Fiscalía indaga presunto fraude de seguros ligado a concesión del aeropuerto de Iquique

La Fiscalía Local de Las Condes investiga a la concesionaria Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena (SCADA) por un presunto fraude de seguros en perjuicio de la firma ORSAN Seguros de Crédito y Garantía, querellante en la causa que se tramita en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. De acuerdo con la acción judicial, presentada por el abogado Hugo Rivera Villalobos, la aseguradora acusa a la concesionaria y a sus representantes legales, Omar Arturo Becerra Mella y Christian Celedón Mutis, de intentar cobrar de forma irregular dos pólizas de garantía por un total de UF 234. 393,8, equivalentes a unos US$9 millones, vinculadas a la construcción y modernización del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique.

Según la querella, SCADA habría falseado antecedentes para justificar la activación de las pólizas y obtener así un pago indebido, lo que configuraría el delito de fraude de seguros, de acuerdo con la Ley de Delitos Económicos. La acción fue declarada admisible en septiembre de 2024 y actualmente es objeto de diligencias investigativas por parte del Ministerio Público. El conflicto tiene su origen en el contrato de ingeniería, suministro y construcción (EPC) que SCADA firmó en diciembre de 2017 con la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV), responsable de ejecutar las obras del terminal aéreo concesionado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Como parte del contrato, CVV debía entregar garantías de fiel cumplimiento y retención, las cuales fueron emitidas por ORSAN. La primera póliza, suscrita en junio de 2019, ascendía a UF 177. 691, mientras que la segunda, de abril de 2022, era por UF 56.

702,8, y estaba asociada a un mecanismo de canje de retenciones. Sin embargo, tras la liquidación voluntaria de CVV a fines de 2022, la concesionaria solicitó el cobro íntegro de ambas pólizas, alegando incumplimientos contractuales por parte de la constructora. ORSAN rechazó el siniestro al considerar que no se configuraban las condiciones para hacer efectivo el pago.

En medio de las diligencias del Ministerio Público, se dio cuenta de un documento denominado “Bases de acuerdo”, fechado en julio de 2023, en el que se detalla una propuesta que SCADA envió a CVV, de repartirse los montos que eventualmente se obtuvieran, tanto por indemnizaciones del MOP como por el cobro de las garantías a ORSAN. CVV no habría aceptado la irregular propuesta. De acuerdo al escrito judicial, dicho texto fue remitido por el propio abogado de la concesionaria a CVV, y contemplaba que hasta un 60% de los recursos provenientes del seguro serían transferidos a la constructora.

El documento también instruía a CVV a levantar medidas precautorias y a colaborar con gestiones que facilitaran un eventual pago del seguro, incluso bajo un esquema de descuentos.. Para ORSAN, dichos antecedentes refuerzan la tesis de un plan concertado para obtener beneficios económicos “en perjuicio de la aseguradora mediante la simulación de daños o incumplimientos contractuales”. En la ampliación de la querella, la compañía incluyó a SCADA como persona jurídica al alero de la nueva Ley de Delitos Económicos, lo que podría implicar sanciones que van desde la prohibición de contratar con el Estado hasta su disolución, de confirmarse la existencia del delito.