Greenpeace pide investigar posible nueva arista de corrupción vinculada al proyecto Dominga

El pasado jueves 14 de mayo, Greenpeace Chile presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables —como autores, cómplices o encubridores— de los delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, en el marco de la tramitación del proyecto minero portuario Dominga, de la empresa Andes Iron. Esta acción, que hoy fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se presentó luego de que un reportaje periodístico de Reportea revelara que Andes Iron, como titular de Dominga, habría realizado pagos por más de 255 millones de pesos al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, pese a que la empresa cuenta con otro estudio para su representación y asesoría jurídica. Cabe recordar que dos de los socios del estudio en cuestión —los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas— actualmente se encuentran imputados y en prisión preventiva por su intervención en un esquema de corrupción del Poder Judicial.

Mauricio Daza, abogado penalista que representa a Greenpeace en esta acción judicial, aseguró que es necesario aclarar ante la opinión pública para qué fueron contratados estos abogados y cuál fue su rol en la tramitación de Dominga: “Aunque la glosa de estos pagos asegura que los servicios contratados habrían sido ‘asesoría jurídica y técnica vinculada al proceso de calificación ambiental’ del proyecto en cuestión, hay abundante evidencia respecto de que esto no sería así, por lo que es importante entender cuál fue el verdadero rol encomendado a los abogados Lagos y Vargas, hoy también imputados por su intervención en el Caso Muñeca Bielorrusa y eventuales pagos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco”. El abogado agregó que “es fundamental que se aclare si existió alguna actuación ilícita en el contexto de la tramitación judicial del proyecto Dominga, considerando que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están imputados y en prisión preventiva porque habrían pagado coimas a Vivanco, a fin que actuara en favor de uno de sus clientes. Además, se ha revelado a partir de esa investigación penal que tanto el actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, como su cónyuge, María Cecilia Ramírez, habrían mantenido vínculos con el estudio “Lagos, Vargas y Silber”.

En este punto se debe recordar que Matus ha votado a lo menos dos veces a favor de Dominga, habiendo sido incluso el redactor de uno de esos fallos”, expresó el jurista “Esta acción judicial busca esclarecer la verdad en esta materia y restituir la confianza en las instituciones públicas, el Poder Judicial y, particularmente, la institucionalidad ambiental, puesto que este tipo de acontecimientos afecta profundamente al Estado en su conjunto”, explicó por su parte Matías Asun, director de Greenpeace Chile, y destacó también la importancia de esta nueva investigación criminal, pues cabe recordar que este proyecto -que ha sido rechazado en tres oportunidades por la institucionalidad competente- estaría forzando su aprobación en tribunales, por lo que urge investigar la posibilidad de eventuales sobornos al Poder Judicial relacionados a la tramitación de Dominga. Asun recordó que durante la larga tramitación del proyecto minero portuario Dominga (desde su ingreso a evaluación en 2013) sus titulares se han visto salpicados en reiteradas oportunidades por acusaciones de corrupción; sin ir más lejos, el exfiscal Guerra -quien sobreseyó en 2017 otra investigación por corrupción en torno a Dominga- hoy está privado de libertad y siendo investigado también por coordinar el cierre de causas de alto perfil a cambio de favores. El director de Greenpeace finalizó señalando que la ciudadanía exige instituciones íntegras, transparentes y que velen por el bien común, no por la riqueza de unos pocos.

“Hoy, más que nunca, es fundamental resguardar la probidad y asegurar que los poderes del Estado actúen con plena autonomía e independencia; la misma independencia que nos permite a nosotros perseguir este tipo de malas prácticas, le debe permitir a los poderes del Estado cumplir con sus funciones a cabalidad, libres de cualquier presión o interés indebido. Solo así será posible fortalecer la confianza pública y garantizar el adecuado funcionamiento de nuestra democracia”, puntualizó Asun.