La desigual realidad en materia de gastos o despilfarros públicos por demandas laborales hacia los SLEP

Por Leonardo Guerrero Campos, Profesor de Filosofía “La esencia de la libertad política depende no de los fanáticos de la justicia, sino de los efectos vigorizantes y benéficos de los disidentes. Si la libertad se convierte en un privilegio, la esencia de la libertad política se habrá roto” – Rosa Luxemburgo. Como ciudadanos críticos de la “educación Chilena”, seguiremos el camino pavimentado por Rosa Luxemburgo y diremos que la libertad de la política pública educativa no es un privilegio de pocos, sino más bien la suma vigorizante y benéfica de los y las disidentes.

Es por eso que, frente a los emplazamientos en materia de probidad y responsabilidad en el diálogo sobre las instituciones públicas, y ya con el pinochetismo instalado en La Moneda por medio del mitómano y maléfico Presidente Kast 1 al mando del Estado de Chile, ampliaremos la reflexión en materia de gastos públicos sobre demandas laborales, incluyendo esta vez a todos los SLEP de Chile que están en régimen hasta hoy. Desde ahí responderemos a la pregunta: ¿Cuántos recursos económicos se perdieron por el concepto de demandas laborales en todos los SLEP de Chile desde su implementación hasta nuestros días? Es decir, buscaremos por una parte esclarecer los datos vía www.

transparencia. cl y así destacar a quienes sí hacen un buen trabajo en materia de trato y diálogo con sus obreros, trabajadores, técnicos y profesionales de la “des-educación pública”, de quienes no hacen más que defender, como malos empleadores, sus propios intereses, mediante los tribunales laborales de justicia, propendiendo a la instalación de malos ambientes laborales en las escuelas y liceos públicos. Esto último permea negativamente la laboriosidad pedagógica de quienes educan e incluso muchas veces, se menoscaba la integridad de quienes intentan educar al pueblo más vulnerable de nuestra desigual sociedad nacional.

Como le aconteció a la profesora fallecida en Calama: María Victoria Reyes, de 59 años, asesinada por uno de sus estudiantes. Las respuestas a las diferentes consultas realizadas con la misma pregunta, arrojaron datos tanto múltiples como paradójicos, que se pueden interpretar, por medio de evidencias concretas y sin prejuzgar a nadie. Los antecedentes entregados por cada uno de los SLEP presentes a lo largo y ancho de todo Chile vía transparencia e invocando la ley 20.

285 sobre el acceso a la información, nos permiten ver un dato que salta a la luz tan nítidamente como los diversos abusos internacionales del gobierno de Trump: en efecto, no existe criterio único para dar esta clase de respuesta. ¿Curioso no? Ahora bien, comenzaré el análisis de datos provenientes de las diversas realidades educativas que difieren taxativamente.

Diremos que las respuestas son tan diversas como los personajes de las novelas de Fiódor Mijáilovich Dostoyevski. Es imperativo y necesario entonces, nos diría Kant, ampliar nuestros horizonte reflexivo en un primer momento, pues interactuaremos con diversas “instituciones públicas” que “rigen” el sistema de educación pública de Chile y lo más curioso o paradójico del presente ejercicio de análisis ciudadano y social, es que cada respuesta fue adscrita según los requerimientos de la ley ya antes mencionada sobre el acceso a la información pública. Pero, cada respuesta fue diametralmente opuesta en algunos casos e incluso de muy mala forma.

El cuestionamiento queda escindido y de manifiesto en semejante escenario. Y la pregunta en cuestión es: ¿Por qué esa multiplicidad de interpretaciones ante una simple pregunta concreta? Los factores sin duda son múltiples: la ubicación, el estilo de administración, las diferentes interpretaciones de la ley e incluso el uso de recursos públicos invertidos en educación pública pura y dura o no.

Sin perjuicio de ello, iremos entonces por los datos: La consulta realizada fue la siguiente: Necesito saber cuántos recursos económicos se han perdido de las arcas fiscales en materia de demandas laborales, es decir, ¿cuántos recursos económicos se perdieron por el concepto de demandas laborales en el SLEP? El total de los SLEP consultados son 36. De estos se obtuvieron respuestas concretas de solo 26.

Y para hacer más nítida la información, graficaremos las pérdidas económicas de cada uno, de tal forma que salte a la vista quienes son los que más gastos generan al fisco, defendiendo su falta de idoneidad o simple omisión de la ley laboral; versus quienes no han generado gastos excesivos al fisco en materia de demanda laboral. Es importante reiterar que serán los datos quienes hablen y no los prejuicios de nadie. En efecto, veamos en el presente gráfico cuales son los SLEP que han perdido la mayor cantidad de recursos en materia de demanda laboral: En el gráfico aquí expuesto quedan en evidencia dos puntos.

El primero, que los SLEP con mayor cantidad de gasto en demandas laborales son, en primer lugar, el SLEP Huasco con $117. 244. 494 pesos de pérdida económica en demandas laborales; y en segundo lugar, el SLEP Gabriela Mistral con $88.

220. 528 pesos de pérdida en demandas laborales. En tercer lugar, y alejándose de los primeros dos grandes valores, el SLEP Los Libertadores con $34.

374. 500 pesos de gasto en demandas laborales; en cuarto lugar, el SLEP Costa Araucanía con $34. 298.

110 pesos de gasto, muy similar al SLEP Los Libertadores; y en quinto lugar, el SLEP Andalién Sur con $31. 151. 703 pesos de pérdidas económicas en demandas laborales.

Cierra el listado, en sexto lugar, el SLEP de Iquique con $20. 967. 735 pesos de pérdidas económicas en demandas laborales.

El segundo punto que evidencia el gráfico, es que el resto de los SLEP tiene un valor de $0 de gasto en demandas laborales, lo que significa que no han tenido conflictos legales en esta materia y por lo tanto, no han habido pérdidas económicas en dicho ámbito. A ellos nuestras felicitaciones pues hacen una gran labor, al menos por ahora. Si hacemos la suma de todas las pérdidas en materia de demandas laborales, el total de todas ellas, asciende a la suma de $326.

248. 070 de pesos que han sido mermados de las arcas fiscales por la incompetencia de quienes administran la educación pública de muy mala forma. Servicios sin información Aquí debemos hacer una salvedad, pues en el gráfico aparecen solo los SLEP que nos entregaron información.

Porque el SLEP Atacama y el SLEP Magallanes, nos enviaron a consultar a los tribunales laborales y se negaron a proporcionar información directa. En tanto, los SLEP Barrancas, Chinchorro, Colchagua, Llanquihue, Puerto Cordillera y Valparaíso no entienden la pregunta, por tanto, no dan respuesta a nuestro requerimiento. Por su parte, los SLEP Puelche y Del Pino acusan recibo de la pregunta y quedan de enviar información, pero jamás contestan y hasta la emisión de este artículo no dan respuesta a nuestro requerimiento.

¿Sospechoso por decir lo menos? , diría nuestro querido compañero Bombo Fica. Ahora bien y sin perjuicio de lo antes expuesto, también nos llegó al Ciudadano una información de parte de diversas fuentes al interior del SLEP de Huasco, que son quienes lideran precisamente el gráfico de abusos laborales hacia sus trabajadores y pérdidas económicas al fisco.

Y esa información nos evidenció y nos reveló taxativamente que dicho ente educativo gasta una cifra millonaria por prestaciones de servicios judiciales a “DAVIU ESTUDIO JURÍDICO SPA” que están ubicados en la ciudad de Copiapó. Y ello debido a su alta carga de trabajo en dicho ítem. O sea, aparte de generar los altos ingresos en pérdidas por demandas laborales adversas, además se incurre en gastos extras (boletas facturadas a las que tuvimos acceso, del año 2025, por un total de $21.

100. 000) para abogados externos al SLEP y así poder cumplir con los requerimientos judiciales a los que se enfrentan por su insensatez. ¿Acaso es una práctica común?

Es decir, teniendo un área jurídica el SLEP, ¿es necesario contratar servicios externos para resolver labores que son propias de dicho departamento? Es una duda válida y responsable, atendiendo que lo que está en juego ahí, son los recursos públicos de todas y todos los chilenos. ¿No sería mejor que esos recursos fueran destinados a mejorar la infraestructura o para contratar a profesores especialistas que sin duda hacen falta en la región de Atacama?

Así debería ser, pero el deber no es algo que se profese por esos aires nortinos. Es una verdadera lástima que el director ejecutivo de semejante servicio local de educación pública, promueva el uso de recursos estatales para enmendar sus errores en materia laboral y no para mejorar la educación de sus estudiantes. Es de esperar que María Paz Arzola, la actual ministra de educación del flojo Presidente Kast, quien cuenta con el título de ingeniera comercial de la PUC, logre hacer los números y de cuenta de la incompetencia de algunos directores ejecutivos.

Aunque pensándolo bien, quizá sigan en sus puestos para decir con argumentos esta vez, que la educación chilena vive en un constante estado de emergencia. Por única vez dirían la verdad. Leonardo Guerrero Campos 1 Véase “Historia contemporánea de Chile II : Autores, identidad y movimiento, de Gabriel Salazar y Julio Pinto, desde las Páginas 46 hasta la 52.

¿En qué sentido? En virtud de la insistencia de nuestro Estado y el mercado en la historia de nuestros liderazgos políticos. Quienes llegan al poder a punta de “promesas” de una vida mejor, pero -y como lo será en el caso de Kast-, son un castigo para la clase obrera y una mancha para la historia de los DDHH en Chile.

Debemos considerar que al asumir aquella clase dominante pinochetista, la ley 21. 040 corre el peligro de ser derogada y con eso comenzar el desmantelamiento de los SLEP a lo largo de un Chile indolente y sin memoria que verán como el “maléfico presidente Kast” reducirá un Estado que retóricamente llaman en crisis, cuando somos la economía más estable de Sudamérica. El por qué de ese doble discurso fascista es tan claro como la intervención de EEUU ante las políticas de Cuba y Venezuela, es decir, nos quieren vender un producto político que no es honesto y lo peor es que gran parte del país lo votó.

El 11 de marzo del 2026 asumió el gobierno más pinochetista y dictatorial desde la vuelta a nuestra desgastada democracia. Con un mes ya tenemos alzas y de seguro el estallido social está a la vuelta de la esquina.