Gobierno de Kast le pide la renuncia a la directora nacional del Sence

Siguen los cambios y movimientos entre las entidades dependientes del Ministerio del Trabajo. Este miércoles, se conoció que el Gobierno le solicitó la renuncia a la abogada Romanina Morales Baltra, quien hasta ayer se desempeñaba como directora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). A través de un correo interno, se informó a los funcionarios del servicio dependiente del Ministerio del Trabajo que Morales Baltra "cesó en sus funciones como directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo -Sence-, cargo que ocupaba desde mediados del año 2023".

El escrito agrega que como institución "manifestamos nuestro agradecimiento por su gestión y compromiso expresado durante todo el período de tiempo que estuvo a la cabeza del Servicio". Morales es abogada de la Universidad de La Habana, Cuba, título validado en 1994 en la Universidad de Chile. Tiene un magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, un diplomado en Reforma Procesal Penal, Juicio Oral y Litigación de la Universidad Diego Portales, un diplomado en Derecho Penal Económico de la Universidad Alberto Hurtado y un diplomado en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile.

Asimismo, la profesional es hija de la histórica exministra del Trabajo durante el Gobierno de la Unidad Popular, Mireya Baltra Con todo, la dirección nacional de la entidad fue asumida en calidad de subrogante por Rodrigo Valdivia Lefort, jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas. Valdivia es ingeniero comercial, psicólogo laboral y con un master en Economía de la Universidad de Kingston en Londres y forma parte del Sence desde 2019. Con respecto al futuro del servicio, se desconoce a la fecha si el Gobierno definirá al próximo director a través de un concurso por Alta Dirección Pública, o si utilizará una de las denominadas "balas de plata", que le permite al nuevo Ejecutivo designar directamente a hasta 12 cargos adscritos a Alta Dirección Pública sin necesidar de concurso público en los primeros seis meses de su administración.