Greenpeace advierte grave retroceso ambiental y riesgo a ecosistemas en Plan de Reconstrucción de Kast

La organización Greenpeace manifestó su preocupación por el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que la iniciativa debilita la institucionalidad ambiental y pone en riesgo la protección de los ecosistemas en Chile. A través de una declaración, la entidad cuestionó la conducción del Gobierno en temas ambientales, señalando que desde el inicio de la administración se han dado “señales inquietantes”, como el retiro de 43 decretos ambientales, de los cuales —afirman— la mayoría aún no presenta avances en su reingreso. Según Greenpeace, el nuevo proyecto profundiza esa línea al introducir cambios que afectarían herramientas clave de protección, limitando la capacidad de prevenir daños ambientales y reduciendo derechos como el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana.

En concreto, la organización advirtió que la iniciativa debilita la evaluación técnica de proyectos, lo que podría permitir aprobaciones sin una revisión adecuada de sus impactos. Esto, sostienen, incrementaría el riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas, además de abrir la puerta a permisos de menor calidad. Otro de los puntos críticos señalados apunta a la afectación de los fiordos patagónicos y la biodiversidad.

Greenpeace acusó que el proyecto reduce el monitoreo ambiental y permitiría la relocalización de operaciones salmoneras en nuevas zonas sin evaluación ambiental ni participación ciudadana. Asimismo, la organización alertó sobre una merma en las facultades de los tribunales ambientales, lo que dificultaría frenar proyectos con potencial impacto negativo. A esto se suma la eliminación de herramientas para impugnar resoluciones de calificación ambiental y la reducción de plazos para acciones judiciales, lo que —según indican— restringe el acceso a la justicia.

En el plano económico, Greenpeace advirtió que las modificaciones podrían incluso aumentar los costos para el Estado, al destinar recursos públicos a compensar proyectos aprobados bajo estándares más débiles. Finalmente, la organización se declaró en “estado de alerta” frente a la tramitación del proyecto, al que calificó como “peligroso” para el país, acusando que, bajo la premisa de favorecer la inversión, genera mayor incertidumbre y compromete tanto el medio ambiente como la salud de la población.