Garantías administrativas

Señor Director: El proyecto de ley de reconstrucción, ingresado el 22 de abril, contiene importantes modificaciones al derecho administrativo que merecen atención. Tres disposiciones destacan. Primero, la reducción de dos años a seis meses del plazo para la invalidación de autorizaciones.

Además de la celeridad excesiva, llama la atención que no distingue si el vicio fue provocado por el propio titular. Ello puede permitir que el inversionista se aproveche de su propia falta. Segundo, la supresión de los recursos administrativos contra las resoluciones de calificación ambiental favorables.

Si bien la iniciativa atiende a una demora real, elimina controles jurídicos y eleva la barrera de acceso para terceros afectados, desequilibrando los intereses en juego. Tercero, la creación de la categoría de “intervenciones menores” arqueológicas que operan sin autorización previa, delegando en el reglamento la definición de su alcance. Aunque es una típica medida de simplificación, se echan de menos criterios legales mínimos que guíen al reglamento.

Las tres reformas responden a problemas reales, cuya solución no es obvia. Resulta necesario que la discusión legislativa pondere los intereses en juego.