Iván Poduje revierte expropiación de terrenos de Colonia Dignidad

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció la paralización y eventual eliminación de una serie de proyectos impulsados durante la administración anterior, con el fin de redestinar recursos hacia la reconstrucción en la Región del Biobío. Entre las iniciativas que serán revertidas se encuentran la ciclovía del eje Alameda-Providencia, además de las expropiaciones del Club Hípico de Punta Arenas y de Colonia Dignidad. En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado calificó estos proyectos como “faraónicos”, argumentando que “no se justifican, son muy caros o demasiado complejos”.

En esa línea, explicó que al asumir la cartera se encontraron con un escenario presupuestario crítico, con un 97% de los recursos comprometidos en deudas de arrastre. “Fue un tremendo golpe, porque esto nunca se nos anticipó”, afirmó. El titular del Minvu detalló que varias de estas iniciativas implicaban elevados costos fiscales.

Como ejemplo, mencionó la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, estimada en $22 mil millones, y la de Colonia Dignidad, que alcanzaría cerca de $47 mil millones solo en su componente urbano. “Con esos recursos puedo reparar 1. 500 viviendas o mejorar decenas de espacios comunitarios que hoy están abandonados”, sostuvo.

Poduje explicó que estas decisiones se enmarcan en el ajuste presupuestario del 3% solicitado por el Ministerio de Hacienda, asegurando que no se verán afectados los subsidios habitacionales ni los beneficios sociales. “Vamos a reducir gastos eliminando proyectos que no son prioritarios, pero sin comprometer la reconstrucción ni las ayudas a las familias”, indicó. Respecto a la expropiación de Colonia Dignidad, el ministro confirmó que se dictará un decreto para dejar sin efecto la medida, argumentando que no existen recursos disponibles para avanzar en ese proceso.

Asimismo, descartó que esta determinación responda a razones ideológicas, señalando que se trata de una decisión basada exclusivamente en criterios de prioridad social y uso eficiente de los recursos públicos.