La ciencia no cabe en una calculadora, ni el futuro en una planilla

Hace un año advertimos que el ataque a la ciencia y a la universidad pública en Argentina no debía mirarse como un hecho lejano, porque lo que allí se presentó bajo el lenguaje del ajuste fiscal, la eficiencia del gasto y la crítica a una supuesta agenda ideológica terminó debilitando instituciones, presupuestos, trayectorias científicas y comunidades académicas construidas durante décadas. Hoy, cuando en Chile el presidente José Antonio Kast cuestiona el financiamiento público de la investigación señalando que algunos estudios pueden terminar en “un lindo libro”, pero sin generar empleo, esa advertencia vuelve a cobrar sentido, no porque el escenario sea idéntico, sino porque el argumento tiene aire de familia. Primero se instala la sospecha sobre la ciencia, luego se reduce su valor al retorno económico inmediato y, finalmente, se vuelve más fácil justificar su desfinanciamiento.

La pregunta por el impacto de la investigación es legítima, y las universidades debemos responder con seriedad y mayor vinculación con las necesidades del país. Sin embargo, reducir el valor de la ciencia a la cantidad de empleos que genera en el corto plazo desconoce cómo se construye realmente el desarrollo. Muchas de las transformaciones que hoy sostienen la economía, la salud, la industria, la tecnología y las políticas públicas comenzaron como preguntas de investigación, experimentos, tesis, artículos y conocimiento acumulado durante años; sin esa base científica, no existirían industrias completas ni empleos de alta complejidad.

Chile, además, no habla desde la abundancia. Nuestro país invierte cerca del 0,4% del PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio de la OCDE, y se ubica como el segundo país de esa organización que menos recursos destina a ciencia. Sin embargo, a pesar de esa fragilidad estructural, ha logrado construir un sistema científico reconocido internacionalmente, con una producción que, según mediciones como Nature Index, sitúa a Chile en el segundo lugar de Latinoamérica en investigación de alto impacto, solo después de Brasil y por sobre países de mayor tamaño poblacional y económico, como México, Argentina y Colombia.

Ese resultado no es casual, expresa el trabajo persistente de universidades, centros de investigación, investigadoras e investigadores que, muchas veces con recursos limitados, han sostenido comunidades científicas de excelencia y han logrado proyectar conocimiento chileno hacia debates, problemas y desafíos globales. Los ejemplos son claros. Chile contribuye a la astronomía mundial mediante infraestructura científica de frontera instalada en su territorio, desarrolla investigación antártica, oceánica, minera, ambiental y biomédica de alto nivel, y ha producido conocimiento relevante para enfrentar pandemias, crisis climáticas, problemas educacionales y riesgos socionaturales.

Más recientemente, a propósito de la crisis sanitaria vinculada al hantavirus en un crucero, investigaciones chilenas lideradas por especialistas como los doctores Pablo Vial y Alejandro Rojas volvieron a mostrar que el conocimiento producido en el país puede transformarse en referencia internacional, precisamente porque ese tipo de capacidades no surge de la improvisación ni de la lógica del resultado inmediato, sino de años de investigación persistente, muchas veces silenciosa, antes de que la emergencia llegue a los titulares. Por eso preocupa que se instale una mirada que presenta a la ciencia como gasto prescindible, o como una actividad que solo vale si demuestra rentabilidad inmediata. Esa lógica, que ya hemos visto en la región, debilita presupuestos, relativiza el rol de la academia y presenta el conocimiento público como una carga ideológica.

Chile no debiera avanzar en esa dirección, porque la ciencia no compite con el empleo, sino que lo hace posible, formando talento avanzado, mejorando decisiones públicas, desarrollando tecnologías, fortaleciendo la salud, comprendiendo los territorios y diversificando la economía. El país necesita discutir cómo mejorar la pertinencia, la evaluación y el impacto de la investigación financiada con recursos públicos, y las universidades debemos asumir esa conversación con responsabilidad. Pero no todo impacto cabe en una planilla de corto plazo.

Debilitar la ciencia es debilitar la autonomía, la democracia y las posibilidades de desarrollo del país. Invertir en ciencia no es financiar una actividad secundaria, es construir una infraestructura pública de conocimiento para anticipar riesgos, crear soluciones y proyectar a Chile en el mundo.