Fiscal de Antofagasta denuncia que la ciudad está en una etapa incipiente de “favelización”

El concepto de “favelización” viene sonando desde hace un par de años en la Región de Antofagasta. El primero en usarlo fue el Fiscal Regional Juan Castro Bekios, después que en 2024 encabezara dos operativos casi simultáneos en campamentos ubicados en los cerros de la ciudad, donde se habían asentado dos organizaciones criminales transnacionales que competían entre sí: “Los Shottas” (de origen colombiano) y una célula de “Los Piratas”, facción del Tren de Aragua (TDA). Pese a que intentaban exterminarse mutuamente, ambas compartían el mismo esquema de control territorial depredatorio en los cerros.

Ya con “Los Shottas” condenados a altísimas penas, ahora los miembros de la célula del TDA que dirigía Yoel Aparicio –quien fue asesinado en la cárcel– fueron también condenados, aunque las penas exactas se conocerán este jueves. En efecto, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Antofagasta declaró a los imputados (Denis Dinis, Fernando Albornoz, Reinaldo Peña, Alexander López, Miguel Ferrer, Jam Arzola y Wilfredo Vásquez) culpables de una serie de delitos, entre ellos homicidio consumado, homicidio frustrado, secuestros con homicidio, tráfico de drogas, tenencia de material bélico, tenencia de armamento y municiones, así como asociación criminal. Cabe indicar que en un juicio previo (en 2025) otros tres miembros de la misma célula fueron condenados como autores de secuestro agravado, a 5 años y un día.

Dos de ellos recibieron una pena adicional de 3 años y un día por porte ilegal de arma de fuego. Una trabajadora sexual fue condenada a la misma pena, como cómplice de secuestro, y otra a 541 días como encubridora del mismo delito. Pese a que tanto “Los Shottas” como el TDA están hoy condenados, el fiscal Castro argumenta que el proceso de favelización –que siempre va de la mano de organizaciones criminales, como sucede en Brasil– no se ha detenido y, por el contrario, está en una fase crítica.

Para empezar, detalla que para comprender las características de la banda recientemente condenada hay que considerar que “no estábamos ante un grupo de delincuentes buscando escondite en una toma; chocamos de frente con un enclave de soberanía criminal. Operaban con un descaro táctico absoluto. Esta estructura utilizaba viviendas específicas, no solo como bodegas para acopiar droga, preferentemente ketamina, que le arrebataban a distribuidores rivales mediante lo que se denomina ‘quitadas de droga’ o ‘mexicanas’.

Estas viviendas las habían transformado en verdaderos centros de cautiverio e incluso de tortura”. A ese respecto, detalla que “el control territorial que esta célula ejercía era asfixiante. Para anular el factor sorpresa de los equipos tácticos de la policía mantenían drones de vigilancia y un arsenal francamente impresionante: en los allanamientos el OS-9 de Carabineros encontró pistolas modificadas, granadas defensivas de origen yugoslavo e incluso explosivos industriales”.

Y no era lo único: “Esta organización instauró una lógica de exterminio para someter a la competencia”, señala, en referencia a “Los Shottas”. “Si alguien no se subordinaba lo secuestraban, lo interrogaban a punta de golpes para sacarle información sobre cargamentos, e incluso llegaron al extremo de ejecutarlos con armas de fuego en sectores descampados, como ocurrió con dos víctimas fallecidas en el sector de la playa La Rinconada. Eso excede cualquier definición de delincuencia común; es la instauración de un régimen de terror barrial por parte de una asociación criminal”.

El persecutor señala que, en el caso del Tren de Aragua, “la interdependencia entre estas células y la cúpula transnacional se manifiesta a través del sistema de tributación conocido como ‘la causa’ y el uso de canales de comunicación cifrados para la coordinación táctica”. Así, recuerda que la célula que operaba en Antofagasta operaba bajo un patrón idéntico al que se ha visto en otras ciudades: “Autonomía local, pero lealtad absoluta al manual transnacional. Sería profundamente interesante profundizar más en este asunto, sin embargo, por razones de reserva no estamos en condiciones de proporcionar más detalles de ello”.

–Cuando ustedes desarticularon esta célula se habló de un proceso de favelización en los cerros. ¿Se detuvo ese proceso o cree que es muy prematuro para pensar en ese sentido? -Se lo digo con la perspectiva de quien lleva involucrado en investigaciones de crimen organizado y drogas desde el año 2005, como fiscal de la especialidad en Santiago, luego en Iquique y Antofagasta: asumir que este proceso se detuvo por algunas investigaciones con sus respectivos operativos exitosos sería de una ingenuidad derechamente peligrosa.

No. No se ha detenido. Lo que enfrentamos no es un brote delictual pasajero, sino una mutación estructural de la criminalidad, una amenaza estratégica al Estado de derecho que llegó para enquistarse.

En dicho sentido, indica que “sacar de circulación a una célula operativa no apaga la maquinaria logística que ya se ha establecido. ¿Por qué? Porque estas redes transnacionales no solo habitan el territorio; lo diseñan a su favor.

Lo que estamos viendo consolidarse en las faldas de los cerros de Antofagasta es una verdadera arquitectura de la impunidad“. A ese respecto, agrega que “no estamos hablando solamente del terrible drama social del déficit habitacional. Lo que vemos en diversos campamentos es cómo conviven personas vulnerables socialmente atrapadas en un verdadero microurbanismo defensivo brutal y calculado: calles estrechadas a propósito con chatarra para frenar vehículos policiales, así como la transformación rápida de material ligero a estructuras de concreto sólido que operan como verdaderos búnkeres.

Construyen sótanos subterráneos para esconder desde armamento y droga hasta víctimas de secuestro. Poseen ‘soldados’ y tecnología de vigilancia en las zonas bajas. Todo este entramado persigue un único fin táctico: anular nuestro factor sorpresa y poner en riesgo la vida de carabineros y detectives cada vez que intentamos entrar a desarticularlos”.

Más aún, dice: “Es una gobernanza de facto, una hibridación perversa donde el criminal suple al Estado, proveyendo servicios básicos a los vecinos a cambio de un silencio que nace del terror puro o de lealtades forzadas. A nivel de inteligencia, le confirmo el diagnóstico: la región está en una etapa incipiente pero profundamente crítica de favelización. Aún no es un proceso irreversible, pero el margen de maniobra se nos puede escapar y aquí caemos en el nudo crítico del problema, algo que he sostenido hasta el cansancio como piedra angular de nuestra persecución penal: si no vamos detrás del dinero de estas agrupaciones, es imposible atacar el crimen organizado de manera seria.

Punto. El resto es podar las hojas de un árbol podrido”. Dinero por doquier La gran cantidad de dinero que circula en la Región de Antofagasta, debido a la actividad minera, “la hace un imán para el lavado de activos de estas organizaciones.

Si no dotamos al sistema de analistas patrimoniales en todas las agencias que intervienen, que sean capaces de asfixiar financieramente a estas organizaciones, y no recuperamos físicamente el territorio, la proyección es sombría“, señala el Fiscal Regional Juan Castro Bekios. Y añade: “Lo que debemos evitar es que la Región de Antofagasta reproduzca la violencia estructural y el control territorial de las favelas de Brasil. Y, con la apertura del Corredor Bioceánico, que fácilmente podría ser instrumentalizado como una autopista delictual si no instalamos un control fronterizo inteligente, no nos queda tiempo para actuar sin decisión con acciones concretas”.

En ese contexto, opina que, teniendo en cuenta la presencia de organizaciones colombianas, venezolanas, ecuatorianas y mexicanas en la Región de Antofagasta, tiene la certeza de que esta “no fue elegida al azar por estas estructuras criminales. La región reúne, metafóricamente hablando, una tormenta perfecta de condiciones geoestratégicas, económicas, logísticas y sociodemográficas que la convierten en una zona de altísimo atractivo para organizaciones provenientes de Venezuela (como el Tren de Aragua), Colombia, México (como el Cártel Jalisco Nueva Generación), Ecuador y, como hemos advertido, una inminente presencia del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil”. Estos –relata– se aprovechan del contraste que existe entre los altos ingresos que posicionan a esa región con un PIB de primer mundo, mientras en los cerros se vive una realidad totalmente opuesta, pues allí existe una “fractura sociodemográfica”, producto de que “Antofagasta presenta un elevadísimo costo de vida y un grave déficit habitacional.

Esto, sumado a la llegada masiva de migrantes irregulares en situación de vulnerabilidad, ha provocado el surgimiento de enormes tomas de terreno o macrocampamentos en las laderas de los cerros, como Los Arenales o Génesis II”. Son esos sitios –precisa el persecutor– los que el crimen organizado ha elegido para sus procesos de favelización, generando territorios que “les brindan impunidad, bases operativas inexpugnables y un flujo constante de personas vulnerables susceptibles de ser explotadas en redes de trata, prostitución y extorsión”. Las dos fronteras Otro de los puntos críticos, señala, es lo que él denomina la “frontera profunda” que comparte la región con Bolivia: “La vasta planicie del desierto de Atacama facilita el tránsito de mercancías ilícitas como drogas, cigarrillos de contrabando, armas, vehículos robados, entre otras.

Incluso hemos avizorado que es totalmente plausible la instalación de pistas de aterrizaje clandestinas para aeronaves ligeras que ingresan cargamentos ilícitos eludiendo los radares”. Y detalla que, “adicionalmente, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Chile y Bolivia garantiza el libre tránsito de carga hacia los puertos chilenos, lo que en la práctica impone obstáculos y limitaciones diplomáticas a la Aduana chilena para realizar inspecciones rutinarias a los cargamentos, facilitando el ocultamiento de estupefacientes”. En dicha “tormenta perfecta” también juega un rol fundamental el hecho de que la región cuenta con puertos como Mejillones, Antofagasta y Tocopilla: “Las organizaciones transnacionales ya utilizan esta infraestructura lícita para enviar cargamentos de drogas (especialmente clorhidrato de cocaína y metanfetaminas) a Asia-Pacífico y Oceanía.

El atractivo radica en el ‘arbitraje económico’: un kilo de cocaína que en Bolivia cuesta unos 2 mil dólares, al llegar a mercados como Australia o Nueva Zelanda puede superar los 200 mil dólares”. Sin embargo, no es solo droga lista para el consumo lo que se trafica: “La minería requiere gigantescas cantidades de insumos químicos para sus procesos extractivos lícitos. Esta vasta demanda legal sirve como “paraguas” o camuflaje ideal para que los cárteles internen desde Asia precursores químicos esenciales para la cristalización de pasta base o la fabricación de drogas sintéticas.

Antofagasta dejó de ser solo un lugar de tránsito para convertirse en una zona de interés para el procesamiento final, como lo demostró el intento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de montar laboratorios en el país para sintetizar drogas antes de su exportación marítima”, argumenta.