Gratuidad universitaria: Qué contempla, cómo funciona y cuál es su costo fiscal

¿Cuándo se originó? A partir de 2016 se implementa la política de gratuidad, que financia matrícula y mensualidad de estudiantes en educación superior durante la duración formal de la carrera. El Estado paga por alumno directamente a la institución mediante los aranceles regulados.

¿Cuál es su cobertura? Inicialmente, el apoyo estaba focalizado en el 50% de menores ingresos, y posteriormente se amplió al sexto decil en 2018. La legislación vigente establece que, si las condiciones fiscales lo permiten, la gratuidad puede expandirse progresivamente hacia hogares de mayores ingresos.

Esta ampliación se activa cuando la recaudación estructural supera determinados umbrales del PIB tendencial, permitiendo incorporar a los deciles 7°, 8°, 9° y 10°. ¿De cuánto es su gasto? La gratuidad en la enseñanza terciaria es uno de los programas sociales de mayor costo fiscal del país, que en el Presupuesto 2025 contempló destinar US$ 2.

442 millones. ¿Cuáles son sus requisitos? Los aspirantes deben completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), donde informan su situación familiar y económica.

Deben provenir de hogares que pertenezcan al 60% de menores ingresos del país, definidos a partir del Registro Social de Hogares (RSH), y no tener un título o licenciatura previa. Para hacer efectivo el beneficio, es necesario estar matriculado en una carrera de pregrado presencial en una institución adscrita. ¿Cuántos beneficiarios existen?

En 2025, 612 mil personas estudiaron con gratuidad. De ellas, casi 26 mil tenían sobre 30 años: el 66% de los alumnos en este rango etario cursaba la educación técnico-profesional. ¿Cuántos planteles contempla?

Son 68 las instituciones que participan del sistema: 38 universidades, 7 institutos profesionales y 23 centros de formación técnica. Intento de freno El proyecto del gobierno anterior que buscaba crear un nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES) planteaba entre sus líneas cambiar la regla que gatilla la expansión de la gratuidad. Con ello, se buscaba volver más exigentes las condiciones fiscales para ampliar el beneficio.