Gobierno traspasa alza del petróleo a consumidores y se aleja de estrategia aplicada por Marcel en 2022

Hacienda opta por traspasar alzas del petróleo y marca giro respecto a política de 2022 La reciente decisión del Ministerio de Hacienda de acelerar el traspaso del alza internacional del petróleo a los consumidores chilenos, mediante ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), marca un cambio significativo respecto de la estrategia aplicada hace cuatro años, en medio de la crisis energética global. Según la minuta oficial del Gobierno, los precios internos comenzarán a reflejar con mayor rapidez el impacto externo, proyectándose aumentos de hasta $370 por litro en gasolinas y $580 en diésel . La decisión se fundamenta en la estrechez fiscal y el alto costo de sostener el subsidio, que podría alcanzar hasta US$4.

000 millones si se amortiguara completamente el alza . El Presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, «este no es un balde de agua fría, es una barra de hielo». Sin embargo, el criterio contrasta con lo ocurrido en 2022, cuando el propio Ministerio de Hacienda —en el inicio del gobierno de Gabriel Boric— impulsó una política activa para contener el impacto en los hogares.

En ese entonces, el Ejecutivo promovió y logró la aprobación unánime en el Congreso para duplicar los recursos del MEPCO hasta US$1. 500 millones, con el objetivo explícito de evitar que las alzas internacionales se traspasaran directamente a los consumidores. En esa oportunidad, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que el foco era “no afectar con la magnitud observada a nivel internacional” a los usuarios, incluyendo medidas complementarias para el transporte público y otros combustibles.

Hoy, en cambio, la lógica es distinta. Hacienda argumenta que el mecanismo está diseñado para “retardar, no eliminar” las alzas y que el contexto fiscal —marcado por déficit, mayor deuda pública y escasos recursos disponibles— impide sostener subsidios de gran escala . Si bien el Gobierno ha anunciado medidas compensatorias, como el congelamiento del transporte público en Santiago y apoyos focalizados, el eje central de la política apunta a que los consumidores absorban una parte relevante del shock externo.

«El gobierno de Kast anuncia una despiadada alza en los combustibles: +$370 en bencina y +$580 en diésel, un golpe directo al bolsillo de las familias chilenas y al costo de la vida. El gobierno genera la emergencia y la cuenta la paga todo Chile» señaló el Frente Amplio en su cuenta de X. Críticas por impacto en costo de vida El giro ha generado cuestionamientos, especialmente por su impacto directo en el costo de vida.

El aumento de los combustibles tiene efectos en cadena sobre alimentos, transporte y servicios, en un contexto ya tensionado por la inflación. La comparación con 2022 reabre el debate sobre el rol del Estado frente a crisis internacionales: mientras en ese momento se priorizó amortiguar el impacto en los hogares, hoy se privilegia el equilibrio fiscal, trasladando el ajuste a los precios internos. El escenario deja en evidencia una tensión estructural: la capacidad del Estado para intervenir frente a shocks externos depende cada vez más de su espacio fiscal, lo que redefine las respuestas políticas ante crisis globales que, como el alza del petróleo, terminan golpeando directamente a los ciudadanos.

De ahí que muchos analistas se extrañan que, en este escenario, el gobierno anuncie una rebaja de impuestos a las empresas.