Invariabilidad tributaria divide a economistas: Valoran certeza jurídica, pero cuestionan umbral y costos fiscales

La propuesta de reintroducir la invariabilidad tributaria -como parte del Plan de Reconstrucción impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast- reabrió las diferencias entre economistas, académicos y exautoridades, tensionando visiones sobre cómo reactivar la inversión y, al mismo tiempo, resguardar la sostenibilidad fiscal. La medida, que formó parte del antiguo DL 600 derogado en 2016, apuntó a fijar reglas impositivas estables por hasta 25 años para proyectos superiores a US$50 millones. El Ejecutivo planteó este mecanismo como una señal de certidumbre para atraer capitales, tanto extranjeros como locales, en un contexto donde distintos diagnósticos coinciden en que la inversión ha enfrentado fricciones regulatorias y mayor incertidumbre en la última década.

Sin embargo, el diseño específico -especialmente el plazo y el umbral de entrada- generó diferencias marcadas entre los expertos. Mientras algunos economistas valoraron el instrumento como una herramienta legítima para incentivar proyectos de largo aliento, otros advirtieron que podría implicar rigideces innecesarias en la política fiscal y beneficios desalineados con el tamaño de las inversiones que se busca atraer. El debate, además, reabrió una discusión entre quienes plantean hasta qué punto el Estado debe comprometer estabilidad tributaria de largo plazo en un país que hoy presenta mejores indicadores institucionales que hace décadas, pero que enfrenta nuevas presiones en materia de gasto público y crecimiento.

En ese contexto, las opiniones se dividieron entre quienes consideraron la invariabilidad como un mecanismo clave para recuperar la confianza inversionista y quienes estimaron que su aplicación, tal como está planteada, podría generar más costos que beneficios. Apoyo a la invariabilidad: certeza jurídica como eje Por un lado hubo respaldo a la idea de reinstalar este instrumento, aunque con matices en su diseño. El decano de la Facultad de Economía de la UC, José Miguel Sánchez, destacó su rol en la materialización de proyectos.

En entrevista con El Mercurio, sostuvo que "la invariabilidad (tributaria) es parte importante en el proyecto para que la inversión se materialice". Respecto al plazo propuesto, agregó que "Las inversiones en minería toman 20 años fácilmente, entonces la inversión por 25 años no me parece una locura. Pero no hay nada mágico en el número", aunque advirtió que "me llama la atención lo de los US$50 millones.

Eso no conversa mucho, creo que se podría hacer para proyectos más grandes". Una mirada similar, aunque más enfocada en el contexto actual, planteó Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. En conversación con Emol, sostuvo que "para un plan de reactivación de la economía, hace sentido que se aborden los distintos problemas que han 'desactivado' la economía.

Una estructura tributaria poco competitiva, costosa barrera burocrática para desarrollar nuevos proyectos e incertidumbre en las reglas del juego". En esa línea, advirtió que "hace 10 años atrás probablemente no era tan relevante hablar de invariabilidad tributaria, pero luego de los múltiples cambios tributarios que se han legislado durante esta década y dos procesos constitucionales a cuestas, sin duda que en lo regulatorio dejamos de ser el país que entregaba certeza a los inversionistas como era en el pasado". Horst también defendió la existencia de un umbral mínimo, señalando que "me parece razonable que haya un umbral mínimo.

De lo contrario, desde lo administrativo también se complejiza su operación. ¿Cuál es ese umbral? Siempre será parte del debate".

Asimismo, destacó la experiencia histórica del país, afirmando que "la invariabilidad tributaria que se entregó en esa época a la inversión extranjera nos permitió recuperar la credibilidad necesaria para, junto a otras medidas, atraer nuevas inversiones", y agregó que "estabilidad en las reglas de juego y solidez institucional han sido clave para el desarrollo económico en el mundo". Una postura en la misma línea planteó Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School. En conversación con Emol, afirmó que "existe mucha evidencia de que la certeza jurídica es un elemento súper relevante en las decisiones de inversión de largo plazo y de montos elevados".

En esa línea, aseguró que "a mí me parece que sí es válido establecer mecanismos que entreguen certeza jurídica. Y un mecanismo razonable es un mecanismo de invariabilidad tributaria", aunque planteó que aspectos como el plazo y el monto podrían ajustarse en la discusión. La economista Macarena García reforzó este enfoque, señalando a Emol que "una institución fundamental para que cualquier economía se quiera desarrollar es que haya certeza jurídica" y que "la invariabilidad tributaria es un punto central".

Además, defendió el umbral propuesto, indicando que "un proyecto cuyo costo es de US$50. 000. 000 es un proyecto relevante", destacando su impacto potencial en empleo y actividad económica.

Críticas: riesgos fiscales y umbral cuestionado En contraste, otras voces fueron más críticas, apuntando tanto al diseño como a la pertinencia del instrumento en el Chile actual. La economista Andrea Repetto cuestionó abiertamente la propuesta, poniendo el foco en el monto mínimo de inversión. A su juicio, "la invariabilidad tributaria es algo que hay que desechar completamente", señalando que este tipo de herramientas está pensado para proyectos de gran escala y largo plazo.

En ese sentido, explicó que estos mecanismos aplican cuando las inversiones son "gigantes que tienes que financiar por muchos años, que son irreversibles". Repetto advirtió que el principal problema radica en el compromiso que asume el Estado: "a que cuando lleguen esos retornos tú no le vas a cambiar las reglas (a los empresarios). Las reglas son estables".

Y enfatizó que el diseño actual no cumpliría con ese estándar, al sostener que "Esta propuesta es para US$ 50 millones, que es poquita plata, no estamos hablando de un gran proyecto de inversión". Desde una perspectiva más institucional, el exministro de Hacienda Manuel Marfán también expresó reparos. En entrevista con Pulso, si bien reconoció que el mecanismo tuvo un rol en el pasado, planteó que su vigencia hoy no se justificaría.

"En su momento este mecanismo ayudó", afirmó, aunque explicó que ello respondió a un contexto en que Chile generaba desconfianza internacional. Hoy, en cambio, sostuvo que "la democracia tiene mucha más predictibilidad". Marfán advirtió que uno de los principales problemas es que "la inamovilidad tributaria perpetúa los vacíos legales y rigidiza la política fiscal", lo que iría en contra de las buenas prácticas internacionales.

Además, fue categórico respecto a su necesidad actual: "No lo veo necesario. Chile es un país que es mirado con otros ojos desde el resto del mundo. Tiene un bajo riesgo país".

Y agregó una preocupación adicional: "no está estimado cuánto podría afectar el crecimiento, ni menos aún, cuánto puede afectar las cuentas fiscales", cuestionando que el Estado limite su capacidad de reacción ante escenarios complejos.