Inclusión en deuda: denuncian exclusión de alumnos con discapacidad en colegios privados

Durante años, los colegios particulares pagados en Chile operaron sin una regulación específica para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Fue precisamente ese vacío el que intentó comenzar a cerrar la Ley 21. 544, promulgada el 9 de febrero de 2023.

La norma introdujo por primera vez obligaciones específicas para los colegios particulares pagados, estableciendo que deben incorporar progresivamente a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. La implementación es gradual: desde 2026 deben reservar al menos un cupo por nivel; en 2027, un cupo por curso y, en 2028, alcanzar el 5% de su matrícula. Pero los cupos no son el único cambio.

La ley también prohíbe prácticas que hasta entonces eran frecuentes: la cancelación de matrícula por motivos asociados a discapacidad, la exigencia de tutores como condición de permanencia y los cobros adicionales vinculados a la inclusión. Estas disposiciones tienen efecto inmediato desde su entrada en vigencia. Sin embargo, varias de estas prácticas siguen siendo denunciadas por las familias.

La inclusión en la práctica María Graciela Astorquiza recuerda cada uno de los 13 colegios donde asistió su hija, los cobros extras, las llamadas telefónicas pidiéndole que fuera a retirarla, la reducción de su jornada escolar a solo dos horas y las exigencias informales como condición de permanencia. María Gracia -su hija- tiene 17 años, está diagnosticada con autismo y déficit atencional severo. Pasó por colegios particulares pagados en Viña del Mar, Santiago y Punta Arenas, establecimientos que hasta este año no tenían ninguna obligación legal de recibirla.

En ninguno de estos encontró lo que necesitaba. Asegura que “la “inclusión” se traducía en cobros adicionales y exigencias como contratar una “tutora externa”. Incluso, un año antes de la pandemia, su hija llegó a desertar del sistema escolar.

En ese recorrido, las barreras adoptaron distintas formas. Asegura que en el colegio Quimay, con sello de inclusión, su hija estaba siempre en las salas de calma: espacios pensados para la regulación emocional que, en la práctica, se convirtieron en el lugar donde su hija pasaba el día entero. Relata que, en una oportunidad, incluso llegó a tener el escritorio fuera de la sala.

“La dejaban afuera, con frío o lluvia, para que escuchara la clase por la ventana”, relata. A eso se sumaban los reclamos constantes por su conducta y los comentarios en el grupo de WhatsApp del curso. “Los apoderados y la profesora hablaban de ella, se quejaban, y yo estaba en ese mismo grupo”, dice.

Consultado al respecto, el Colegio Quimay señaló que las “salas de calma” forman parte de un protocolo exigido por la normativa vigente y que se utilizan como una medida temporal, supervisada y orientada a la regulación emocional, descartando que se empleen como forma de aislamiento o castigo. El establecimiento afirmó además que cuenta con un enfoque de “educación inclusiva real”, con equipos multidisciplinarios, planes de acompañamiento individual (PAEC) y adecuaciones curriculares, asegurando que su objetivo es la permanencia de los estudiantes dentro del sistema escolar. En otros establecimientos, el rechazo ocurría desde el inicio.

En un colegio en Las Condes, la evaluación de la psicopedagoga bastó para cerrar la puerta. “Apenas la vio, me dijo que no podía estar en un colegio regular, que debía llevarla a una escuela especial”, recuerda. También hubo casos en que la admisión quedaba sujeta a condiciones.

En el colegio Creces le pidieron firmar un documento que indicaba que su hija quedaba “en evaluación”, y que, si no lograba integrarse al curso, debía retirarla. “Era casi una cláusula de que si ella no respondía durante los tres primeros meses o no obedecía, se tenía que ir del colegio”, explica. Nunca obtuvo una copia del documento.

Hoy se arrepiente de no haberla exigido. “Estás suplicando que te reciban a una niña cuando no puede ejercer su derecho a educarse. Todo el mundo dice que la educación es un derecho, pero finalmente para personas con alguna discapacidad intelectual o condición, no pueden.

La realidad es así”, resume. Varias de estas prácticas hoy están expresamente prohibidas. Pero su caso no es una excepción.

Un sistema sin datos públicos Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) de 2022, en Chile hay 587. 709 niños, niñas y adolescentes que presentan algún tipo de discapacidad, lo que representa el 14,7% de esta población. Sin embargo, los datos oficiales revelan un punto ciego en las cifras de escolarización.

El Programa de Integración Escolar (PIE), es hoy el único mecanismo que registra la matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales, pero solo considera a establecimientos públicos y subvencionados. Según datos del Centro de Estudios del Mineduc, en 2023 había 473. 006 alumnos integrados al PIE, lo que representa el 14,6% de la matrícula en establecimientos con financiamiento estatal.

Ese universo excluye a los colegios particulares pagados. En la práctica, el Estado no sabe cuántos niños con discapacidad estudian en el segmento más costoso del sistema educativo. En ese contexto, Isabel Zúñiga, presidenta de la Fundación Mis Talentos –organización que impulsa políticas públicas de inclusión en educación y participó en la tramitación de la ley– advierte una tendencia preocupante.

“El porcentaje de establecimientos que adhiere a la política de inclusión, baja en la medida que aumenta el nivel socioeconómico de la mayoría de los estudiantes que atiende”, sostiene. Y agrega que “el porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales también es menor en la medida en que aumenta el nivel socioeconómico, al punto que son los colegios más vulnerables los que tienen el porcentaje de niños con necesidades especiales más altas, incluso sobrepasando los niveles recomendados”. Este escenario refuerza una brecha estructural entre los distintos segmentos del sistema educativo.

Frente a este diagnóstico, Pedro Díaz Cuevas, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) –que agrupa a 850 colegios afiliados a lo largo de todo el país– menciona que no cuentan con esos datos para confirmarlo. “De ser así yo no te lo puedo ni asegurar ni desmentir. Prácticamente todos los colegios del sector oriente pertenecen a la Fide, hemos consultado y no tenemos esa información”, afirma.

“Lo que sí puedo indicar con certeza es que más de un 90% de nuestros establecimientos ya cuenta con planes de inclusión para implementar esta ley y cumplir con los cupos establecidos del 5%. Incluso antes de su implementación, porque como federación buscamos anticiparnos y prepararnos”, agrega. Un acceso condicionado A pesar de los cambios legales, el acceso sigue dependiendo, en muchos casos, de redes, recursos económicos o exposición pública.

Tras pasar ocho meses sin lograr matrícula para su hija, Sofía Pombo decidió viralizar su caso. Su hija Elena, de siete años, tiene Síndrome de Down y debía entrar al colegio. “Queríamos que ella se inserte en un sistema educativo con más niños, para que el día de mañana logre participar y ser más autónoma”, cuenta Sofía.

“Estabamos ilusionados, porque para ella es fácil adaptarse. Pero cuando empezamos el camino por buscar un colegio fue imposible”. Postuló a ocho colegios –la mayoría con programas de inclusión– y en todos obtuvo la misma respuesta: no había cupo.

“La ley exige un cupo por generación y eso te pone en un lugar de competir con otros niños con necesidades especiales. Y casi siempre la preferencia es para hermanos de niños en esos colegios”. Ella resume el proceso así: “empiezas una carrera para que acepten a tu hija a través de contactos”.

Pero las respuestas se repetían: no estamos preparados, no nos dan los cupos, postula el próximo año. “Cada vez que íbamos a un examen de admisión era un estrés constante, porque sientes que tu hija no tiene cabida”. “Como mamá empiezas a sentir que te están haciendo un favor al aceptar a tu hija.

Que te están haciendo un filtro”. En su desesperación, decidió subir su caso a redes sociales. “Busqué ayuda y así logramos llegar al colegio actual donde está la Elena.

Se sintió como un milagro”. En otros casos, las barreras no se presentan como falta de cupos, sino de forma más directa. Un apoderado, que prefirió no revelar su identidad, relata que al intentar matricular a su hijo autista en el mismo colegio donde ya estudiaba su hija recibió una respuesta explícita: si no fuera hermano de una alumna, ni siquiera habría podido postular.

Se trata del colegio Andrée English School, en La Reina, un establecimiento con altos resultados académicos. En 2026, ocupó el lugar N°17 en el ranking nacional con mejores resultados en la PAES. “Me dijeron que si no fuera hermano, no le habrían dado ni siquiera la opción de dar el examen”, relata y cuenta que “en estos colegios la selección es súper fuerte.

Y en el fondo no están preparados, entonces no dan el acceso. Después dicen que el niño no responde, pero nunca tuvo la oportunidad”, afirma. Por eso decidió no continuar el proceso.

“No puedo tener a mi hijo en un lugar donde sé que no lo quieren realmente”. Consultado por este medio, el colegio Andrée English School remitió a su página web de admisión y no respondió directamente a las consultas. Factores como los resultados académicos y el posicionamiento en rankings siguen siendo relevantes para los colegios particulares, lo que –según expertos– puede desincentivar la incorporación de estudiantes que requieren mayores apoyos.

“Hemos visto que los colegios con mayores rankings han sido los que más resistencia han entregado en el tiempo. Sin embargo, también hemos visto que los que en los últimos años están dando pasos hacia la inclusión”, asegura Isabel Zuñiga. Para el abogado Pedro Matamala, el mecanismo tiene una explicación concreta.

“Los establecimientos que compiten por posicionamiento en rankings tienen incentivos estructurales para seleccionar estudiantes con perfiles de alto rendimiento estandarizado”, señala. Un estudiante con TEA o discapacidad intelectual puede ser percibido como un factor que afecta el promedio del curso, aunque la evidencia académica contradiga esa creencia. “Es como una bola de nieve, porque en los colegios privados pueden poner condiciones o evitar alumnos con capacidades especiales, pero en los municipales subvencionados reciben mayor carga por lo mismo y no cuentan con la capacidad de incluir a todos”, explica Sofía, madre de Elena.

Matamala explica las diferencias entre ambos sistemas. “Es un vacío estructural reconocible. Los colegios particulares pagados quedan fuera del Sistema de Admisión Escolar (SAE) –creado a partir de la Ley de inclusión escolar– que sí regula con más detalle los procesos de admisión en establecimientos subvencionados”.

Aunque el artículo 11 de la Ley N°21. 544 establece que no se puede cancelar la matrícula por motivos asociados a discapacidad, la normativa no iguala completamente las condiciones con el sistema público o subvencionado. “No los somete al mismo marco de fiscalización operativa.

Esto genera un doble estándar: el particular pagado puede invocar criterios propios de admisión, como su proyecto educativo o su capacidad de atención, con mayor margen de discrecionalidad”, advierte Matamala. Aun así, ese margen tiene límites. Rechazar a un estudiante por su condición puede constituir una infracción grave, independiente del sostenedor.

La Superintendencia de Educación registró que durante 2025 se presentaron 2. 869 denuncias por discriminación. De ellas, 1.

278 corresponden a la categoría de necesidades educativas especiales (NEE). Mientras la ley avanza en fijar obligaciones, para muchas familias la inclusión sigue dependiendo menos de la normativa que de la disposición real de cada colegio. En ese escenario, el acceso a la educación deja de ser un derecho garantizado y pasa, muchas veces, a ser una búsqueda incierta.