Información y derechos de autor

En medio de sus diversas y numerosas disposiciones, el proyecto de ley sobre reconstrucción nacional sorprendió al incorporar una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual que permitiría el uso, sin autorización ni pago, de obras protegidas por el derecho de autor, incluidos los contenidos periodísticos, bajo la figura de la minería de textos y datos. La normativa no solo se aparta de los objetivos de la iniciativa, centrados en el crecimiento y la reactivación, sino que reinstala una propuesta ya rechazada que, de avanzar en su aprobación, podría afectar seriamente la capacidad económica de los medios de comunicación para sostenerse en un contexto donde, además, la desinformación debilita la deliberación pública. Según el artículo 8° incluido en el proyecto, sería “lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada”.

Esta excepción se aplicaría cuando el uso tenga por objeto la extracción, clasificación o análisis estadístico de grandes volúmenes de datos, siempre que tal actividad no constituya una explotación encubierta de las obras protegidas. Sorprende propuesta del Gobierno que habilitaría uso de contenidos protegidos sin autorización ni pago. Aunque el gobierno ha justificado tal propuesta como un incentivo para atraer al inversiones en minería de datos, llama la atención que la norma fuese incluida sin haber considerado las posiciones de los sectores involucrados.

Más aún, cuando reproduce de manera textual un proyecto presentado por la administración anterior, rechazado en la Cámara de Diputados por “afectar de forma inadmisible los derechos de autor”. La definición de excepciones al derecho de autor es una decisión de política pública que incide directamente en la producción y explotación de contenidos protegidos, particularmente en el ámbito periodístico, por lo que su debate requiere una discusión específica, que no esté subordinada a otras materias de alta complejidad, como son las materias tributarias, lo que limita la participación de los actores afectados. Este escenario se da, además, en un contexto ya tensionado.

A la pérdida de ingresos derivada de la intermediación publicitaria digital, se ha suma la proliferación de servicios de clipping que comercializan contenidos periodísticos sin licencias, lo que infringe la normativa e involucra a quienes los ofrecen y contratan, incluyendo en ello a empresas públicas y privadas. La experiencia internacional, en cambio, muestra un estándar distinto. El uso de contenidos protegidos para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial ha dado lugar tanto a litigios como a acuerdos de licenciamiento entre medios y plataformas tecnológicas, bajo el principio de que su utilización requiere autorización o compensación.

La norma propuesta en el proyecto de reconstrucción no solo se aparta de ese criterio, sino que debilita la posición negociadora de los medios chilenos frente a actores globales. La protección del derecho de autor es una condición básica para el ejercicio del periodismo, permite financiar la producción de contenidos originales y sostener estándares profesionales en la generación de información. En este marco, la Asociación Nacional de la Prensa ha solicitado al Ejecutivo retirar el artículo 8° por vulnerar los derechos de autor, pero ello no obsta la posibilidad de contribuir técnicamente al diseño de una regulación que compatibilice el desarrollo tecnológico con la protección del trabajo periodístico.