Impuesto al suelo y contribuciones

Lo defendieron, con distintos fundamentos, desde los llamados “economistas clásicos”, como Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, hasta quienes actualizan ese pensamiento en la “síntesis neoclásica” y analizan su posterior faceta neoliberal, como Alfred Marshall, Henry George, Milton Friedman, Joseph Stiglitz y Paul Krugman. Desde tradiciones teóricas muy distintas, todos convergen en una idea: si es que hay que cobrar impuestos, gravar la renta del suelo es de lo más razonable. The Economist lo llamó, derechamente, “el impuesto bueno”.

¿Por qué tanto consenso? Porque, a diferencia de otros tributos, un impuesto al suelo tiende mucho menos que otros a desalentar la producción o a trasladarse a precios. La razón es simple: el suelo no es fruto del trabajo humano, sino que es un bien provisto por la naturaleza.

No tiene costo de fabricación. Su precio no refleja principalmente costos de producción, sino la capitalización de rentas esperadas: expectativas de localización, accesibilidad, normas urbanísticas, inversión pública cercana y valorización futura. Dicho de otro modo, el precio de un terreno urbano depende menos de cuánto costó urbanizarlo que de cuánto se espera ganar con él.

Eso ya lo había advertido Adam Smith cuando sostuvo que la renta del suelo es un “precio de monopolio”, no un costo de producción. Y Henry George convirtió esa intuición en una propuesta célebre y moderada: capturar socialmente parte de esa renta, porque su origen es social mucho más que privado. Aquí aparece la paradoja.

Si economistas de izquierda, centro y derecha reconocen las virtudes del impuesto al suelo, ¿por qué se aplica tan poco? The Economist lo señaló sin rodeos: la principal barrera no es económica, es política. Este impuesto afectaría a un grupo relativamente acotado —los propietarios de suelo—, mientras sus beneficios se dispersarían sobre el conjunto de la sociedad, incluyendo generaciones futuras.

Es una confesión de partes. El suelo concentra una renta extraordinaria, localizada territorialmente y muchas veces producida por esfuerzos colectivos: una línea de metro, una autopista, un parque, un cambio normativo. También por algo más silencioso, pero decisivo: el cuidado cotidiano que vecinos, comercios, instituciones públicas y privadas ponen en barrios y distritos, elevando su atractivo y demanda.

Esa valorización suele traducirse en fuertes ganancias para los propietarios que poco o nada hicieron para producirlas. Basta con tener suelo y esperar venderlo más caro. Es decir, especular y capturar valor creado por otros.

Y, sin embargo, gravar esa renta sigue siendo casi tabú. En Chile, la discusión sobre contribuciones suele plantearse al revés, como si fueran un castigo injusto a la propiedad o como si inevitablemente terminaran encareciendo la vivienda. Pero la teoría económica dominante —la misma que suele invocarse para defender mercados libres— sostiene lo contrario: gravar la renta del suelo es de los impuestos menos distorsionadores y más progresivos que existen.

El problema nunca ha sido económico. Siempre ha sido político. Es decir, cómo el ejercicio del poder determina quién captura la renta que la ciudad produce colectivamente.

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