La deuda de la Alameda con Estación Central

La suspensión del financiamiento del tramo final del proyecto del Eje Alameda, que impide completar la conexión hacia Estación Central, Lo Prado y Maipú, afecta precisamente al sector donde esta obra es más necesaria. No se trata solo de una infraestructura inconclusa, sino de una decisión que profundiza una desigualdad territorial persistente en el poniente de Santiago, especialmente en Estación Central, comuna que durante la última década absorbió una densificación acelerada producto de la desregulación urbana, sin que la infraestructura urbana creciera al mismo ritmo. Aunque el nuevo Plan Regulador Comunal aprobado el julio del 2025 buscó corregir esa dinámica, sus efectos acumulados exigen también medidas concretas de remediación urbana.

Uno de esos efectos es especialmente claro. Entre 2012 y 2021 se aprobaron en Estación Central más de 35 mil viviendas con recepción final, mientras que la cantidad de estacionamientos construidos fue inferior a un tercio del total. El resultado ha sido una presión creciente sobre el espacio público: más estacionamiento irregular sobre veredas y calzadas, deterioro del entorno peatonal, mayor congestión barrial y una sobrecarga adicional sobre el transporte público.

La magnitud del problema se vuelve aún más evidente cerca de la Alameda. De acuerdo con los datos del último censo, la población residente en un radio de un kilómetro en torno al proyecto pasó de poco más de 300 mil personas en 2012 a cerca de 450 mil en 2024. En Estación Central, el área contigua al proyecto duplicó su población, pasando de alrededor de 58 mil habitantes a más de 120 mil.

Esta concentración no fue acompañada por una expansión equivalente de la infraestructura urbana, ni por una diversificación suficiente de las alternativas de viaje. Completar la ciclovía y sus obras de mejoramiento urbano también tiene un efecto directo sobre la asequibilidad de la movilidad. En territorios donde el automóvil no constituye una opción generalizada, ya sea por costo, por escasez de estacionamientos o por congestión, la bicicleta representa una alternativa concreta para viajes cotidianos.

Los contadores instalados en la Alameda han registrado jornadas con más de siete mil ciclistas, lo que demuestra una demanda real por infraestructura segura y continua. Por eso, la discusión sobre esta ciclovía no puede reducirse a una controversia sobre trazados o prioridades presupuestarias. Aquí está en juego un criterio básico de justicia espacial.

El tramo suspendido atraviesa comunas que históricamente han recibido menos inversión estructurante en espacio público, pese a concentrar altos niveles de población, dependencia del transporte público y déficits urbanos acumulados. El poniente de Santiago requiere infraestructura que no solo acompañe el crecimiento, sino que también repare sus desequilibrios, como una acción urgente y justa a un problema urbano del cual aún no hay respuesta.