regla general de excarcelación basada únicamente en la edad. Se debe hablar con claridad: hipocresía.
Hipocresía e inconsecuencia de quienes exigen leyes más duras contra la delincuencia, pero cuando el debate toca a los propios, aparece otra vara para medir la justicia. Porque para muchos delincuentes violentos, violadores, asesinos y pedófilos, esos abuelos no son los suyos, sino los de sus víctimas.