Gobierno retira veto presentado por administración anterior a Ley Integral de Personas Mayores

El Ministerio de Desarrollo Social anunció el retiro del veto sustitutivo que la administración anterior de Gabriel Boric había ingresado el 5 de febrero al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. La iniciativa que había sido aprobada de forma unánime por el Congreso. Con esta decisión, la normativa queda en condiciones de ser despachada por el Senado y avanzar en los trámites finales para sum promulgación.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, valoró la medida señalando que responde al compromiso del Ejecutivo con las personas mayores, destacando su rol en la sociedad. “Estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto. Al retirarlo, reforzamos nuestra intención de que la ley se ponga en marcha lo antes posible”, afirmó.

La secretaria de Estado agregó que la próxima semana sostendrá reuniones con organizaciones sociales vinculadas al mundo de las personas mayores, con el objetivo de informar los alcances de la medida y avanzar en su implementación. Desde el Gobierno subrayaron que, en un país con un acelerado proceso de envejecimiento, contar con un marco legal moderno es clave para el desarrollo de políticas públicas sostenibles. En esa línea, la ley busca reconocer a las personas mayores como sujetos activos, promoviendo su participación, autonomía y calidad de vida.

En materia laboral, el retiro del veto permite mantener disposiciones orientadas a la “protección del empleo y la promoción de modalidades de trabajo flexible”. La normativa reconoce el trabajo como una instancia de participación y autonomía, siempre que se desarrolle de manera voluntaria y en condiciones adecuadas, según apuntó la cartera. Asimismo, la ley incorpora un enfoque para combatir el “edadismo”, promoviendo la no discriminación por razones de edad y reconociendo el valor social y productivo de las personas mayores.

La nueva legislación contempla 15 derechos específicos, entre ellos la igualdad y no discriminación, el acceso a la justicia, el derecho a la autonomía e independencia, así como un trato digno y preferente. Además, establece medidas para personas mayores en situación de dependencia, incluyendo la definición de abandono social y la creación de nuevos procedimientos en tribunales de familia para adoptar medidas de protección más ágiles, ampliando las alternativas de cuidado más allá de la institucionalización.