Grave: Subsecretaría de DDHH habría instruido «no apelar» a fallo que liberó a exagente de la DINA César Manríquez

A través de una declaración pública, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos (Anfuddhh) denunció que la autoridad a cargo de la repartición, el abogado Pablo Mira Hurtado, instruyó no apelar al fallo que liberó de la cárcel al exjefe de la Brigada de Inteligencia de la DINA, César Manríquez Bravo. Recordemos que esta semana, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo y ordenó la excarcelación del represor, argumentando que a sus 95 años, sufre una condición clínica equivalente a una «enajenación mental sobreviniente». Entre los casos por los que Manríquez estaba condenado, están el secuestro de los cineastas Jorge Müller y Carmen Bueno, y del militante del MAPU Sergio Lagos Hidalgo (ocurridos en 1974), además de varias desapariciones vinculadas a la Operación Colombo.

En ese sentido, desde la Anfuddhh recordaron que «el mandato institucional de la Subsecretaría de DDHH está inspirado por la garantía de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y No Repetición», lo cual se materializa «en el ejercicio de todas las acciones judiciales necesarias en el marco de la asistencia legal a los familiares de víctimas de violación de derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil militar en Chile». Seguidamente, indicaron que «el Programa de DDHH, que presta apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada, históricamente se ha hecho parte en este tipo de decisiones buscando que criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas luego de años de impunidad». «Dicha competencia fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia en la causa Rol N°67.

444-2016, toda vez que dice relación con la ejecución de condenas impuestas por tribunales en estos procesos», agregaron las y los funcionarios de la Subsecretaría de DDHH. Pero, a pesar de lo anterior, denunciaron que en el caso de Manríquez, «la autoridad de la Subsecretaría de DDHH, apartándose de este precedente, instruyó no apelar la decisión, lo que va en contra de las obligaciones del Estado y del mandato legal de la propia institución». «No agotar todas las instancias judiciales en causas relativas a condenados por violaciones a los derechos humanos va en contra de los estándares del derecho internacional en la materia, favoreciendo la impunidad e impide garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir», plantearon desde la Anfuddhh.

La declaración añade que esto «es un pésimo precedente frente a otras causas judiciales en las que el Programa de Derechos Humanos, a través de sus funcionarios, está mandatado a actuar». Por todo lo anterior, las y los funcionarios rechazaron «el intervencionismo político» en esta materia: «Esperamos que la autoridad cumpla con su mandato legal de garantizar verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición», concluyeron desde la Asociación.