La clase media al servicio del 1% más rico

“No hay plata”. La frase, que nació como un eslogan de campaña en la Argentina de Javier Milei, resuena hoy con un eco familiar en los pasillos de La Moneda. Tras apenas dos semanas de gestión, el gobierno del Presidente Kast ha instalado el mismo diagnóstico: una caja fiscal vacía y una “emergencia” que parece justificarlo todo.

No es coincidencia. Desde los foros de “paz” organizados por Donald Trump hasta las reuniones bilaterales en el Cono Sur, la receta de la ultraderecha global es idéntica: instalar una sensación de caos inminente —económico, migratorio y de seguridad— para aplicar una cirugía sin anestesia sobre los derechos sociales. En Chile, este libreto ya muestra sus primeras páginas.

Bajo el manto de la urgencia, la agenda del Ejecutivo se ha volcado hacia sus raíces más profundas: indultos que desafían la memoria, recortes a la gratuidad educativa, parálisis de decretos ambientales y un portazo a la diversidad sexual. Es el retorno de un modelo que combina el conservadurismo moral con un capitalismo depredador, donde el Estado retrocede justo cuando las familias más necesitan su protección. Sin embargo, detrás del ruido ideológico, hay una pregunta que miles de hogares se hacen en la sobremesa: ¿Quién va a pagar la cuenta de este ajuste?

La respuesta del Gobierno es, a lo menos, contradictoria. Mientras proponen rebajas impositivas para los sectores más acaudalados, anuncian el fin del fondo de estabilización de precios de los combustibles. Para un taxista, un feriante o una madre que traslada a sus hijos, esto no es una cifra macroeconómica; es un golpe directo al bolsillo.

La bencina subirá $370 pesos por litro en una sola semana y, en el caso del diésel, $570. Hablamos de un costo adicional aproximado de $70 mil pesos mensuales para quienes dependen de su vehículo, sin contar el efecto dominó que esto tendrá en el precio del pan y los alimentos básicos. Ante este escenario, la oposición no puede limitarse a la nostalgia.

Defender lo construido en los últimos 30 años de gobiernos progresistas es necesario, pero insuficiente. La ciudadanía, sometida hoy a un bombardeo comunicacional que golpea el gasto social y el humanismo, necesita algo más que resistencia. El imperativo actual es la unidad de propósitos.

Debemos transitar rápidamente hacia una coalición que no solo proteja el pasado, sino que le proponga a Chile una vía de bienestar real y esperanza. Las mayorías políticas no se consolidan desde el miedo al retroceso, sino desde la convicción de que el mañana puede ser más justo. Es momento de que la democracia recupere su sentido humano.