Homicidio del exministro José Tohá: querellantes piden reactivar la investigación

Ante la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se realizaron ayer los alegatos por medio de los cuales los querellantes en el homicidio del exministro José Tohá González buscan reabrir la causa, luego de que esta fuera sobreseída tras el fallecimiento (el año pasado) del único procesado que ha tenido, Jorge Chovan Gahona, jefe de gabinete del Hospital Militar en 1974, quien fue acusado de encubrimiento. En los alegatos intervinieron los abogados Nelson Caucoto (querellante por la familia Tohá) e Ilan Sandberg, representante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que en noviembre de 2010, en el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, presentó una querella contra quienes resulten responsables del asesinato del exministro, hecho acaecido al interior del Hospital Militar, el 15 de marzo de 1974. De este modo, el Programa de DDHH no varió su posición histórica en este caso, luego de las fuertes polémicas ocurridas hace algunas semanas, debido a la decisión adoptada por la nueva jefatura de dicho instancia, en orden a no apelar de decisiones judiciales que beneficiaban a exagentes.

Los alegatos de ayer se efectuaron en presencia de la exministra del Interior Carolina Tohá, así como de su madre (Victoria Morales) y de otros miembros de su familia, y en ellos los querellantes expusieron las razones por las cuales, a su juicio, la causa debe reactivarse, luego del sobreseimiento dictado por la ministra de fuero para causas de DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. Al respecto, Caucoto dijo que, a juicio de la jueza especial, las diligencias ya están agotadas, pero él aseveró que “lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí estamos en presencia del homicidio calificado de un exministro de Defensa, vicepresidente de la República, exministro del Interior, que se perpetró al interior del Hospital Militar el 15 de marzo de 1974, y para este tipo de delito no existen tiempos que acoten la investigación. Es inalienable e inderogable el derecho de los familiares de don José Tohá y de la sociedad chilena a que se investiguen estos hechos, porque son crímenes de lesa humanidad”.

Los peritajes Caucoto precisa que durante 38 años se impuso la tesis de la dictadura, en orden a que la muerte del exministro había sido producto de un suicidio, pero hoy –asevera– eso es insostenible, pues afirma que “José Tohá fue estrangulado por terceros al interior de una habitación”, dado que “a través de pruebas científicas se logró desechar el suicidio”. Entre estas, menciona un informe del Servicio Médico Legal (SML), que dice que la causa de muerte es estrangulación, que coincide con otro de la unidad de anatomía patológica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que indica que la muerte se produjo por una asfixia provocada por terceros. Ambos informes coinciden con otro confeccionado por el Departamento de Medicina Criminalística de la PDI (Demecri), según el cual se trata de “una asfixia mecánica homicida”.

A su vez, un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción indica que se trató de una “estrangulación o ahorcamiento homicida de la víctima”. Por su parte, el perito Luis Ravanal también concluyó que era una asfixia por estrangulamiento y todo ello, apunta Caucoto, es coherente con lo planteado por el primer médico que estuvo en el sitio del suceso, Alfonso Chelén Araya, que en 1974 era médico criminalístico de la Brigada de Homicidios de la PDI. Un médico corajudo El abogado señaló en su alegato que Chelén merece “un homenaje”, puesto que “él llegó a los minutos de que José Tohá había fallecido, ¿y qué es lo que dice?

Que se trata de un homicidio que se quería simular como un suicidio, por varias razones, entre ellas, que el círculo del vínculo que le rodeó el cuello era completo y eso no sucede en los suicidios por ahorcamiento”. En efecto, Chelén declaró a la Justicia que “el cadáver tenía su cara hacia arriba; añade que el surco era completo y ello estaría en contradicción con un ahorcamiento voluntario, pues en los suicidios este surco es incompleto, lo que corrobora la tesis de que la muerte fue obra de terceros por estrangulamiento; que no firmó el informe pericial que consignó muerte por ahorcamiento tipo suicida y no sabe quién lo redactó; que a los dos meses fue exonerado de su cargo de médico criminalista por falta de confianza”. Caucoto añade que además, luego de haber estado meses en condiciones lamentables en el campo de prisioneros de Isla Dawson y en la Academia de Guerra Aérea (AGA), el exsecretario de Estado se encontraba desnutrido, sin fuerza alguna, lo que le habría impedido ejecutar la autoeliminación, y hay otro antecedente fundamental: “No podía suicidarse en las condiciones que se hizo, porque él medía 1.

92 y se ahorcó en el tubo de un clóset que no mide más de 1. 60”. En ese sentido, precisa que “es un crimen de lesa humanidad que no puede quedar impune, sobre todo fue provocado por agentes del Estado, porque el Hospital Militar es un cuartel para todos los efectos”.

A ese respecto, precisa que el recinto de salud incluso contaba con una unidad de inteligencia –el “Departamento de Seguridad”, que era dirigido por el suboficial Patricio Silva Abarca– y que un ejemplo de la operatoria de este es que el 4 de abril de ese mismo año fue internado en dicho nosocomio, con heridas de bala, el profesor de la Universidad de Chile Gonzalo Toro Garland (sobrino del general de Ejército Horacio Toro, que en democracia fue designado como director de la PDI por Patricio Aylwin), quien luego desapareció desde el recinto. Muchos años más tarde quedó claro que fue secuestrado y entregado a la DINA, motivo por el cual el entonces ministro en visita Mario Carroza “procesó a los miembros del equipo de seguridad, porque ellos eran los que monitoreaban los pasos de los prisioneros que llegaban al hospital”, dice Caucoto, condenando tanto a Silva como al agente de la DINA Manuel Carevic a siete años de presidio por el secuestro calificado de Toro. A ese respecto, detalla que los querellantes en el caso de José Tohá han solicitado varias veces el procesamiento de Silva, sin resultados, por lo cual se están pidiendo algunas diligencias relacionadas con su persona, así como también se solicitarán antecedentes acerca del despido de Chelén desde la PDI, en caso de que se reabra la causa.

Un largo camino Caucoto señala que recién después de 41 años de la muerte de Tohá “se condenó por aplicación de tormento a dos agentes de la FACh”, en referencia a los exagentes de inteligencia de la Fuerza Aérea Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías, quienes fueron condenados a tres años de presidio por haber torturado a Tohá mientras se encontraba recluido en la AGA y luego en el propio Hospital Militar. Asimismo, agrega que recién a los 47 años del homicidio se produjo el procesamiento de Chován y que, por ende, pese al tiempo transcurrido, confían en que la Corte capitalina acoja la solicitud, revoque la decisión de primera instancia y ordene que el caso se siga investigando.