Historia del Mepco: la bitacora de los 35 años conteniendo las bencinas y las distintas miradas ante la “dolorosa” decisión de Kast y Quiroz

Marzo de 2026 marca un quiebre poco habitual: por primera vez en tres décadas, el alza de los combustibles se traspasó íntegramente a los consumidores. Sin amortiguación, sin colchón. El mecanismo que durante años había servido para suavizar los golpes del mercado internacional simplemente dejo de operar tras la decisión del gobierno de José Antonio Kast y su ministro del Interior Jorge Quiroz Para entender el giro hay que retroceder.

En 1991 debutó el primer sistema de estabilización, creado para contener el impacto de las bruscas alzas del petróleo —casi siempre originadas lejos de Chile, en conflictos del Medio Oriente—. La lógica era clara: un país que importa prácticamente todo su crudo no puede quedar completamente expuesto a esas sacudidas. Desde entonces, distintos gobiernos —de Aylwin a Piñera y Boric— optaron por intervenir, amortiguando las variaciones y evitando que cada salto del barril se sintiera de inmediato en el bolsillo.

Pero esta vez fue distinto. El gobierno de José Antonio Kast activó una cláusula legal y decidió sincerar los precios. El resultado fue inmediato: fuertes alzas en gasolina y diésel, filas en las bencineras y un impacto político que se dejó ver incluso en las primeras semanas de la administración.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha fundamentado esta decisión en la fuerte alza que sufrió el precio del crudo ante el conflicto en Medio Oriente. “Desde febrero, el precio del crudo experimentó un alza 55%” indicó en la comisión de Hacienda del Senado cuando presentó el proyecto con medidas paliativas como la mantención el precio de la parafina y la entrega de un bono de $100 mil mensuales (por seis meses) para los taxistas y transportistas de buses escolares. La autoridad sostuvo que dada la rapidez del alza, el sistema de amortiguación actual llamado Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), no es eficiente porque golpea inmediatamente las arcas fiscales.

Manifestó que en las últimas tres semanas el costo ha sido de US$220 millones -US$100 millones por menor recaudación-, y en una sola semana ascendió a US$140 millones. “Si seguimos con el sistema como estaba operando, este costo subirá a US$160 millones por semana. ¿Hasta dónde se puede llegar?

El sistema no aísla al precio interno del internacional, sino que retarda las alzas. Entonces, en el lapso de un mes, si nos quedamos acá cruzados de brazos, serían US$640 millones, y en dos meses ya estamos en US$1. 200 millones.

La situación que tenemos es extremadamente crítica, enfrentamos esta crisis internacional con estrechez fiscal, esa es la verdad bastante aguda, que no nos permite perseverar en la contención de precios”. Por esta vez, el sistema de amortiguación no sirvió para los objetivos de la autoridad, aunque se mantendrá para los próximos meses. “El sistema que hoy tenemos, no lo hemos modificado ni proponemos modificar porque no queremos efectuar esa discusión a estas alturas” remarcó el jefe de las finanzas públicas.

35 años de historia de una política pública no es fácil de eliminar, menos cuando ha producido una especie de acostumbramiento en la población. “Otros países tienen un sistema de subsidios que son mucho más costosos que este. Diría que la ventaja del MEPCO es que, al menos en el papel, es un mecanismo que no subsidia de manera permanente, sino que es neutral en el tiempo”, puntualiza el Coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González.

“Tiene una serie de beneficios como que al final protegen a la población de episodios de alza importante. Cuando uno mira por qué el ministro Marcel estabilizó los precios durante la guerra de Ucrania, es porque, mirándolo desde afuera, ponderó más estos otros factores que el impacto regresivo de la medida. Se puede perfeccionar, por supuesto, pero, a mi juicio el mecanismo es bueno comparado con la alternativa de traspaso directo, como en Estados Unidos, por ejemplo”, añade.

Del FEPP al Mepco ante los vaivenes internacionales Fue en 1990 cuando el primer gobierno del retorno a la democracia decidió intervenir en el mercado ante el fuerte incremento de precios del crudo que llegó a US$36 en octubre, casi el doble del promedio de los últimos años, debido a los conflictos en el Golfo Pérsico (Irak-Kuwait). Se creó por Ley en 1991 el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), con el objetivo “de disminuir los riesgos inflacionarios, fiscales y de balanza de pagos, en nuestra economía”. “Nos pareció que era muy importante buscar un mecanismo que no eliminara ni anulara el efecto del alza de los precios internacionales, sino que suavizara las fluctuaciones, porque las fluctuaciones son súper negativas.

Y así lo estamos viendo ahora”, explica Carlos Ominami, ministro de Economía del expresidente Patricio Aylwin. El Fondo tuvo un aporte inicial de US$200 millones de dólares, provenientes del sobreprecio del cobre. Su funcionamiento era que ante un aumento de precios se subsidiaba con recursos del FEPP y cuando el valor de las bencinas bajaba, la recaudación de destinaba al mismo Fondo y al Fondo de Compensación del Cobre.

Se esperaba que el diseño fuera neutro para las arcas fiscales. Durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), el petróleo sufrió una escalada que terminó duplicando el precio en cuatro años debido a un período de boom de crecimiento mundial, y que en agosto de 2005 registró un peak de US$64, arrastrado por distintos fenómenos climáticos en el hemisferio norte que desembocaron en el huracán Katrina. Para enfrentar los vaivenes se contrató un seguro internacional a través de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), y después se dio paso al nuevo mecanismo, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados de Petróleo (FEPCO).

Acá se adicionaron US$10 millones resultado de la rentabilidad financiera obtenida por las inversiones del Fondo de Compensación del Cobre. Este mecanismo tenía fecha de término: 30 junio de 2010. Por ello, el próximo gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto de ley el 13 de julio de 2010 que dio un giro al diseño sentando las bases del mecanismo actual: pasó de ser un Fondo con capital propio a una banda que amortiguaba ajustando el impuesto específico.

El Mensaje que acompañó dicho proyecto fue crítico de los sistemas anteriores: “como el FEPP funcionó por varios años con un saldo ínfimo no brindó cobertura ante el cierre de refinerías provocadas por el huracán Katrina; y el FEPCO estuvo a punto de agotarse en junio de 2008, lo que obligó a autorizar un nuevo aporte por US$1. 000 millones”. “El costo fiscal global se estima en US$2.

344 millones en diez años… esta cifra está lejos del costo fiscal que tendrá una estabilización genuina, que sería cero”, indica el documento que concluye que ambos mecanismos entregaron “grandes subsidios”. Por ello, ante la austeridad fiscal provocada por el terremoto y maremoto, se propuso un nuevo diseño que significara menos costo, “sin descuidar el apoyo al consumidor que no puede obtener de otro modo plazo para ajustarse a aumentos rápidos y significativos en los precios externos”. Entonces, se estableció el Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles, SIPCO, que por primera vez se comenzó a mover en virtud del impuesto a los combustibles: cuando los precios externos suben, se reduce dicho gravamen, y viceversa, lo que al final del día debiese ser neutro fiscalmente.

También se planteó introducir seguros de protección ante variación de precios, “pero era un seguro que no existía en el mercado y cuando se cotizó era incontratable, lo que hacía ineficiente utilizar ese sistema”, precisa la académica de la facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Michelle Labbé. La Ley del SIPCO se publicó en enero de 2011, lo que le permitió sortear la escalada de precios que en abril de 2011 marcó US$123 el barril debido a la inestabilidad política en Oriente Medio y el norte de África. El excoordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda durante Piñera 2, Hermann González destaca la permanencia de este mecanismo: “Los cambios de parámetros que han habido durante los últimos años en distintas instancias no son cambios metodológicos, sino que se han realizado dentro de la institucionalidad.

Y por ejemplo, durante el estallido se evitaron alzas que tendrían que haber ocurrido por los movimientos de los precios internacionales y el tipo de cambio, porque el ambiente era muy complejo para cualquier otra alza de algún precio. La metodología está sentada ya hace un buen tiempo, la última década” Cabe recordar que como la parafina no paga gravamen específico se mantuvo el FEPP con aportes específicos del Estado -US$5,4 millones-. Este año el gobierno de Kast lo aumentó en US$60 millones.

En 2014, el gobierno de Michelle Bachelet creó el MEPCO, que con el paso de los años ha sufrido cinco ajustes para ampliar el umbral de cláusula de salida, y modificar los parámetros de banda y períodos de tiempo. Los argumentos para modificar el SIPCO eran que al operar con una banda en dólares y muy ancha no entregaba “una protección efectiva a los consumidores ante cambios brucos en los precios de los combustibles”. No obstante, mantuvo el diseño de amortiguar a través del impuesto específico que calificó “de buen instrumento de política pública” y de progresivo en cuanto son las familias de más altos ingresos las que consumen gasolina.

“El MEPCO tiene un componente de economía política, porque antes siempre que venía un alza, aparecían todos diciendo que había que eliminar el impuesto específico a la gasolina, y se ajustó por esa vía. El gobierno de Piñera introdujo esa idea y con Bachelet lo modificamos de modo que cuando el precio subía, el alza fuese más moderada, y cuando bajaba, también. En términos de mediano y largo plazo el impacto es neutro porque el precio real se traspasa al final, no queda subsidiando para siempre.

Y además evita el pirquineo de peticiones por sectores específicos”, recuerda el entonces subsecretario de Hacienda y hoy académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Micco. Este mecanismo fue evaluado en agosto de 2023 por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Se detectó que su funcionamiento efectivamente había amortiguado los precios: “Las cifras sugieren que, si el Mepco no hubiese entrado en vigencia, las fluctuaciones observadas para los precios mayoristas de los combustibles habrían sido aproximadamente el doble de lo que terminaron siendo gracias a su aplicación.

También es posible concluir que el efecto amortiguador del mecanismo ha sido mayor para el precio de las gasolinas (de 97 y 93 octanos, respectivamente), que para el petróleo diésel”. Por el lado fiscal, el CFA reparó en el objetivo de “neutralidad” del costo fiscal: “entre 2020 y 2022 la desestabilización del mercado energético mundial conllevó a que el efecto fiscal acumulado desde que opera el Mepco, pasara desde US$369 millones de recaudación neta acumulada en 2020, a US$2. 586 millones de menor recaudación y subsidios acumulados en 2022”.

Evaluación de la decisión de Quiroz La decisión del ministro Quiroz de sincerar los precios y pausar el uso del MEPCO concita diversos análisis dentro de los expertos. Unos en contra de la idea y otros a favor. “El MEPCO, a mi juicio no es una política pública eficiente.

Primero porque no permite que se traspase la señal de precios al mercado: en estas últimas semanas todos los ciudadanos consumimos gasolina a mil, mientras que en el mundo el precio había aumentado 50%. Cuando el precio sube, cae la demanda, esa es la forma de eficientar el uso de recursos”, indica Labbé quien está de acuerdo con sincerar los precios externos de forma inmediata. Por otro lado, si bien, Ominami cree que las familias deben asumir los mayores costos del petróleo, el gobierno debió haber suavizado esta realidad: “Es cierto que estamos en un cuadro internacional mucho más turbulento y crítico.

El tema es cómo se maneja esa emergencia y creo que salieron reprobados. Aquí hay incompetencia técnica, hay insensibilidad social, hay ideologismo y hay responsabilidad política. Es la tormenta perfecta, están apagando el incendio con bencina, y además con baja en la aprobación del gobierno”.

La académica de la USS, Michelle Labbé remarca que un país debe focalizar los escasos recursos que tiene, sobre todo en un escenario de estrechez fiscal: “más allá del costo político, en este caso, mi respuesta era que, aunque hubiera querido (usar el MEPCO), no tuvieran opción porque no estaban los recursos. Mi sensación es que en la Dipres la disponibilidad de recursos está mucho peor de lo que todos creemos. Y al final, el gobierno debió elegir entre subsidiar combustible o pagar los remedios o las subvenciones escolares”.

Al contrario, Ominami cree que el país tiene la calificación crediticia para en caso de ser necesario, haber tomado más deuda. Considera que acá se arriesga mucho capital político: “las medidas paliativas tuvieron que ir cambiando sobre la marcha agregando a los transportistas escolares y sacando a las pymes del cobro del IVA. Ahora están reclamando los del transporte urbano y capaz que haya que corregir el proyecto la próxima semana.

Y muy pronto vamos a ver como sube el precio del pan que en su precio tiene un componente de combustible bien fuerte. Yo creo que ellos transformaron una emergencia internacional cierta en una severa crisis interna”.