Fiscal Héctor Barros: “Estamos frente a una ‘chilenización’ del delito o una adaptación local de bandas transnacionales”

En su último año al mando de la Fiscalía Regional Sur y liderando el equipo ECOH -creado para enfrentar los delitos más complejos asociados al crimen organizado-, el fiscal Héctor Barros traza un diagnóstico que inquieta en el Ministerio Público: el fenómeno delictual en Chile ya no solo cambió de forma, sino también de protagonistas. Si a fines de 2023 los secuestros y homicidios estaban mayoritariamente en manos de organizaciones transnacionales, como células vinculadas al Tren de Aragua, hoy -advierte- ese escenario mutó. Las bandas nacionales no solo han ganado terreno en esos delitos, sino que han comenzado a replicar sus métodos, incorporando sicarios, elevando los niveles de violencia y trasladando prácticas que hasta hace poco eran excepcionales en el país.

El resultado, describe, es un nuevo mapa criminal, donde las fronteras entre lo local y lo extranjero se difuminan, y donde el secuestro se instala con más fuerza en el repertorio habitual del delito. Fiscal, ¿qué cambios ha visto en el mapa del crimen organizado en Chile, especialmente en delitos como los secuestros? Uno de los cambios más grandes que hemos tenido en el último año, principalmente, está dado por los niveles de participación en los delitos de las organizaciones nacionales.

Me explico. Comenzamos a ver los fenómenos que ocurrían en la Región Metropolitana con el equipo ECOH. Lo que teníamos al inicio de este equipo especial, el 13 de noviembre del 2023, era básicamente organizaciones que dependían o que eran del Tren de Aragua, transnacionales, extranjeras, sujetos principalmente en situación irregular en el país, que estaban operando en secuestros principalmente y en los homicidios.

Eso nos llevó a enfocarnos en ese tipo de organizaciones, pero a poco andar nos dimos cuenta de que eran estructuras que dependían o tributaban al Tren de Aragua. También vimos el mapa de comunas donde ocurrían estos delitos: Estación Central, Providencia, Recoleta y Santiago. ¿Qué hicieron entonces?

Nos enfocamos en esa estructura, se desarticularon varias organizaciones, como los “Piratas de Aragua”, “Los Mapaches”, “La Hermandad”. Y entendimos que el Tren de Aragua se organizaba por líneas de explotación de mercados ilegales: secuestros, explotación sexual, inmigración ilegal, delitos contra la propiedad. A tres años de eso, hemos empezado a ver cómo están mutando las estadísticas, lo que además también se da por fiscales especializados en perseguir estos grupos.

Cuando comenzamos, la proporción era 80% de casos de crimen organizado vinculado a homicidios y 20% secuestro. Eso en el último año ha ido cambiando y hoy tenemos un aumento del secuestro por sobre el homicidio. ¿Y en este tipo de delitos las bandas chilenas comienzan a participar activamente, por ejemplo en los secuestros?

Sí, a eso voy. Entonces, en el último año este fenómeno cambia en el caso de las bandas nacionales, porque antiguamente aquí en Chile siempre existieron secuestros, pero no eran muy conocidos por la opinión pública. En los años 2006-2007 hubo varios, pero vinculados al narcotráfico.

Se secuestraban entre bandas, se hacían mexicanas, se pedía rescate y normalmente la víctima era liberada sin daño. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es que las organizaciones nacionales, es decir los chilenos que participan en delitos, han comenzado a igualarse o asimilarse al comportamiento de las bandas transnacionales. Tienen una participación mucho más activa en homicidios, narcotráfico y han imitado la violencia contra las víctimas.

¿Cómo se explica eso? Primero, porque tienen que competir, no solo territorialmente con otras agrupaciones locales, sino también con aquellos extranjeros que instalan empresas criminales en el país con conexiones en sus países de origen, principalmente Venezuela y Colombia. Eso hace que los nacionales suban sus niveles de violencia para no desaparecer o tener que someterse.

Pero, además, ellos mismos han empezado a incorporar extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos, como sicarios o pistoleros dentro de sus estructuras. Eso ha tensionado las relaciones y ha aumentado la violencia. Podríamos decir entonces que estamos frente a una ‘chilenización’ del delito o una adaptación local de bandas transnacionales.

Antes en la zona sur las balas iban a las piernas, hoy derechamente van a la cabeza, y eso es un cambio cultural, importado por la criminalidad organizada que penetró nuestras fronteras. Se importó violencia... Indudablemente.

De hecho, este es un tema que hace dos o tres años veníamos analizando: qué iba a pasar entre la criminalidad nacional y la transnacional. En esa época pensamos que podía haber tres escenarios: que una sometiera a la otra, que convivieran en mercados distintos o que se mezclaran. Hoy estamos viendo esto último: organizaciones nacionales que incorporan extranjeros por su cultura más violenta.

Eso ha elevado los niveles de violencia en secuestros y homicidios. En ese contexto, ¿qué rol están jugando hoy los chilenos dentro de estas estructuras? ¿Son ejecutores, parte de la logística, lideran?

No, hasta el momento no los hemos visto liderando bandas. El delito de las organizaciones transnacionales se mantiene dentro de sus propias estructuras. El Tren de Aragua actúa a través de células o cobra “impuestos” a otras bandas extranjeras por operar en ciertos territorios.

Pero esto va a tender a ampliarse. Ya hemos visto casos de extranjeros secuestrando chilenos, incluso sin vínculo delictual, y también chilenos contratando sicarios extranjeros. Hoy el sicariato está disponible en Chile como un “servicio”, tanto para organizaciones como para particulares.

Ejemplo de eso es el asesinato del empresario del plástico en Quinta Normal, donde el cuñado contrata a sicarios venezolanos para ejecutarlo. Fiscal, hay una investigación emblemática: el crimen del exmilitar Ronald Ojeda. Usted ha sostenido la hipótesis de una ejecución con motivación política.

¿En qué está hoy esa causa? Esta investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno es uno de los principales golpes al Tren de Aragua en Chile. Se desarticuló el grupo responsable -los “Piratas de Aragua”- y hoy están detenidos o con órdenes de captura.

La investigación parte en febrero de 2024 y en abril ya teníamos despejadas las líneas: no era un secuestro extorsivo ni una venganza interna. La única línea que quedó fue la política, por el perfil de la víctima, opositor a Nicolás Maduro. Esto se fue confirmando con declaraciones, WhatsApp y antecedentes que hablan de una operación organizada “desde arriba”, con pagos parciales y estructuras superiores involucradas.

Nunca hubo intento de rescate. Y, además, el cuerpo fue enterrado bajo una losa de cemento para que no fuera encontrado, algo inédito. En esa estructura superior aparece el llamado “Turko”, quien está detenido a requerimiento de ustedes...

Cuando hablamos de estructura superior nos referimos a sujetos como el “Turko”, detenido en Estados Unidos, y también a “Carlos Bobby”, encargado de Sudamérica de esta banda transnacional. El Tren de Aragua es altamente jerárquico: ningún delito se ejecuta sin autorización superior. Por eso, para el caso Ojeda, necesariamente hubo autorización de estos niveles.

Y según antecedentes, incluso desde niveles más altos aún. ¿Por qué es clave la diligencia internacional para interrogar a Nicolás Maduro? Es fundamental para establecer todos los partícipes de esta estructura criminal.

Creemos que es imposible que Nicolás Maduro no tenga conocimiento de una operación de esta magnitud, que implicó ingresar a otro país, ejecutar un crimen y retirar a los involucrados. Los antecedentes apuntan a que Diosdado Cabello habría encargado y financiado la operación. ¿En qué calidad buscan interrogar a Maduro?

En este momento como testigo, sin perjuicio de que esa condición puede mutar a imputado según lo que declare. ¿Se podría llegar a pedir la extradición de figuras como Diosdado Cabello? Sí, es una posibilidad, pero con pocas probabilidades de éxito, porque la Constitución venezolana impide la extradición de sus nacionales.

Aun así, esperamos que los cambios recientes en ese país permitan retomar diligencias que antes no tuvieron colaboración efectiva. En materia de herramientas, ¿Chile está preparado para enfrentar este tipo de criminalidad? Hoy tenemos mejores herramientas legales que hace tres años.

Antes partimos muy atrás, con normas pensadas para otro tipo de delitos. Pero el problema hoy es tecnológico. Antes la principal herramienta eran las escuchas telefónicas.

Hoy no sirven, porque las comunicaciones se hacen por WhatsApp, Telegram u otras aplicaciones. No tenemos tecnología para acceder a esas comunicaciones en tiempo real. Y eso es clave para desarticular organizaciones desde su núcleo.

Finalmente, ¿qué tan importante es el respaldo a las policías en esta lucha? Es fundamental. No le vamos a ganar nunca al crimen organizado si trabajamos de manera aislada.

Hay que trabajar en equipo: Fiscalía, policías, Gendarmería, Aduanas, SII, Unidad de Análisis Financiero. En ECOH integramos funcionarios de PDI, Carabineros y Gendarmería dentro de la Fiscalía, cruzando datos en tiempo real. Eso ha demostrado que el trabajo interconectado es la única forma efectiva de desarticular estas organizaciones.