Gobierno redactó guion para vender el bencinazo: filtran manual con “trampas”, respuestas y relato oficial

El diputado Jaime Araya filtró a través de X un manual interno del gobierno sobre el alza de los combustibles, dejando al descubierto la cocina comunicacional con que el Ejecutivo busca vender el bencinazo. El documento, titulado “Minuta sobre el alza de los combustibles” y marcado como “confidencial y de uso interno”, no solo entrega explicacione sobre el aumento, sino que establece un guion para autoridades, con respuestas anticipadas , advertencias y lineamientos para ordenar el relato oficial. Más que un informe técnico, el texto funciona como una hoja de ruta políticp y comunicacional.

La minuta articula su discurso en torno a dos ideas fuerza: una crisis internacional que serviría de marco explicativo para el alza y una supuesta estrechez fiscal heredada , argumento que el gobierno utiliza para justificar la falta de margen estatal frente al impacto sobre las familia. pasen a leer la minuta de las mentiras que quiere instalar el gobiernose puede ser más frívolo ?? pensando en instalar un relato, mientras ponen una bomba en el presupuesto de las familias de clase media, solo les interesan los réditos políticos, se les cayó la máscara… pic.

twitter. com/LlwiuaOCkM— Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) March 24, 2026 Un relato basado en guerra y herencia El documento abre con una línea clara: “Hay una guerra” . A partir de ahí, se construye un marco explicativo que vincula directamente el alza de lo combustibles con el conflicto internacional y el aumento del precio del petróleo.

“Eso no lo decidió ningún gobierno chileno. Lo decidió una guerra”, señala la minuta. A esto se suma un segundo eje: la situación de las finanza públicas.

“Y junto con esa guerra, encontramos las finanzas públicas peor de lo que nos podíamos imaginar”, indica el texto, que también afirma que “En 4 años, nos endeudamos por más de 40 mil millones de dólares. Y la caja del Estado, la dejaron completamente vacía”. Sin embargo, este encuadre no es neutro.

Diversos sectores han cuestionado que el gobierno utilice el argumento de la guerra como explicación central del alza, señalando que se trata de una interpretación política del escenario internacional —en el que Estados Unidos e Israel tienen un rol relevante— y que, en el plano interno, convive con una postura del Ejecutivo alineada con Washington. Respuestas anticipadas y control del mensaje Uno de los aspectos más llamativos del documento es la sección de “Preguntas y respuestas anticipadas”, donde se preparan respuestas para eventuales cuestionamientos de la prensa o la oposición. Ante la pregunta “¿Por qué sube la bencina?

”, la minuta responde: “Por dos razones inseparables: hay una guerra que disparó el petróleo un 54% en tres semanas — velocidad no vista en 40 años — y heredamos una crisis fiscal gigantesca por culpa de un gobierno que nos dejó en bancarrota”. También se establecen respuestas frente a críticas políticas. Por ejemplo, ante la afirmación “Este gobierno aplica disciplina fiscal a costa de la clase media.

Recortan subsidio para los que menos tienen”, el documento propone como encuadre: “El gobierno que recortó de verdad fue el que vació el FEPP y dejó US$40 millones en caja”. La minuta incluso incluye instrucciones explícita sobre cómo enfrentar el debate público, indicando evitar ciertos marcos discursivos: “No entrar en el debate abstracto de ‘disciplina fiscal vs. gasto social’.

Ese terreno lo gana siempre la izquierda”. El argumento fiscal en disputa Este doble encuadre —guerra y herencia— se repite a lo largo de toda la minuta. En particular, el argumento de la “estrechez fiscal” ha sido objeto de disputa política en Chile.

Exautoridades del gobierno anterior y economistas han cuestionado que no exista margen de acción para amortiguar el alza, señalando que el Ejecutivo opta por priorizar el ajuste y limitar el uso de herramientas estatale. Desde esa mirada , el énfasis en la falta de recursos funciona también como una justificación política para trasladar el impacto del aumento a los hogares. “Errores que no se pueden cometer” El documento dedica un apartado completo a lo que denomina “errores que no se pueden cometer — lista roja”, donde se detallan conductas que deben evitar autoridades y voceros.

Entre ellas, se señala: “No decir ‘la situación es grave’”, argumentando que “esa frase activa pánico y transmite pérdida de control”. También se instruye “no hablar de impuestos nuevos o deuda descontrolada” y “no mostrar incertidumbre ante medios”. Otro punto relevante es la indicación de no personalizar críticas sin respaldo: “Los nombres vendrán de la investigación formal.

Adelantarlos sin respaldo documental es un error que puede revertirse en difamación”. Asimismo, se advierte sobre el impacto social del alza: “El aumento de los combustibles va a generar malestar en la ciudadanía, no hagamos que ese sentimiento se profundice por malas declaraciones o malas decisiones”. Anticipación de críticas y “trampas” La minuta también contempla un apartado de “anticipación de críticas de la oposición”, donde se identifican posibles ataques y se sugieren respuestas.

En ese contexto, se incluye una sección denominada “trampa a evitar”, donde se instruye cómo no caer en determinados marcos de discusión. Por ejemplo: “No mencionar jamás a empresas ni a sectores de altos ingresos en este contexto”. Además, el documento plantea una estrategia general para vocerías: “Responder siempre con el triángulo en mente: reconocer la realidad → señalar la herencia → plantear el plan”.

Un relato en disputa La minuta filtrada para vender el bencinazo deja al descubierto algo más que una estrategia comunicacional: revela cómo el gobierno se prepara para administrar políticamente un alza cuyo impacto recaerá sobre los hogares. Más que un informe técnico, el documento funciona como una hoja de ruta para blindar el relato oficial, enfrentar críticas y contener daños. Sin embargo, detrás de ese libreto hay una realidad difícil de maquillar: el aumento de los combustibles no lo absorberá el papel ni las vocerías, sino las familias que verán encarecerse su vida cotidiana.

Por eso, la disputa no es solo por el relato. También es por quién paga la crisis y por la decisión del Ejecutivo de trasladar ese costo a la ciudadanía mientras intenta ordenar el mensaje.