Gobierno anuncia ley corta para postergar implementación de una parte de nueva Ley de Seguridad Privada

La mañana de este lunes la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) anunció el envío de un proyecto de ley corta con el cual busca postergar la implementación, en parte, de la nueva Ley de Seguridad Privada, la cual fue promulgada en marzo del 2024 durante la administración del entonces Presidente Gabriel Boric. El anuncio fue realizado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien afirmó que la nueva iniciativa busca postergar en seis meses, hasta noviembre, los plazos que tienen las empresas obligadas -por la Ley de Seguridad Privada- para presentar sus planes y programas de seguridad. Según lo establece la normativa promulgada en 2024, la SPD tiene hasta fines de mayo para tramitar las autorizaciones y certificaciones de quienes hasta ahora se desempeñan como guardias de seguridad, así como también de las empresas que deben presentar dichos programas y planes.

Según afirmó la subsecretaría, la postergación en seis meses permitiría “una transición ordenada, gradual y técnicamente viable”. Quintana afirmó que “estamos entregando certezas con esta Ley Corta, que extenderá la aplicación de esta normativa en seis meses más, es decir, hasta noviembre de este año. Podríamos haber enfrentado una situación muy grave al no contar con la acreditación ni certificación de aproximadamente 30 mil personas”.

Lo anterior, porque de terminarse el plazo no habiéndose realizado las autorizaciones y certificaciones de quienes se desempeñan como guardias, se podría provocar una afectación o paralización de las empresas de seguridad, quienes despliegan guardias, vigilantes, rondines, inspectores y hasta conserjes en diversas entidades públicas y privadas. La misma subsecretaria Quintana había afirmado en La Tercera que la Ley de Seguridad Privada estaba con problemas en su implementación, principalmente por la Unidad de Seguridad Privada de la SPD, la cual -afirmó- tenía inconvenientes. “Ahí es donde más problemas nos encontramos.

Esa era la unidad precisamente que estaba peor mantenida de todas y que tenía que ver, por ejemplo, con la implementación de las plataformas de certificación y acreditación de los guardias y de los inspectores de seguridad. No estaban funcionando hace rato”, afirmó Quintana en conversación con este medio el sábado 25 de abril. Un reglamento en espera La misma Ley de Seguridad Privada, además, también requiere de un reglamento, el cual tras el arribo del nuevo gobierno fue retirado por la SPD.

Según explicaron desde la subsecretaría este lunes, aquello se debió porque se busca “perfeccionar su contenido, corregir aspectos no previstos en su formulación original e incorporar observaciones técnicas levantadas junto a actores clave del sector”. En esa línea, Quintana afirmó que “cuando retiramos el reglamento, lo hicimos para perfeccionar su contenido e incorporar la voz de quienes participan directamente en esta industria, porque nuestro objetivo siempre ha sido construir una regulación robusta, aplicable y eficaz. Apuntamos a una normativa más eficiente para el Estado, y, sobre todo, más útil para la protección de las familias de Chile”.

Sobre lo mismo, durante los anuncios de este lunes, la autoridad de gobierno anunció que se convocó a una “Fuerza de Tarea de Modificaciones Normativas” de colaboración público privada para la implementación de la legislación. Esta iniciativa reunirá al Ejecutivo con representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Banco Estado Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores (ASEVA), Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad A. G.

(ACHEA), HUB Líderes de Seguridad, Cámara Nacional de Seguridad Privada A. G. , Cámara de Centros Comerciales de Chile, Cámara de Comercio de Santiago, la oficina de seguridad del Poder Judicial, Carabineros, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) Dirección General de Aeronáutica Civil y la Asociación Gremial de OTEC (Agotec).

Por su parte, el jefe de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros, general Stephan Godomar, destacó que “es relevante conocer los pormenores de cómo se van a dictar los reglamentos que van a implicar nuestra operación en el terreno como fiscalizadores de guardias, vigilantes, rondines y conserjes. La seguridad no sólo depende de las instituciones policiales sino de todos los organismos del Estado y privados para abordar los desafíos de manera conjunta”.