Juez que dejó preso a exfiscal: “Guerra condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI”

Durante varios años, la abogada María Inés Horvitz mantuvo un riguroso silencio sobre muchas de las cosas que vio al interior del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al cual renunció en septiembre de 2023, donde se desempeñó por 33 años. Recién en diciembre de ese año explicó las razones para dejar ese trabajo, en una extensa entrevista con Ciperchile, en la cual habló sobre la resistencia del CDE a querellarse en el caso convenios y varios otros temas, entre ellos lo ocurrido en el caso Penta, donde el entonces fiscal regional oriente, Manuel Guerra, recalificó los delitos, dejando fuera al CDE (que era querellante en el caso), abriendo de ese modo la posibilidad de que los dueños de empresas Penta y principales financistas de la UDI, Carlos Lavín y Carlos Délano, fueran llevados a un juicio abreviado y no a un juicio oral. Como en un desahogo, dijo que “nos traicionó el exfiscal Manuel Guerra, quien nos había prometido reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral.

Nos hizo a un lado de manera descarada y nunca nos dio una explicación e hizo algo que es ilegal”, explicando que Guerra suprimió hechos de la acusación. Todo eso, aseveró, “fue hecho maliciosamente”, y que “años después supimos que Guerra también estuvo detrás de los sobreseimientos en la causa de la Minera Dominga, el proyecto que la familia Piñera vendió en tres cuotas a los Penta en las islas Vírgenes”. Hoy, luego de que Guerra fuera declarado un peligro para la sociedad por el juez Guillermo Rodríguez, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y enviado a cumplir prisión preventiva al anexo Capitán Yáber, la abogada, que es querellante en el caso, dijo que “creo que por fin han quedado muy claros todos los hechos corruptos y delictivos que realizó Guerra por un buen lapso, y que perjudicó tantas causas por estar vendido a un sector político”.

Calificó la resolución judicial como “un fallo extremadamente contundente y muy bien fundado”, pero también destacó que se trata de una decisión histórica, dada la altísima investidura que tenía Guerra. De hecho, es la primera vez en Chile que un exfiscal regional es formalizado por corrupción y enviado a la cárcel. El crédito corruptivo En su fallo, el juez Rodríguez indicó que Guerra, que fue formalizado por 13 delitos, incluyendo figuras de cohecho, soborno, prevaricación y violación de secretos, muestra “un patrón denominado estructura de crédito corruptivo”, que básicamente consiste en hacer favores a alguien poderoso, a fin de que ello genere “una deuda que el funcionario o el imputado cobra o intenta cobrar después”.

En este caso, los objetivos del cobro eran nada menos que el exministro del Interior, como lo dijo el mismo magistrado: en el hecho número 1 (Penta) “el imputado asumió como fiscal regional la dirección del caso Penta en noviembre del año 2015, y desde 2016 sostuvo comunicaciones con Hermosilla para conocer la postura de la UDI y tomar decisiones de fondo. En enero de 2018, pese a la renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena, provocada por su oposición, manifestó a Hermosilla su intención de ‘dejar negociado el proceso’, contra la opinión de Uldecco y Unac” (las unidades de la fiscalía nacional encargadas de temas como lavado de activos y corrupción”). Tras ello, el 3 de julio, reformalizó y dejó afuera los delitos de soborno y lavado de activos, y gracias a ello “solicitó procedimiento abreviado con penas sustancialmente menores, y al omitir la comunicación de no perseverar exigida por el artículo 248, privó de legitimación activa a los querellantes, Consejo de Defensa del Estado y fundación Ciudadano Inteligente”.

Lo anterior, explicó el juez, queda a manifiesto en los chats entre Hermosilla y Guerra, en uno de los cuales, del 21 de septiembre de 2016, de Guerra a Hermosilla: “Lucho, le escribí a Andrés ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Stgo Valdes”, refiriéndose a Andrés Chadwick y a Santiago Valdés, el administrador electoral de Sebastián Piñera, agregando lo que buscaba: “en el fondo saber cual es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo” (SIC). El magistrado también destacó otro audio, del 11 de enero de 2018, Guerra “expresó a Hermosilla su intención de dejar negociado el caso Penta”. Luego, el 16 de enero de 2018, “reporta la inminente renuncia, en este caso, de Gajardo y Norambuena, señalando que el Ministerio Público es una institución jerarquizada, en la cual no procede la oficial de conciencia, y si no les gusta, deben irse”.

Otro whatsapp mencionado fue el del 21 de septiembre de 2016, el cual “acredita que Guerra condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI, infringiendo el principio de objetividad del artículo tercero de la ley orgánica del Ministerio Público” y que “la anticipación del 11 enero de 2018 demuestra que la decisión de reformalizar estaba tomada antes de la audiencia”. El magistrado también se refirió al caso de Santiago Valdés, indicando que pese a que este era investigado en el caso, “el imputado reveló reiteradamente a Hermosilla el estado de la investigación” por medio de distintos mensajes, entre ellos el del 20 de mayo de 2018, sobre “anticipación de la fecha de cierre de la causa, información que Hermosilla transmitió de inmediato al entonces el ministro del interior (Andrés) Chadwick”, así como otro, del 12 de febrero del año 2018, en que indica “a firme lo de Wagner y Valdés”, frente a lo cual Hermosilla le respondió “Felicitaciones”. De vuelta, Guerra le replicó “es bueno ir saliendo de los cachos”.

Por todo ello, el juez indicó que “existe una estructura que podríamos denominar triangular: Guerra, Hermosilla, Chadwick. Las conversaciones acreditan que la información se entregaba a Hermosilla con la expectativa explícita de que fuera transmitida a Chadwick Piñera. Esta estructura demuestra que el objetivo de la infracción era el posicionamiento del imputado ante un sector político que podía favorecerle”.

Pocas esperanzas Todo ello es refrendado por María Inés Horvitz, quien señala que respecto de Chadwick el CDE aún no decide ampliar su querella contra él, criticando también al Ministerio Público, al indica que “por la actuación que ha tenido en esta audiencia, en el sentido de que desde el inicio pidió (contra Guerra) un arresto domiciliado total, por un acuerdo al que había llegado con las defensas, nos deja pocas esperanza de que realmente tenga interés en perseguir las responsabilidades de Chadwick, y eso es lo que vamos a tener que conversar probablemente en los en los días que siguen”. Asimismo, y respecto de las eventuales responsabilidades penales de otros abogados que aparecen íntimamente vinculados a Hermosilla, Guerra y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos (estos en prisión preventiva) señaló que “los chats del señor Hermosilla los tiene en bajo su tuición y custodia la fiscal regional oriente, señora (Lorena) Parra, que los ha ido entregando parcializadamente, y solamente ciertos chats a los fiscales regionales que tienen causas que usted sabe han sido distribuidas por el fiscal nacional en diferentes fiscales regionales”. A raíz de ello, señala, “el problema que tenemos es que mientras se mantengan en reserva y no se tenga acceso a esos chats en forma completa, de tal manera de verificar si hay más personas involucradas, va a ser muy difícil poder imputar a otros abogados que pudieran estar comprometidos en estos hechos tan reprochables”, precisando que existen sospechas “bien fundadas” respecto de ellos, pero también apuntando a la fiscal Parra, dado el vínculo que tuvo con Hermosilla, aseverando que “a pesar de todas estas objeciones que se han planteado a que ella permanezca a cargo de la causa levanta más sospechas aún, respecto de por qué no entrega más chats que pudieran estar involucrando a otras a otros funcionarios públicos o a abogados de la plaza”.

Pese a su satisfacción con el fallo de hoy y con otros anteriores, que han dejado también presos o formalizados a otroras poderosos jueces, argumenta que “la institucionalidad democrática chilena no está funcionando como corresponde: no puede ser que todo esto esté sabiéndose a propósito de un audio grabado por una persona, y que por razones, por todos conocidas la divulga”. Por cierto Horvitz, que es Doctora en Derecho y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, confirmó que ante la renuncia (que aún no se hace efectiva) del actual decano de dicha facultad, Pablo Ruiz-Tagle, quien competirá por la rectoría de esa casa de estudios, ella va a postular al decanato, asegurando que uno de sus ejes será justamente el fortalecer todo lo que se pueda la formación ética de los futuros abogados.