Gratuidad en la mira: “Escuelas Protegidas” desordena a Chile Vamos y activa alerta constitucional

El proyecto de “Escuelas Protegidas” llega a la Sala de la Cámara convertido en algo más que una iniciativa sobre convivencia escolar: es, a estas alturas, un campo de batalla político que dejó heridos en todos los sectores –partiendo por el propio oficialismo–. La propuesta del Gobierno de José Antonio Kast –que se espera llegue a la Sala este lunes– avanzó tras una maratónica sesión de más de siete horas y 111 indicaciones en la Comisión de Educación, pero lo hizo cargando una mochila pesada: sanciones duras, efectos directos en la gratuidad y un diseño que terminó tensionando tanto a la oposición como a Chile Vamos. El punto más explosivo fue, desde el día uno, condicionar la gratuidad en la educación superior a no tener condenas por delitos contra personas o la propiedad.

La norma no solo se mantuvo: se endureció. El texto aprobado fija que quienes sean condenados pierden el beneficio y, además, no podrán acceder a él. Todo esto, pese a que no estaba en el proyecto original y se incorporó durante la tramitación.

Ahí empezó el desorden. En Renovación Nacional (RN), el diputado Diego Schalper abrió flanco al plantear que la medida debía moderarse. No se quedó en declaraciones: activó conversaciones con diputados del PPD, PS y DC –Raúl Soto, Juan Santana y Hector Barría, respectivamente– para ajustar la norma y asegurar votos.

Cabe recordar que Schalper ya había marcado distancia de medidas similares, al advertir que “es una equivocación” cortar la gratuidad –como planteaba la ley miscelánea respecto de mayores de 30 años–, idea que finalmente fue descartada de ese proyecto. El problema es que eso cayó pésimo en la UDI y Republicanos. Desde el gremialismo –que empujó históricamente esta idea– acusaron desorden interno y cuestionaron que RN saliera a negociar con la oposición antes de ordenar la casa.

La señal fue clara: la derecha no estaba alineada en su propio proyecto. Las diferencias no se quedaron ahí. Ya en la votación en comisión, el diputado Luis Pardo (RN) se abstuvo en una de las indicaciones más sensibles: quitar beneficios como la TNE o la Junaeb a estudiantes condenados.

Esa propuesta terminó cayendo por un voto, en medio de advertencias sobre su impacto en la reinserción. En paralelo, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, ha respaldado la idea de revisar caso a caso la restricción de la gratuidad, marcando esa línea más cauta dentro de RN frente a las sanciones más rígidas. El texto que llega a Sala incluye otras medidas que también generan ruido: Revisión de mochilas bajo protocolos estrictos (sin contacto físico ni revisiones corporales).

Sanciones por interrupción de clases. Facultades reforzadas para directores y docentes. Prohibición de capuchas o elementos que impidan identificar a estudiantes.

Y la inclusión de amenazas como conductas que pueden gatillar sanciones. Además, se incorporó una definición amplia de actos que afectan la convivencia escolar –incluyendo la interrupción total o parcial de clases–, aunque el Ejecutivo ajustó la redacción para excluir hechos involuntarios, como casos asociados a estudiantes con condiciones especiales. Desde el Gobierno, la ministra de Educación, María Paz Arzola, ha defendido el proyecto como una respuesta a la violencia escolar y lo ha calificado como “una primera etapa”.

Pero el tono político lo puso el ministro del Interior, Claudio Alvarado, al instalar un marco más duro: quién está contra la violencia y quién la justifica. “Veremos quiénes queremos una buena educación para nuestros hijos y quiénes quieren proteger, o de alguna u otra forma, validar la violencia buscando alguna justificación”, le dijo a Radio Duna. En la oposición, el cuadro tampoco es homogéneo.

Mientras sectores del PS, DC y PPD se abrieron a negociar, el Partido Comunista endureció su postura. La jefa de bancada, Daniela Serrano, ya advirtió que el proyecto tiene visos de inconstitucionalidad y anticipó que evaluarán llevarlo al Tribunal Constitucional. Así, “Escuelas Protegidas” llega a su votación clave con un equilibrio frágil: respaldo mayoritario, pero lejos de ser transversal; una derecha dividida en su punto más simbólico; y una oposición parcialmente disponible, pero con un flanco abierto en el Tribunal Constitucional.