Funcionarios fantasmas y platas perdidas: el duro informe que golpea al municipio de Mulchén

Una verdadera "caja de Pandora" resultó ser la investigación especial N°255 de la Contraloría Regional del Biobío, que expuso una serie de irregularidades sistémicas en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Mulchén. El ente fiscalizador se encontró con "funcionarios fantasmas" y la falta de control administrativo, casos que permitieron el desembolso de sumas millonarias de manera injustificada. El caso del "Comunicador Ubicuo" Uno de los hallazgos más llamativos involucra a un profesional contratado como comunicador audiovisual entre octubre de 2019 y diciembre de 2024.

Según el ente fiscalizador, el sujeto jamás registró su jornada laboral ni pudo acreditar las funciones realizadas durante casi un lustro. Tras ser consultado, el municipio presentó un libro de asistencia que el trabajador entregó tres días después de renunciar, documento que la Contraloría desestimó por carecer de veracidad. La investigación dio un giro definitivo al consultar al Servicio de Impuestos Internos (SII), descubriendo que el hombre mantenía contratos vigentes con dos empresas privadas, una de ellas con una jornada de 45 horas semanales.

Ante la "imposibilidad física" de cumplir ambas labores, se ordenó la restitución de los 33 millones de pesos percibidos, además de un finiquito de 1,5 millones pagado tras su salida. Concejales y ausentismo récord La auditoría también puso la lupa sobre un exfuncionario del DAEM que, en paralelo, se desempeñaba como concejal en la comuna de Yumbel. La Contraloría determinó que no existía ningún acto administrativo que autorizara el uso de su jornada en Mulchén para cumplir labores políticas en otra comuna, ni tampoco un mecanismo de compensación de horas.

En la misma línea, el informe detalla otros dos casos críticos de falta de control: Un monitor de talleres: Con 108 ausencias diarias y 9 omisiones de salida sin justificación alguna. Una funcionaria administrativa: Quien no marcó asistencia durante 184 días y omitió registros en otros 255 días. Desvío de fondos escolares Finalmente, la Contraloría detectó que el municipio utilizó dineros de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), recursos destinados por ley a mejorar la educación de los alumnos más vulnerables, para la contratación de tres abogados bajo el Código del Trabajo.

Al no ajustarse a los Planes de Mejoramiento Educativo (PME), la municipalidad deberá reintegrar íntegramente estos montos al Ministerio de Educación. Debido a la gravedad de todos estos hechos, la CGR no solo instruyó el inicio de sumarios administrativos y la recuperación de los fondos, sino que remitió la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público, ante la posible comisión de delitos contra la probidad pública y fraude al fisco.