Homicidios suben 20% y tensionan el arranque del gobierno de Kast

En los primeros días de la nueva administración, la Región Metropolitana acumula 18 casos de homicidios consumados y frustrados, en un escenario que reabre el debate sobre la capacidad de respuesta delEjecutivo frente a una de las mayores urgencias del país. El inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast comenzó bajo una de las promesas más sensibles de su discurso político: restablecer el control en materia de seguridad. Sin embargo, a poco más de dos semanas del cambio de mando del 11 de marzo de 2026, la Región Metropolitana exhibe una señal alarmante que golpea de lleno esa expectativa.

Reportes de prensa advierten que los homicidios consumados y frustrados han aumentado en un 20% en este arranque de administración, alcanzando18 casos, una cifra que instala una presión inmediata sobre La Moneda y sobre el Ministerio de Seguridad Pública. Según esos antecedentes, 10 de los hechos corresponden a homicidios consumados y 8 a homicidios frustrados, con una presencia reiterada de armas de fuego en varios de los casos. Más allá de la clasificación penal definitiva que establezca el Ministerio Público en cada investigación, el dato revela una tendencia inquietante en los primeros días del nuevo ciclo político: la violencia letal no esperó la instalación del gobierno y se ubicó de inmediato en el centro del debate público.

Lo más delicado es que no se trata de un episodio aislado ni de una sola jornada excepcional. Durante la última semana, distintos medios reportaron una seguidilla de asesinatos en comunas de la capital. La Tercera informó seis homicidios en 24 horas en comunas como Paine, Quilicura, San Joaquín y Cerro Navia, mientras BioBioChile dio cuenta de cinco homicidios ocurridos en las últimas horas en la RegiónMetropolitana, incluyendo hechos en Cerro Navia y La Legua.

Ese cuadro refleja algo más profundo que un mal comienzo estadístico. Lo que está en juego es la capacidad del nuevo gobierno para convertir su discurso de autoridad en resultados visibles. La seguridad fue uno de los ejes centrales del relato de Kast durante la campaña y también uno de los factores que más incidencia tuvo en la decisión electoral de una ciudadanía fatigada por la expansión del crimen violento, el uso de armas de fuego y la sensación de deterioro del control territorial en barrios populares y sectores periurbanos.

La dificultad para el Ejecutivo no radica solo en que los homicidios sigan ocurriendo, sino en que ocurren precisamente cuando la administración está obligada a demostrar conducción, prioridad política y capacidad de reacción. En seguridad, el margen de instalación siempre es corto. La opinión pública no concede treguas largas cuando la demanda social es tan alta y cuando la violencia tiene un impacto cotidiano, visible y brutal.

El problema, además, no puede ser leído de manera simplista. Las cifras nacionales de homicidios consumados en 2025 habían mostrado una baja de 11,5% respecto de 2024, con 1. 091 víctimas y una tasa de 5,4 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el informe oficial presentado a comienzos de marzo por el Ministerio de Seguridad Pública.

Esa caída incluso fue destacada por las autoridades salientes como una señal de descenso sostenido por tercer año consecutivo. Precisamente por eso, el repunte advertido en estos primeros días del nuevo gobierno adquiere una carga política todavía mayor. Si el cierre de 2025 mostraba una baja nacional en homicidios consumados, el aumento reciente de casos en la Región Metropolitana sugiere que el problema no desapareció, que la violencia letal sigue activa en los territorios más complejos y que cualquier triunfalismo en esta materiapuede desmoronarse en cuestión de días.

También conviene subrayar otro punto: la Región Metropolitana sigue siendo el principal foco territorial de la violencia homicida en Chile. El informe nacional de homicidios consumados 2025 consigna que la RM mantiene una tasa superior a la media del país y se consolida como el principal núcleo de concentración de este fenómeno. No se trata, por tanto, de un territorio cualquiera, sino del espacio donde se juega buena parte de la percepción nacional sobre la seguridad pública.

En esa línea, el desafío del gobierno de Kast no es solo policial, sino político. Controlar el delito requiere persecución penal eficaz, inteligencia, intervención territorial, coordinación institucional y capacidad para sostener medidas complejas más allá del impacto comunicacional inicial. Si la nueva administración pretendía abrir su mandato con una señal de dominio sobre la agenda, la seguidilla de homicidios en Santiago está mostrando exactamente lo contrario: un Ejecutivo obligado a correr detrás de loshechos, mientras la realidad del crimen impone su propio ritmo.

A ello se suma una dificultad adicional. La seguridad no admite consignas eternas. Llega un punto en que la retórica de la firmeza debe traducirse en decisiones medibles.

Más fiscalización, más presencia policial o más despliegue comunicacional pueden servir como primeras respuestas, pero no sustituyen una política criminal consistente ni revierten por sí mismas el arraigo de economías ilegales, armas circulando y disputas violentas en zonas críticas. El arranque del actual gobierno, por lo mismo, enfrenta una prueba incómoda. Kast fue electo con la promesa de mano firme, pero la violencia homicida no se reduce por decreto ni por cambio de administración.

Y esa constatación es políticamente corrosiva, porque golpea justo en el corazón de su oferta electoral. Mientras más rápido se instale la percepción de que nada cambió en la calle, más difícil será para el oficialismo defender que su llegada al poder abrió una etapa distinta en seguridad. Desde una mirada editorial para diario impreso, el dato más duro de esta coyuntura no es solo el alza de 20% o la cifra de 18 casos, sino el contraste entre la expectativa generada y la realidad observada.

La seguridad fue presentada como una prioridad absoluta, casi como un terreno natural de control para la nueva administración. Pero los primeros días están mostrando que la crisis es más profunda, más estructural y más resistente que cualquier consigna de campaña. En términos políticos, el mensaje es nítido: el gobierno no podrá vivir mucho tiempo del crédito simbólico de haber prometido orden.

Tendrá que exhibir resultados, explicar con claridad sus medidas y asumir que cada homicidio en la capital erosiona con rapidez su principal bandera. En Chile, la inseguridad dejó de ser una discusión teórica. Hoy es el termómetro más severo de la credibilidad de cualquier administración.

Y en estos primeros días del gobierno de José Antonio Kast, ese termómetro empezó marcando en rojo.