Gastos en celebraciones de municipios: Una mirada crítica al informe de Contraloría

Por Manuel Valdivieso El último informe de la Contraloría General de la República, que analiza el gasto municipal en celebraciones versus asistencia social, ha generado un impacto inmediato en la opinión pública. No es para menos: exhibe cifras contundentes, municipios identificados y diferencias millonarias que, a primera vista, parecen reflejar una distorsión evidente en las prioridades del gasto público. Sin embargo, el problema no está en los datos, sino en lo que falta: el contexto.

El reporte —el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22— identifica múltiples casos en que municipalidades gastaron más en celebraciones que en ayuda social durante 2024 y 2025. La información es clara: más de $31 mil millones en celebraciones, diferencias superiores a $90 millones en varias comunas y un listado explícito de municipios, entre ellos Alto Hospicio, Talca, Arica o Camarones. Pero la claridad de los números no equivale necesariamente a una comprensión de la realidad que describen.

El informe cumple una función relevante de fiscalización, pero se queda en la superficie. No indaga en las causas ni en los objetivos detrás de ese gasto, instalando implícitamente una lectura binaria: o se gasta en celebraciones o se gasta en ayuda social. Y la realidad municipal —sobre todo en Chile profundo— es bastante más compleja que esa dicotomía.

Una gran parte de las comunas mencionadas no son centros urbanos consolidados, sino territorios rurales, zonas extremas o localidades con economías frágiles. En estos contextos, las celebraciones no son solo eventos recreativos, sino herramientas de desarrollo local. Festivales, ferias, carnavales o encuentros culturales cumplen funciones económicas concretas: atraen turismo, dinamizan el comercio y generan ingresos para emprendedores que, en muchos casos, dependen de estas instancias para sostener sus actividades.

Un show artístico, por ejemplo, rara vez ocurre en el vacío. Suele estar vinculado a ferias artesanales, circuitos gastronómicos o festivales que permiten a pequeños productores vender sus bienes y servicios. El gasto en celebraciones, en estos casos, opera como una inversión indirecta en economía local, no necesariamente como un desvío de recursos sociales.

Esa distinción es clave y el informe no la aborda. Lo mismo ocurre con el gasto per cápita. Comunas como Río Verde, Sierra Gorda o Laguna Blanca aparecen con cifras elevadas, pero esto responde, en gran medida, a su baja población.

Un evento de mediana escala en una comuna pequeña puede disparar el indicador per cápita, sin que eso implique necesariamente un uso desproporcionado o irresponsable de recursos. Esto no significa que no deba haber control ni cuestionamiento. La Contraloría tiene razón al recordar que el gasto municipal debe ajustarse a los principios de eficiencia y estar orientado al bienestar de la comunidad.

Pero exhibir cifras sin contexto también tiene efectos políticos y simbólicos: instala la idea de municipios “fiesteros”, especialmente en comunas pequeñas, sin considerar sus estrategias de desarrollo ni sus limitaciones estructurales. En un país con profundas desigualdades territoriales, la discusión sobre el gasto municipal no puede reducirse a una tabla comparativa. Se requiere una mirada más fina, que distinga entre gasto improductivo y gasto con impacto local, entre eventos que son solo espectáculo y aquellos que cumplen un rol económico, cultural y social.

Porque, al final, la pregunta no es solo cuánto se gasta, sino para qué se gasta. Y esa es precisamente la dimensión que este informe, pese a su valor técnico, deja fuera del debate.