Gobierno anuncia fondo de $1.200 millones para inversión de equipos de seguridad en 50 municipios

La Subsecretaría de Prevención del Delito anunció ayer miércoles la creación de un fondo de $1. 200 millones de pesos para que 50 municipio del país puedan adquirir equipos de seguridad. Esto fue dado a conocer tras una reunión que sostuvo el Ejecutivo, representado por la subsecretaria Ana Victoria Quintana, con la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación de Municipios Rurales de Chile.

"Estos $1. 200 millones van a ser puestos a disposición de las municipalidades para que puedan ellos invertir donde les parezca más necesario, dependiendo de el sector donde ellos ejercen su administración", dijo Quintana. Los recursos adicionales estarán disponibles una vez publicada el reglamento sobre la nueva Ley de Seguridad Municipal: "Nosotros hemos revisado, hay unos kits de seguridad que traen distintas cosas, que van a poder ser revisados por ellos, y en el fondo con este dinero poder hacer la adquisición en seguridad que ellos estimen conveniente para cada zona", agregó la subsecretaria de Prevención del Delito.

Paralelamente, tras la reunión con representantes de municipios, el Gobierno anunció la preparación de una ley "para combatir las incivilidades" y que estará vinculado al registro único de vándalos propuesto por el Presidente José Antonio Kast. Este proyecto prontamente será enviada al Congreso para su discusión. "Las incivilidades han cambiado en Chile.

Antiguamente veíamos situaciones como el comercio ilícito de manera aislada, pero hoy tenemos otras situaciones asociadas. Lo mismo ocurre con el consumo de drogas. Hay que revisar los catálogos, la realidad y actualizarlos.

La idea es presentarlo dentro de los primeros tres meses del inicio del Gobierno, pero tenemos que incorporar otras visiones", subrayó Quintana. Para ello, se convocó a una mesa de trabajo para avanzar en una normativa que permita reforzar el rol de los municipios en la prevención de delitos e incivilidades al interior de los barrios. Esta instancia contempla la participación de diferentes instituciones como las asociaciones municipales, Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otros servicios públicos e instituciones académicas.

Durante la instalación de esta mesa, se presentaron los lineamientos de la Ley N° 21. 802, con énfasis en las obligaciones operativas y normativas que esta conlleva para las municipalidades. Asimismo, se repasaron los plazos que establece la ley, que entrará en vigor plenamente durante el próximo mes de agosto y cuyo reglamento deberá dictarse como máximo antes de febrero del año 2027.

"Es un trabajo técnico y de coordinación que se va a hacer desde la Subsecretaría de Prevención del Delito con las municipalidades y Carabineros para poder tener a tiempo todo lo necesario para implementar la ley, que es muy relevante en términos de seguridad para las municipalidades y la población", indicó Quintana. Al respecto, el alcalde de Zapallar y presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, espera que esta instancia se traduzca en un reglamento útil, aplicable y construido desde la realidad que se vive en los territorios: "Es fundamental que este reglamento también entregue resguardo a los funcionarios municipales y a los inspectores". A su vez, José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, concordó en que el reglamento es clave para que la ley pueda implementarse de manera correcta.

"Acá estamos todos coordinados, tenemos una visión en conjunto para poder sacar adelante esta tarea y estamos desarrollando estrategias para avanzar lo más rápido posible y garantizarles a nuestros vecinos tener una ley que finalmente se haga cargo de un tema que se venía arrastrando hace mucho tiempo", dijo. Finalmente, Rodrigo Contreras, presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y alcalde de Paine, hizo énfasis en que los municipios rurales, por sus particularidades, necesitan de recursos y herramientas que se adapten a esta realidad. "La ruralidad tiene mucho que decir al respecto.

La extensión geográfica de las comunas rurales, la falta de institucionalidad y, muchas veces, la precariedad en los servicios básicos, hacen que la delincuencia se tome estos lugares y sea invisibilizada desde las ciudades o las capitales regionales", concluyó.