Gobierno retira 43 decretos ambientales: acusan retroceso en protección ecológica

El Gobierno resolvió retirar 43 decretos ambientales que se encontraban en proceso de toma de razón en Contraloría, una decisión que impacta diversas iniciativas vinculadas a la protección de ecosistemas, regulación de emisiones y conservación de la biodiversidad. Entre los decretos retirados figuran propuestas para la creación de áreas protegidas como el Salar de Gorbea, en la Región de Atacama, y el Mar de Juan Fernández, en la Región de Valparaíso. También se incluyen normativas relevantes como planes de descontaminación atmosférica —entre ellos el de Puerto Aysén—, regulaciones para centrales termoeléctricas y el reglamento de evaluación ambiental estratégica.

Asimismo, la medida afecta iniciativas como la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural y la creación de la Reserva Nacional Salar de Pedernales. A esto se suman varios reglamentos asociados al funcionamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), incluyendo normas de ingreso, evaluación de desempeño y compensaciones de biodiversidad. Otros instrumentos que quedaron fuera del proceso son el plan de recuperación de la ranita de Darwin y lineamientos vinculados a la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa.

De acuerdo con antecedentes oficiales, estos decretos habían ingresado a tramitación entre 2023 y 2026. La decisión se suma además a la reciente suspensión del avance en la definición de sitios prioritarios para la biodiversidad. ¿Qué dijo Greenpeace al respecto?

Desde Greenpeace Chile manifestaron una fuerte preocupación por la medida. La abogada Roxana Núñez señaló: “Urge que el gobierno explique con total claridad las razones que llevaron a la Subsecretaría de Medio Ambiente a retirar del trámite de toma de razón en Contraloría un total de 43 decretos en materias fundamentales para la protección ambiental del país”. La organización advirtió que la decisión podría tener efectos estructurales:“representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental”.

También alertaron sobre las consecuencias de frenar estas medidas: “Las consecuencias de esta decisión son profundas: se retrasa la implementación de normas que resguardan la salud de las personas… y se paralizan avances concretos en la protección de ecosistemas y especies”. Finalmente, enfatizaron la necesidad de transparencia:“es indispensable que el gobierno no solo entregue explicaciones claras, sino que además garantice que no se está consolidando un proceso de debilitamiento estructural”.