La cancha no es pareja, o el gran cuento del esfuerzo individual

El diputado Diego Schalper (RN) lo dijo sin rodeos en una entrevista publicada este fin de semana. La derecha defiende que las familias salgan adelante por sus propios esfuerzos, sin depender del Estado. Lo dijo como si fuera una virtud, casi como un elogio.

Y en el fondo revela algo más profundo que una declaración política: una forma de entender la sociedad en la que el origen importa menos que la voluntad, y en la que el Estado aparece más como obstáculo que como condición. El problema no es la intención de Schalper, estoy seguro de que lo cree de verdad. El problema es que habla desde un lugar donde ese ideal ya es posible.

La independencia del Estado es un lujo que se financia con educación privada, redes familiares, acceso a crédito y tiempo libre para emprender. No es una capacidad que el mercado distribuye de forma pareja. Es, antes que nada, una consecuencia de haber nacido en el lado correcto de la desigualdad chilena.

Cuando Schalper dice que la derecha quiere que las familias sean «arquitectas de su propia vida», suena bien. Pero esa arquitectura requiere un piso desde donde partir. Requiere que los niños lleguen al colegio habiendo desayunado, que haya un consultorio funcionando en el barrio, que la madre pueda trabajar porque existe una sala cuna.

Sin ese piso, la metáfora se cae sola. Y cuando falta, la respuesta histórica de la derecha no ha sido garantizar derechos sino apelar a la caridad. A la voluntad del patrón, a la mano tendida desde arriba, a la beneficencia como sustituto de la política social.

Una lógica del siglo XIX que confunde dignidad con lástima y derechos con favores. Lo que cambió es el lenguaje, no la lógica. Y es precisamente ese piso el que este gobierno está revisando.

El mismo Schalper lo reconoce en la entrevista, aunque con otro nombre. No habla de recortes, sino de «indagación profunda del mal uso de beneficios». Así se llama ahora.

Pero lo que el oficio del Ministerio de Hacienda proponía era bastante más concreto. Tocar el Programa de Alimentación Escolar, la hospitalización domiciliaria, programas de educación pública, reducir el presupuesto en reinserción social juvenil y eliminar franquicias del SENCE, entre otras medidas de gran impacto social. Eso no es combatir el fraude.

Eso es achicar el piso desde el que millones de familias intentan salir adelante. Detrás de todo esto hay una teoría que la derecha lleva décadas defendiendo y que los datos llevan décadas desmintiendo. La idea de que si a los más ricos les va mejor, ese bienestar termina llegando al resto.

El famoso chorreo. No es una ocurrencia local ni una novedad. Reagan y Thatcher la aplicaron con entusiasmo en los años 80, prometiendo crecimiento y prosperidad generalizada.

Lo que siguió fue una década de aumento sostenido de la desigualdad en Estados Unidos y Reino Unido. Más cerca en el tiempo, la Argentina de Macri intentó el mismo camino entre 2015 y 2019, con rebajas tributarias al sector empresarial y promesas de inversión. El resultado fue recesión y aumento de la pobreza.

Esta reforma no es la excepción a esa historia. La rebaja al impuesto corporativo, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, la exención de contribuciones para los grandes patrimonios, todo apunta en la misma dirección. Y esa dirección no es la clase media ni los sectores más vulnerables.

Lo más revelador de la entrevista no es lo que Schalper dice sobre el Estado. Es lo que dice sobre el empleo. Ante la pregunta de si la reforma garantiza la creación de puestos de trabajo, el propio ministro Quiroz ya había reconocido que no hay ninguna garantía.

Y sin embargo ahí está el proyecto, presentado como motor de reactivación, con una rebaja tributaria que beneficia principalmente al 1% más rico y un régimen de invariabilidad que amarra a Chile por 25 años. Con ese mismo dinero se podría haber financiado cinco veces el proyecto de Sala Cuna Universal, que sí tenía acuerdo transversal y sí habría generado empleo femenino concreto. Optaron por otra cosa.

Y las consecuencias no son abstractas. La exención de contribuciones para los grandes patrimonios afecta directamente el Fondo Común Municipal, del que dependen más del 90% de los municipios del país. Hoy hay alcaldes que no saben si van a poder recoger la basura, mantener las luminarias o sostener los programas de apoyo social de sus comunas.

Eso es lo que significa achicar el Estado en la práctica. No es una discusión filosófica sobre la libertad individual. Es si el camión de la basura va a pasar o no.

Que las familias salgan adelante por esfuerzo propio es un objetivo legítimo. Nadie en la izquierda defiende la dependencia como un fin en sí mismo. Lo que defendemos es que el esfuerzo valga, que tenga las mismas posibilidades reales independiente del lugar donde uno nació.

Que una persona que trabaja duro en Chañaral pueda aspirar a lo mismo que alguien que trabaja duro en Las Condes. Hoy eso no ocurre. Y mientras el debate público se concentre en cuánto achicar el Estado en vez de cómo hacerlo más eficaz y más justo, seguirá sin ocurrir.

El Estado no reemplaza el esfuerzo. Lo hace posible. Gobernar exige entender esa relación y hacerse cargo de ella, no solo sostener una agenda ideológica y esperar que el mercado resuelva lo que el mercado nunca ha resuelto solo.

Lo que este gobierno está haciendo, con el aplomo ideológico y las vocerías que ya le conocemos, es retirar las condiciones que permiten que ese esfuerzo tenga sentido. Después le dicen a la gente que se las arregle sola. Eso no habla bien de una forma de gobernar.

Habla, eso sí, con mucha claridad de para quiénes se gobierna.