Gobierno impulsa acceso a datos de salud, previsión y educación para agilizar expulsiones de migrantes irregulares

Gobierno impulsa acceso a datos de salud, previsión y educación para agilizar expulsiones de migrantes irregulares El Gobierno ingresó una nueva indicación al proyecto de ley que busca fortalecer el procedimiento de expulsiones administrativas de migrantes irregulares en Chile, incorporando un mecanismo que permitiría acceder a información personal desde organismos públicos y privados vinculados a salud, previsión y educación. La propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante la discusión de la iniciativa en la comisión de Gobierno del Senado. El objetivo, según explicó el Ejecutivo, es reforzar la capacidad del Estado para identificar a extranjeros que permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria y facilitar eventuales procesos de expulsión.

La indicación incorpora un nuevo artículo —el 104 bis— que establece la obligación de entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones y a la autoridad contralora cuando existan procedimientos migratorios en curso. La norma señala que organismos de la Administración del Estado, instituciones previsionales y de salud, además de establecimientos educacionales públicos y privados, deberán proporcionar datos como domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes personales relevantes de extranjeros sometidos a procesos migratorios. En la práctica, esto podría involucrar a entidades como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles, ampliando las herramientas de fiscalización del Estado sobre personas extranjeras que permanezcan en condición irregular.

Gobierno busca fortalecer fiscalización migratoria Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta a aprovechar los distintos puntos de contacto entre migrantes y servicios estatales para avanzar en procesos de identificación y control migratorio. Además, la iniciativa busca detectar posibles incumplimientos laborales y situaciones asociadas a informalidad, uno de los focos que ha marcado el debate público sobre migración durante los últimos años. El senador Andrés Longton respaldó la propuesta y afirmó que la información recopilada permitiría "acelerar procesos de expulsión" y fortalecer la fiscalización sobre extranjeros que permanezcan en el país sin documentación regular.

El parlamentario también señaló que estos antecedentes podrían contribuir a dimensionar el impacto de la migración irregular sobre servicios públicos, particularmente en áreas sensibles como salud y educación. La indicación establece que los datos estarán sujetos a reserva y solo podrán utilizarse para fines migratorios específicos, conforme a la legislación vigente sobre protección de datos personales.