Justicia educacional y el costo humano del sistema educativo chileno

El reciente asesinato de una inspectora en un establecimiento educacional de Calama, perpetrado por un estudiante, ha vuelto a suscitar la discusión sobre la convivencia escolar, la violencia y la seguridad en las escuelas. Sin embargo, hay un aspecto de esta conversación que suele quedar fuera y resulta urgente abordar: la manera en que, como sociedad, hemos entendido el trabajo educativo. Con frecuencia se habla de la vocación docente, del espíritu de servicio, de la entrega y del compromiso casi ilimitado que deben tener los profesores, profesoras y asistentes de la educación.

Se apela a su capacidad de contener, orientar, escuchar, formar, motivar, enseñar y, muchas veces, también de suplir lo que otras instituciones no logran garantizar. Se espera que hagan todo eso, incluso en condiciones de sobrecarga, desgaste emocional, falta de apoyo especializado y, como hemos visto dramáticamente, en contextos de creciente violencia. El problema no es valorar la vocación.

El problema surge cuando un sistema completo descansa en ella para funcionar. Durante décadas, el sistema educativo chileno se ha organizado bajo una lógica de competencia: entre escuelas, por resultados, por matrícula y por desempeño. En este modelo, lo que se ha fortalecido son los mecanismos de presión, evaluación y rendición de cuentas, pero no necesariamente las condiciones de bienestar, cuidado y apoyo para quienes trabajan en las escuelas.

Así, se ha instalado una idea peligrosa: que la educación funciona gracias al sacrificio personal de quienes trabajan en ella. Si los profesores, profesoras y los equipos educativos tienen suficiente vocación, el sistema puede seguir operando incluso en condiciones muy adversas. Pero ningún sistema puede sostenerse indefinidamente sobre el desgaste de las personas.

Cuidar a quienes educan no puede seguir siendo solo una declaración. Debe traducirse en condiciones reales: equipos de apoyo suficientes, protocolos claros, formación y acompañamiento para enfrentar situaciones complejas, políticas de convivencia con recursos efectivos y, sobre todo, una comprensión distinta del sistema educativo, no como un espacio de competencia permanente, sino como una comunidad que se construye desde el cuidado, la colaboración y el respeto. La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿qué tipo de sistema hemos construido en el que quienes trabajan en las escuelas hoy deben poner en riesgo su salud mental, su bienestar y, en casos extremos, incluso su vida para que la educación funcione?

Responder esta pregunta exige dejar de mirar la violencia escolar como un problema aislado o como el resultado de conductas individuales, y comenzar a entenderla como un síntoma de un sistema que ha descuidado sistemáticamente las condiciones humanas en las que se realiza la educación. Durante años, la discusión educativa en Chile se ha centrado en estándares, resultados, cobertura curricular e indicadores de desempeño. Sabemos mucho sobre cómo medir la educación, pero todavía sabemos muy poco sobre cómo cuidarla.

Hablar de justicia educacional, por tanto, no puede limitarse a las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. La justicia educacional también implica hacerse cargo de las condiciones en las que trabajan quienes sostienen la educación todos los días. Implica reconocer la deuda histórica que el país tiene con las pedagogías: una deuda de reconocimiento, de condiciones laborales, de salarios dignos y acordes con la responsabilidad social que cumplen, y de protección efectiva para el ejercicio de su trabajo.

Porque un sistema educativo que se sostiene en el sacrificio permanente de quienes educan no es justo: es un sistema que funciona trasladando sus costos a las personas. Y cuando los sistemas trasladan sus costos a las personas, lo que aparece tarde o temprano es el desgaste, el abandono, la enfermedad y, en los casos más extremos, la tragedia. Si queremos mejorar la convivencia, el bienestar y la seguridad escolar, el debate debe centrarse en la responsabilidad colectiva, el cuidado institucional y la colaboración.

La educación deja de ser solo un derecho y pasa a ser una prioridad, ya que cuidar a quienes educan es esencial para su existencia como proyecto social.