GPS Ciudadano y seguridad escolar: mayoría apoya más control, aunque implique restringir libertades

La seguridad escolar se consolidó como una de las principales preocupaciones ciudadanas tras los recientes episodios de violencia registrados en distintos establecimientos del país. Así lo reflejó un nuevo estudio de GPS Ciudadano de Datavoz, que reveló que un 83,5% de las personas está de acuerdo con aumentar las medidas de control y seguridad en colegios, incluso si eso implica restringir ciertas libertades estudiantiles. Solo un 16,3% sostuvo que se deben priorizar los derechos y libertades aun cuando exista menos control al interior de los establecimientos.

La investigación buscó medir cómo la ciudadanía enfrenta actualmente la tensión entre convivencia, autoridad, derechos y seguridad dentro de las comunidades educativas. “El estudio muestra que hoy existe una demanda muy fuerte por recuperar la capacidad de poner límites dentro de los establecimientos educacionales”, señaló Jorge Fábrega, socio director en Tendencias Sociales de Datavoz. “Más que una discusión ideológica, lo que aparece es una preocupación concreta y real por mantener condiciones mínimas de convivencia y seguridad”, agregó.

El informe mostró además un amplio respaldo a distintas medidas de control. La propuesta con mayor apoyo fue aumentar las penas por delitos cometidos contra personas o bienes en contextos educativos, con un 87,6% de aprobación. Le siguen entregar mayores atribuciones a docentes para resguardar el orden y la convivencia escolar, prohibir vestimenta o accesorios asociados a violencia y revisar mochilas y pertenencias al ingreso de los establecimientos.

El apoyo a estas medidas varía según grupo socioeconómico. En el caso de la revisión de mochilas, el respaldo alcanza cerca del 89% en sectores socioeconómicos bajos, alrededor del 80% en sectores medios y desciende a cerca del 60% en sectores altos. Según Datavoz, esto evidencia que la percepción sobre seguridad escolar se relaciona directamente con la experiencia cotidiana y la exposición a situaciones de conflicto dentro de los colegios.

“Las personas que conviven más directamente con la realidad escolar son justamente quienes apoyan con mayor fuerza medidas de control y sanción”, explicó Fábrega. “Eso sugiere que estas opiniones no nacen desde posiciones abstractas sobre autoridad, sino también desde experiencias cotidianas marcadas por la percepción de desorden o inseguridad”, añadió. El estudio también abordó quién debería ejercer esa autoridad dentro de los establecimientos.

Ante la posibilidad de revisar mochilas, un 33,7% consideró que esa tarea debería recaer en personal de orden y seguridad, mientras que un 32,4% apuntó a profesores o funcionarios de los establecimientos. Solo un 26,2% sostuvo que esa responsabilidad debería recaer principalmente en padres o apoderados. Otro de los resultados mostró que en hogares con estudiantes aumenta el respaldo a medidas sancionatorias más severas.

Por ejemplo, quitar la gratuidad en educación superior a personas condenadas por delitos graves obtuvo un 84,1% de apoyo entre quienes conviven con escolares, mientras que entre quienes no tienen menores en edad escolar el respaldo bajó a 70,1%. Para Datavoz, el fenómeno refleja además una discusión más amplia sobre autoridad y capacidad institucional en Chile. El estudio concluye que lo que ocurre hoy en las escuelas también expresa tensiones presentes en la sociedad chilena entre derechos y control, convivencia y sanción, así como entre experiencia cotidiana y principios generales.

La encuesta fue realizada entre el 18 y el 23 de abril de 2026, mediante entrevistas online a 1. 212 personas mayores de 18 años residentes en Chile. Lea la encuesta completa en el siguiente link.