Juicios a Resistencia Mapuche Lafkenche: ¿el ocaso de la organización más violenta del sur?

Varios juicios que se han realizado desde el año pasado a la fecha han dejado tras las rejas a una treintena de militantes de Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), la que a juicio de policías y fiscales llegó a ser la organización criminal más violenta del sur de Chile. El proceso más conocido fue el que terminó con los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuén Santi, miembros de la RML, condenados a cadena perpetua por el homicidio de tres carabineros asesinados a sangre fría al sur de Cañete, el 26 de abril de 2024. La semana antepasada comenzó en el Juzgado de Garantía de esa ciudad la audiencia de preparación de juicio oral del atentado contra el Molino Grollmus, donde hay 17 imputados adultos, mientras otros dos (menores de edad) enfrentarán un juicio por su cuenta.

En dicho ataque se encuentra imputado, entre otros sujetos, quien es sindicado como el líder máximo de la RML, Federico Astete Catrileo. Su pareja, Claudia Nahuelán, también estaba acusada en este caso y en otro delito (el ataque contra el campamento “Los Ríos”, de la forestal Arauco), pero finalmente la fiscalía desistió de la acusación por el molino y la llevó a un juicio abreviado, ante el Juzgado de Garantía de Lebu, en octubre del año pasado, en el cual fue condenada a cuatro años como autora del delito de asociación ilícita. El lunes, en tanto, terminó en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete el juicio en contra de dos miembros de RML, Carlos Palacio Navarro y Guillermo Carrera Zúñiga, quienes fueron condenados por el incendio de tres inmuebles y por robo con intimidación, debido a una seguidilla de ataques cometidos entre la noche del 7 al 8 de septiembre de 2020 en el sector Túneles de Lloncao (Cañete), los que culminaron con el asesinato de un disparo en contra del joven trabajadora Moisés Orellana (21), que compartía con unos amigos a bordo de su automóvil y que fue muerto a mansalva, sin oponer resistencia.

Sin embargo, ambos imputados fueron absueltos del homicidio. Lo mismo sucedió el año pasado con los imputados por otro asesinato ocurrido también en la Provincia de Arauco, Domingo Mariñán Millahual, quien fue acusado por la fiscalía como autor del crimen en contra de Patricio Trango Trango, más conocido como “El Rucio”, el cual fue muerto en 2023 en el sector de Huentelolén, luego de una noche de juerga en que ambos y otros sujetos, todos vinculados a la RML, terminaron bebiendo en la casa de Trango, cuyo cuerpo fue hallado sin vida a la mañana siguiente, por su madre. Pese a dicha absolución, Mariñán y casi todos los sujetos que estaban presentes la noche de los hechos están actualmente presos e imputados por el ataque en contra del molino Grollmus, en el cual también se piensa -aunque nunca se encontró la evidencia para imputarlos- que participaron los hermanos Antihuén, lo mismo que Patricio Trango, quien fue indagado por la fiscalía y la PDI en torno a ese hecho.

Empresarios Una de las características que ambas policías han detectado en la RML es que ha actuado muy cerca de empresarios madereros, a los cuales les prestaban cobertura armada para el robo de madera a escala industrial. Uno de ellos, Celso Fonseca, fue condenado en 2024 a 27 años por diversos delitos. La célula financiada por Fonseca contaba además con el concurso de dos suboficiales de Carabineros, uno en servicio activo (Darwin Carrillo) y otro en retiro (Luis Berna), los cuales están acusados en una causa aparte, en la cual se investiga tráfico de armas y la forma en que los expolicías avisaban a los miembros de la RML del despliegue de Carabineros en la Provincia de Arauco, a fin de permitir la ocurrencia de delitos.

Uno de los hechos más peculiares, explican fuentes policiales, fue el robo que miembros de la RML cometieron en contra de un servicentro de Curanilahue, el cual perpetraron luego de que uno de los uniformados que estaba al servicio del grupo criminal encerrara en la comisaría a todos los policías de turno (sin que estos se dieran cuenta) y los miembros de la banda pusieran un candado a la puerta principal del recinto policial. El asalto a la estación Copec significó un botín de cerca de 30 millones de pesos a los ladrones. También en un juicio abreviado fue condenado a cuatro años de pena efectiva otro empresario de la madera, Javier Ramírez, más conocido como “El Coipo”, quien es considerado como uno de los creadores de la RML.

Además, el sujeto enfrenta además un juicio por delitos tributarios, en Concepción. Como se estableció en el proceso por el crimen de Patricio Trango, todos los partícipes de la borrachera de esa noche habían partido bebiendo en un aserradero de propiedad de “El Coipo”. El 14 de mayo, en tanto, Federico Astete, su hermano Camilo y un tercer sujeto, Elías Cona, serán objeto de otra audiencia de apertura de juicio oral, esta vez por el atentado en contra del predio “Los Ríos”, ubicado en la comuna de Los Alamos, donde el 02 de febrero de 2022 unos 20 encapuchados vestidos con cascos y chalecos antibalas, que se movilizaban en tres vehículos previamente robados y portaban varias armas, incluyendo al menos un fusil, atacaron al campamento forestal que se ubicaba allí, golpeando a los trabajadores (a uno de los cuales dispararon en una pierna) y quemando un total de 14 vehículos, entre camiones, maquinaria forestal y camionetas.

Ese ataque fue semejante al realizado el 29 de agosto de ese mismo año en contra de la casona y el molino Grollmus, en la comuna de Contulmo, donde una veintena de sujetos irrumpió el mismo modo -a plena luz del día- premunidos de pistolas, escopetas, un fusil y una subametralladora UZI. Vestidos como paramilitares, se comunicaban por radio. Una vez bloqueados los accesos al sector atacaron a tiros la casona donde estaba Helmuth Grollmus, de 85 años, junto a su hijo Cristian, quienes emplearon dos escopetas y una pistola en defensa propia, salvando con vida casi por milagro, pues los atacantes dispararon más de 400 veces contra la vivienda, a juzgar por la evidencia balística.

Además, quemaron el molino y varios vehículos, además de atacar a Carlos Grollmus Thiele (de 79 años), quien estaba en una casa aledaña y al cual le dispararon a quemarropa en una de sus rodillas con una escopeta, lo que obligó, posteriormente, a amputarle la pierna. Otra víctima fue Cristian Cid, a quien le dispararon con una escopeta en su cara, producto de lo cual perdió el ojo derecho. La organización Según describe la sentencia en contra de Nahuelán, la RML se organizó hacia 2019 en las comunas de Cañete, Arauco, Los Álamos y Curanilahue, comandada por Federico Astete y Javier Ramírez, entre otros, con el fin de reivindicar la causa mapuche y exigir la liberación de presos de dicha etnia, robando a su vez madera desde predios de forestales como Arauco, todo lo cual era financiado -dice el fallo- por Ramírez.

El grupo se hizo conocido a nivel nacional en abril de 2020, al hacer estallar un coche bomba sobre el puente Lleu Lleu y difundir por redes sociales numerosas fotos que los mostraban exhibieron una gran cantidad de armas de fuego, en forma muy semejante a cómo actuaba la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) o su grupo rival, Weichan Auka Mapu (WAM). Sin embargo, y como quedó en evidencia con el crimen de los Carabineros, RML tomó una deriva derechamente delictiva, dejando la política en sordina e ingresando no solo en el negocio de la madera, sino en varias economías criminales que hasta hace algunos años eran bastante escasas en la Provincia de Arauco: el robo de autos y camionetas, los asaltos a mano armada, así como la venta de drogas. Uno de los hechos más violentos relacionados a ese mundo fue el homicidio (en 2020) de dos jóvenes en Tirúa, uno de ellos tiroteado y quemado vivo, mientras que la otra (una niña de 16 años) fue asesinada por la espalda cuando huía.

En este caso, los atacantes fueron ocho sujetos vestidos como paramilitares, pertenecientes a una de las facciones de la RML denominada “Los Huellanos”. Tres sujetos fueron condenados a cadena perpetua calificada y otros 20 años adicionales por estos crímenes. Las investigaciones Al respecto, la fiscal regional de Bío Bío, Marcela Cartagena, explica que a partir de todo el trabajo que se había realizado antes de 2022 en la persecución de este tipo de delitos, ese año se creó una coordinación macrozonal integrante por las fiscalías del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, así como con la PDI y Carabineros, a fin de abordar la problemática.

En ese sentido, dice que las claves que permitieron llevar a juicio todos los casos anteriores y otros más fueron, entre otros, que “nos dejamos de mirar como región y nos empezamos a mirar como zona, pues cuando estos delincuentes cometen estos delitos no ven las fronteras regionales y nosotros, al ver las fronteras regionales, estábamos cometiendo un error”. A ello, suma un fuerte trabajo de análisis criminal y también una serie de técnicas de investigación que fueron recopilándose en el camino. Sobre si el estado de excepción -ya permanente- que se vive en la Provincia de Arauco, que cuenta con presencia militar de parte de la Armada, explica que “como organismo técnico que somos” siempre se han mantenido al margen respecto de las decisiones políticas pero, teniendo eso presente, indica que “la Armada apoya a las policías y desde ese punto de vista fortalece el aparato policial, el poder punitivo del Estado en definitiva”.

Cartagena se excusa de opinar respecto de si todos los procesos terminados y en marcha sepultarán definitivamente a la RML, pero el experto en crimen organizado Pablo Zeballos verbaliza lo que muchos investigadores piensan, pues señala que los juicios “no bastan, y pensar de otro modo puede convertirse en una forma de no entender bien el fenómeno”. A ese respecto, detalla que “la cárcel puede golpear a una organización, desarticular liderazgos, interrumpir operaciones, generar incertidumbre, pero en determinadas organizaciones rara vez logra desactivar el sistema que la sostiene, sobretodo cuando no tienen solo una lógica de estructura jerárquica, sino que más bien, como en este caso, son entramados que combinan economías ilícitas, redes de protección, vínculos con actores aparentemente legales y una capacidad de adaptación muy alta, por el aprendizaje que obtuvieron de parte de otras organizaciones que surgieron antes”. De todos modo, agrega que “que el Estado logre encarcelar a una parte relevante de sus miembros es un éxito investigativo y probatorio, sin duda, y eso efectivamente produce un impacto, pero ese impacto es, muchas veces, táctico, pues si las condiciones que permitieron el surgimiento de esa organización siguen intactas, en especial un control territorial débil, economías ilegales rentables como el robo de madera, corrupción o colaboración de actores formales, e incluso legitimidad local en ciertos contextos, potencialmente podría no significar el fin del fenómeno, sino su reconfiguración”.

Para finalizar, precisa que “si no se interviene el ecosistema que hace posible la existencia de organizaciones de este tipo, lo más probable es que esa organización, o una nueva versión de ella, vuelva a aparecer con otro nombre, con otros rostros, pero con la misma lógica“.