Gremios critican norma que permitiría uso "gratuito" de contenidos para IA

Una fuerte controversia ha generado a nivel nacional y en la Región de Coquimbo el artículo 8 del proyecto de Reconstrucción Nacional — también denominado “Ley Miscelánea” — impulsado por el ejecutivo, luego que se conociera que la iniciativa incorpora una excepción a la Ley N. º 17. 336 de Propiedad Intelectual, la cual, permitiría utilizar obras protegidas sin autorización ni remuneración a sus autores, en el contexto del entrenamiento y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial (IA).

La disposición, contenida en el nuevo artículo 71 T, habilita el uso de obras ya publicadas para procesos de extracción y análisis automatizado de datos — conocido como "text and data mining" — siempre que no exista una explotación comercial directa del material. Sin embargo, la amplitud de la redacción ha encendido alertas tanto a nivel nacional como regional, especialmente entre medios de comunicación, gremios de artistas y agrupaciones vinculadas a la economía creativa. Retiro del artículoDesde la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifestaron su rechazo a la norma, advirtiendo que, tal como está planteada, permitiría a sistemas de inteligencia artificial — incluyendo plataformas generativas de grandes empresas tecnológicas — utilizar contenidos periodísticos sin autorización, licencia ni compensación económica.

Según el gremio, esto incluye noticias, reportajes, columnas, fotografías e infografías, es decir, la totalidad de la producción editorial. Asimismo, cuestionaron que la cláusula que prohíbe una “explotación encubierta” carece de criterios claros, dejando en manos de los titulares de derechos la carga de iniciar procesos judiciales complejos y costosos frente a actores con mayor capacidad económica y tecnológica. esa línea, la ANP solicitó al ejecutivo retirar el artículo o, en su defecto, acotar su alcance a fines de investigación científica sin fines de lucro, además de excluir explícitamente a los contenidos periodísticos.

En una línea similar, la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) expresó su preocupación señalando que la norma “abre la puerta” a que contenidos audiovisuales sean utilizados por sistemas de IA sin control ni reconocimiento a quienes los producen. El gremio recalcó que detrás de estos contenidos existe inversión, trabajo profesional y estándares editoriales que podrían verse vulnerados. Además, recordaron que una propuesta similar ya había sido discutida - y rechazada - en la Cámara de Diputados en el marco del proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial, durante la administración Boric.

Precarización laboralA nivel regional, en tanto, las reacciones no se han hecho esperar. Hernán Larrondo, gestor de Verso. cl e integrante de la Asociación Gremial Industria de la Música de la Región de Coquimbo (IMREC), advirtió que relativizar la protección de los derechos de autor puede tener consecuencias graves para las industrias creativas.

“Esto puede profundizar la precarización laboral en el sector cultural, que ya enfrenta condiciones complejas, afectando directamente la calidad de vida de sus trabajadores”, advirtió. Falta de consideraciónPor su parte, desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) también manifestaron reparos, reiterando que la propuesta vulnera principios esenciales del derecho de autor, como la necesidad de autorización expresa para el uso de obras protegidas. Según la entidad, la norma excede cualquier estándar razonable al permitir el uso de material sin restricciones claras, lo que podría generar un desequilibrio en perjuicio de los creadores frente a grandes conglomerados tecnológicos.

Y dado que una norma similar ya fue rechazada como se señaló anteriormente, consideran que reintroducirla en un proyecto de distinta naturaleza no solo resulta improcedente, sino que también evidencia una falta de consideración por parte del gobierno hacia un debate que ya había sido resuelto. Disponibles para perfeccionar la propuestaEn medio de las críticas, el seremi de Gobierno, Darwin Cortés, llamó a abordar el tema con responsabilidad, asegurando que el ejecutivo está disponible para perfeccionar la propuesta durante su tramitación. “Lo que corresponde es dar este debate con seriedad en el Congreso, escuchando a todos los actores involucrados.

Si hay aspectos que corregir, para eso está el proceso legislativo. Lo importante es avanzar en modernización sin pasar a llevar la propiedad intelectual”, sostuvo. De momento, el debate, que recién comienza su tramitación en el Congreso, anticipa un escenario complejo, donde se cruzan intereses económicos, avances tecnológicos y la protección de derechos fundamentales.

En la región, en tanto, el mundo cultural y de las comunicaciones observa con preocupación una normativa que, a su juicio, podría impactar directamente en la sostenibilidad de sus actividades y en el resguardo del trabajo creativo.