La arista patrimonial de Ley Miscelánea: gabinete tendría beneficio potencial de $292 mil millones

Un estudio elaborado Nodo XXI pone el foco en una dimensión poco discutida de la Ley Miscelánea: el efecto patrimonial que varias de sus medidas podrían tener sobre las propias autoridades que hoy integran el Gobierno. El documento analiza 63 autoridades —el Presidente, 24 ministros y 34 subsecretarios— y examina el impacto de cuatro medidas: rebaja del impuesto corporativo, reintegración del sistema tributario, tasa rebajada para repatriación de capitales y exención de contribuciones. El informe, elaborado por Juan Andrés Mena define su ejercicio como una “simulación de cuánto razonablemente se puede esperar que se beneficien ante escenarios plausibles y conservadores”.

El punto de partida del estudio es el volumen patrimonial de esas autoridades. La minuta calcula que el patrimonio total del grupo asciende a M$1. 148.

294. 633, equivalente a 1,33% del Presupuesto del Sector Público 2026, fijado en M$86. 256.

836. 000. Además, compara esa riqueza con los tramos altos de patrimonio en Chile: sostiene que 7 autoridades, incluido el Presidente José Antonio Kast, están por sobre la riqueza promedio del 1% más rico; que 5 autoridades superan el promedio del 0,1%; y que los ministros Fernando Barros y Daniel Mas se ubicarían dentro del 0,01%, es decir, entre las 1.

840 personas más ricas del país. En la cima de ese ranking, el estudio ubica al ministro de Defensa, Fernando Barros, con un patrimonio de $679. 036.

656. 000; al ministro Daniel Mas, con $264. 653.

988. 000; al canciller Francisco Pérez Mackenna, con $56. 608.

016. 000; a la ministra Ximena Lincolao, con $51. 828.

849. 000; y al subsecretario Nicolás Balmaceda, con $34. 481.

407. 000. Más abajo, pero igualmente sobre los mil millones, figuran José Ignacio Vial ($12.

605. 730. 000), José Antonio Kast ($5.

091. 912. 000), Martín Arrau ($5.

034. 319. 000), Mara Sedini ($4.

121. 224. 000), María Elisa Cabezón ($3.

590. 563. 000), Claudio Alvarado ($2.

378. 731. 000), Jorge Quiroz ($2.

220. 802. 000) e Iván Poduje ($2.

020. 416. 000).

La minuta añade que “las 20 autoridades de mayores patrimonios todas tienen activos sobre los mil millones de pesos” y que Barros “más que duplica a las siguientes 19 autoridades combinadas”. La comparación entre patrimonio personal y tamaño de las carteras también es uno de los ejes del documento. Según la tabla incluida en la minuta, el patrimonio de Barros equivale al 30,3% del presupuesto de Defensa; el de Pérez Mackenna al 52,5% del de Relaciones Exteriores; el de Balmaceda al 100,3% del de su subsecretaría; el de Vial al 40,5%; el de Kast al 21,6% del presupuesto de Presidencia; el de Sedini al 10% del de Segegob; y el de Cabezón al 41% del de su subsecretaría.

En el caso de Daniel Mas, el documento consigna una relación de 16,3% respecto del presupuesto de Economía y de 483,1% respecto del de Minería. Sobre esa base patrimonial, la minuta estima un “beneficio anual potencial agregado” de M$292. 515.

734 para las 63 autoridades, si se aprobaran las cuatro medidas analizadas. El estudio subraya la magnitud de esa cifra con varias equivalencias: la asimila a 0,081% del PIB nominal estimado para 2026; a 11,24% de la meta de reducción del gasto público del 3% anunciada por el Gobierno, calculada en M$2. 602.

868. 682; a 1,73 hospitales de Coronel; a 2,55 veces el costo para terminar la Etapa 2 del GAM; a 35,67 veces el costo de la tercera etapa de la ciclovía Nueva Alameda; a 6,6 teletones; y a 19,5 comisarías, valoradas en $15. 000 millones cada una.

El más favorecido El desglose por concepto es todavía más revelador. De los $292. 515 millones estimados, apenas $59,7 millones corresponderían a ahorro en contribuciones, $608,8 millones a menor impuesto de Primera Categoría y $1.

377,9 millones a mayor crédito contra Global Complementario. El grueso del efecto, en cambio, se concentra casi por completo en un solo componente: el “ahorro en repatriación”, que la minuta calcula en $290. 469.

245. 000. El propio estudio concluye que “el concepto por el cuál potencialmente mayores beneficios personales podrían obtener las autoridades del nuevo gobierno es la tasa rebajada a la repatriación”.

Ahí aparece el nombre más favorecido del estudio: Fernando Barros. La minuta sostiene que “solamente el ministro Barros, potencialmente podría repatriar sus capitales en el extranjero trayéndole esto un ahorro personal de $209. 994.

189. 490 por una única vez”. En la tabla de beneficios agregados por autoridad, Barros aparece con un beneficio potencial total de $210.

272. 881. 481.

Muy por detrás figuran Daniel Mas con $33. 495. 968.

897; Ximena Lincolao con $16. 958. 323.

830; Francisco Pérez Mackenna con $16. 706. 530.

165; Nicolás Balmaceda con $10. 818. 881.

182; y José Ignacio Vial con $4. 033. 701.

117. El estudio también identifica beneficios menores, pero persistentes, por otras vías. En el caso de Daniel Mas, la minuta señala que la reintegración y la rebaja del impuesto corporativo podrían reportarle “$1.

005. 733. 050 y $498.

528. 022 al año respectivamente”. Para Francisco Pérez Mackenna, el documento calcula que la sola exención de contribuciones en la primera vivienda implicaría un ahorro anual de $21.

471. 691. Para el Presidente José Antonio Kast, el beneficio potencial estimado asciende a $43.

119. 439; para Martín Arrau, a $37. 219.

397; para María Elisa Cabezón, a $29. 563. 176; para Paula Estévez, a $16.

663. 831; para Claudio Alvarado, a $11. 862.

951; para Jorge Quiroz, a $11. 443. 856; para Mara Sedini, a $8.

433. 180; y para Iván Poduje, a $7. 481.

955. Beneficios vs poda presupuestaria Uno de los apartados más políticamente sensibles es el que compara esos beneficios con la poda presupuestaria que el propio Gobierno ha exigido a las carteras. El informe sostiene que “las 6 mayores riquezas dentro del gabinete del nuevo gobierno coinciden con las que mayores beneficios potencialmente podrían reportarles las 4 medidas estudiadas” y agrega que “la magnitud de los beneficios… supera con creces la meta de reducción del 3% de sus respectivas carteras”.

Los ejemplos que entrega son elocuentes: en Defensa, el recorte de 3% sería de $67. 248. 736.

000, mientras el beneficio potencial de Barros llegaría a $210. 272. 881.

000, es decir 312,7% de esa meta; en Minería, el ajuste sería de $1. 643. 467.

000, frente a un beneficio de Mas por $33. 495. 969.

000, equivalente a 2. 038,1%; en Relaciones Exteriores, $3. 233.

733. 000 versus $16. 958.

324. 000 (524,4%); en Subsecretaría de Obras Públicas, $1. 031.

771. 000 versus $10. 818.

881. 000 (1. 048,6%); y en Subsecretaría de Medio Ambiente, $934.

805. 000 versus $4. 033.

701. 000 (431,5%). La metodología, de todos modos, es central para entender el alcance real del documento.

El documento advierte que no se trata de una estimación de beneficio efectivo, sino de una simulación “plausible y conservadora”, construida sobre las declaraciones de patrimonio e intereses. Para la rebaja del impuesto corporativo, asume una rentabilidad anual promedio de 10% sobre el valor libro de acciones o derechos societarios. Justifica ese supuesto en la rentabilidad histórica del IPSA, que, según el texto, fue de 10,04% anual compuesto entre 2016 y 2026 y de 16,3% en el subperíodo 2021-2026.

También supone un margen de operación de 10% y usa el umbral de 75. 000 UF —a $39. 934,33 por UF al 17 de abril de 2026— para distinguir entre régimen general y Pyme.

En materia de repatriación, el documento modela el beneficio suponiendo que los capitales declarados en el extranjero se liquidan y vuelven a Chile pagando una tasa especial de 7%, en lugar del Global Complementario que correspondería normalmente. Esa franquicia, según el documento, aplicaría a quienes repatríen dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley y mantengan invertidos los recursos en Chile por al menos 8 años. Para contribuciones, el cálculo se limita a autoridades que al término del gobierno tendrán 65 años o más, usando una tasa conservadora de 1% sobre el inmueble de mayor avalúo declarado como referencia para la vivienda principal.

Lea el estudio completo en el siguiente link.