Kast revive la pesadilla del CAE: Gobierno sale a cobrar a 550 mil morosos

Tal y como había anunciado, José Antonio Kast emprendió acciones que afectarán directamente a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la Tesorería General de la República (TGR) anunció que durante la jornada del lunes 6 de abril comenzó el proceso de cobro judicial y administrativo a más de 550 mil personas que se encuentran morosas. Cabe recordar que durante una visita a la Región del Biobío, el mandatario de ultraderecha anunció el pasado 14 de marzo su “Plan de Reconstrucción Nacional”, un paquete de más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes principales, con el objetivo de responder a los daños causados por los incendios forestales en la zona centro-sur, pero que generó una lluvia de críticas al tocar beneficios sociales. Dicho plan incluye la aplicación de nuevos mecanismos para el cobro del CAE— préstamo estudiantil pactado por miles de alumnos para ingresar a la universidad que se obtiene a través de la banca privada con aval de Estado— .

Kast señaló que su propósito es fortalecer la persecución financiera a los morosos, bajo la supuesta necesidad de contener el gasto público y garantizar la sostenibilidad financiera del país. «Es una reconstrucción económica, porque necesitamos más recursos», afirmó en esa ocasión. Según indicó la Tesorería a través de un comunicado publicado en su página web, la deuda asciende a los $4 billones en 2025, “multiplicándose en ocho respecto de 2018”.

Asimismo, informó que en la actualidad hay más de 550 mil personas que son deudoras del CAE y que «en estos casos, el Estado actúa como aval», ya que en el momento en el «un beneficiario deja de pagar, el Fisco cumple con la obligación frente al banco y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos». Según la institución, el plan de cobro está segmentado de acuerdo al nivel de ingresos de los deudores, por lo que marcarán diferencias entre “quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará hacia acciones judiciales”. Por tal motivo, llamó a los mororos a «ponerse al día, ya sea pagando su deuda o suscribiendo convenios, especialmente en los casos que cumplen los requisitos».

Cobro con acciones judiciales, sin acceso a convenios de pago La TGR anunció que a partir del 6 de abril se dio inicio al proceso de cobro con acciones judiciales extra y sin acceso a convenios de pago para aquellos deudores cuyos ingresos mensuales superan los 5 millones de pesos. “Se comienzan a implementar medidas orientadas a promover la regularización de estas deudas, considerando el inicio de juicios ejecutivos según corresponda a la situación de cada deudor”, planteó en el comunicado. Asimismo, dejó en claro que estas dichas acciones pueden incluir el embargo o la retención de bienes de los deudores, entre los que figuran fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, «siempre conforme al marco legal vigente».

¿Quiénes podrán aplicar a los convenios de pago? La Tesorería indicó que los convenios de pago están dirigidos exclusivamente a aquellos deudores cuyos ingresos mensuales sean inferiores a $5. 000.

000 brutos, de acuerdo con la última Operación Renta (2025), y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM, que actualmente se ubica en $69. 889. Señaló que habilitó la plataforma tgr.

cl/cae, en la cual se pueden realizar trámites y consultas utilizando Clave Única o Clave Tributaria. Morosos en el extranjero En el caso de aquellos morosos que residen en el extranjero y no registran cotizaciones previsionales en Chile, tienen la posibilidad gestionar su convenio de pago de forma remota, siempre y cuando presenten la documentación requerida que acredite dicha situación. La persecución financiera a deudores del CAE junto con la decisión de limitar la gratuidad universitaria exclusivamente a estudiantes menores de 30 años han sido medidas que le han validos serias críticas al gobierno de Kast por ser consideradas como acciones que recortan beneficios y suponen un portonazo a la movilidad bajo el argumento de promover el orden fiscal.