Guerra de lobby por las PMGD tiene a Quiroz y a Rincón contra las cuerdas

La tensión política en el mercado eléctrico chileno entró en una nueva fase: la guerra del lobby. Lo que hasta hace algunos meses parecía una discusión técnica sobre reglamentos y operación del sistema hoy se transformó en una batalla de alto voltaje entre fondos internacionales, generadoras, gremios renovables, la gran minería y el propio Gobierno. En el centro del conflicto están los decretos supremos 88 y 125, normas impulsadas originalmente durante la administración de Gabriel Boric y diseñadas bajo el liderazgo del entonces ministro de Energía, Diego Pardow.

Su objetivo era corregir una serie de distorsiones regulatorias asociadas al régimen de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), un segmento que durante años ha operado bajo un esquema de precios estabilizados ampliamente cuestionado por otros actores del sistema. Como es de público conocimiento detrás de los PMGD no existen pequeños inversionistas locales. Por el contrario, el sector cuenta con grandes espaldas financieras internacionales, incluyendo fondos de inversión globales con fuerte presencia estadounidense, capaces de desplegar una intensa capacidad de lobby político y financiero.

El giro que detonó la ofensiva El conflicto recrudeció luego que el Ministerio de Energía, encabezado por Ximena Rincón, decidiera reingresar a Contraloría los decretos sin modificaciones sustanciales respecto de la versión heredada del gobierno anterior. La señal fue interpretada como una continuidad regulatoria inesperada. En el sector PMGD esperaban que el nuevo Gobierno desarmara parte importante de la arquitectura impulsada por Pardow, especialmente las normas destinadas a reducir las ventajas operacionales y económicas del régimen estabilizado.

Pero ocurrió lo contrario. El reingreso confirmó que el Ejecutivo mantendría la línea técnica que busca: limitar distorsiones del precio estabilizado, incorporar mayores exigencias operacionales, permitir restricciones y vertimientos en igualdad de condiciones, y reforzar las atribuciones del Coordinador Eléctrico Nacional. Fue entonces cuando comenzó la ofensiva política de alto voltaje.

La presión de Quiroz sobre Rincón El episodio más visible ocurrió durante el ChileDay. Allí, representantes del mundo PMGD escalaron directamente el conflicto hacia el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enviándole una dura carta donde lo acusaban implícitamente de validar la orientación regulatoria del exministro Diego Pardow. La movida tenía un objetivo político evidente: instalar que el nuevo Gobierno estaba administrando exactamente la misma agenda energética de la administración Boric.

Y, según fuentes muy bien informadas del sector eléctrico, la presión sí produjo efectos. Las mismas fuentes señalan que Quiroz aumentó la presión sobre la ministra Rincón para que evaluara retirar nuevamente los decretos desde Contraloría, en lo que sería el segundo retiro de la reforma regulatoria. La contra ofensiva minera y eléctrica El Consejo Minero golpeó fuerte.

En una carta enviada a la ministra Ximena Rincón advirtió que el régimen vigente ha significado “US$700 millones de mayor costo sistémico”. Lea acá la carta del Consej0 Minero La entidad sostuvo además que los altos costos eléctricos afectan directamente la competitividad del país y la capacidad de electrificación y descarbonización de la minería. A medida que crecían las señales de un posible nuevo retiro de los decretos, comenzaron a llegar nuevas misivas de Generadoras de Chile y de la Asociación de Generación Renovable (AGR), ambas defendiendo la pronta publicación de los reglamentos y alertando sobre los riesgos de seguir dilatando la reforma.

Generadoras de Chile sostuvo que el actual marco regulatorio “ha quedado superado por la realidad tecnológica y el crecimiento exponencial del sector” y advirtió sobre “desafíos críticos de seguridad operativa, visibilidad técnica y eficiencia económica”. Lea acá la carta de Generadoras de Chile La asociación también recordó que los PMGD operan bajo un régimen de autodespacho que limita la capacidad de coordinación del sistema y dificulta la gestión de contingencias y congestiones eléctricas. Como antecedente, se menciona el apagón del 25 de febrero de 2025 y las advertencias previas del Coordinador sobre vulnerabilidades operativas asociadas a la falta de monitoreo y control de estos recursos.

La carta que apuntó al lobby internacional Pero fue la carta enviada por la Asociación de Generación Renovable (AGR) la que elevó aún más la tensión política del conflicto. A diferencia de las otras misivas, AGR apuntó directamente al lobby desplegado por fondos internacionales dueños de PMGD y vinculó explícitamente esas presiones con lo ocurrido durante el Chile Day. Lea acá la carta de la Asociación de Generadoras renovables (AGR) El gremio sostuvo que los reglamentos cuestionados “sólo tienen por objeto corregir graves distorsiones a la competencia” que favorecen al segmento PMGD “en perjuicio del resto del sistema eléctrico”.

En uno de los párrafos más duros del documento, la asociación sostuvo que: “los PMGD actualmente gozan de un subsidio cruzado que pagan, directa o indirectamente, todos los chilenos”. Pero el verdadero punto de inflexión político apareció después. La AGR afirmó que existe una “intensa presión” ejercida sobre la institucionalidad chilena por “diversos fondos de inversión internacionales” con el objeto de impedir o postergar la entrada en vigencia de las modificaciones regulatorias, señalando expresamente que esa presión “ha llegado a expresarse incluso en la última edición del Chile Day”.

La asociación advirtió además que ceder frente a esas presiones instalaría “un precedente delicado respecto de la capacidad del país para corregir distorsiones de mercado”. En términos políticos, la carta de AGR introdujo un elemento especialmente incómodo para el Ejecutivo: la idea de que la disputa dejó de ser únicamente regulatoria y comenzó a poner a prueba la autonomía del Estado frente al poder financiero internacional. Y en esa disputa, el Ejecutivo quedó atrapado entre dos fuegos: entre la presión financiera y política de inversionistas PMGD, y la ofensiva de la minería y las grandes generadoras para cerrar un régimen que consideran una anomalía que le está costando muy caro al país.