Exseremi de Justicia dice que indultos violan el principio básico de la ley

María José Rojas plantea que el Gobierno carece de empatía hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que contradice su discurso de defender el orden y hacer respetar la ley. Por: Bastián Álvarez Pardo El anuncio por parte del Presidente de la República, José Antonio Kast, de entregar el indulto a reos condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura y durante el estallido social, continúa generando debate a nivel nacional y regional. Mientras la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, confirmaron que el Primer Mandatario hará uso de la facultad presidencial del indulto y que evaluará «caso a caso», ex autoridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, abogados e instituciones especialistas en derechos humanos, han rechazado la medida.

María José Rojas, ex SEREMI de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo, plantea que «hay una contradicción con el discurso de este gobierno, de defender el orden y el respeto a la ley; con esto, están relativizando estas sentencias dictadas por los tribunales». Rojas recuerda que, además de la muerte de Romario Veloz, José Faúndez fue sentenciado por otros dos delitos, de lesiones graves a otras dos personas, Rolando Robledo y César Véliz. «Es necesario tener presente que se vio una falta de empatía hacia las víctimas.

Cuando hablamos de indulto, el Estado no muestra ni respeto ni empatía hacia las familias, que están buscando y anhelando justicia», señala la ex SEREMI. A juicio de María José Rojas, además, la decisión de Kast estaría vulnerando el Estado de Derecho, pasando por encima de una sentencia ejecutoriada por otro poder del Estado y, en definitiva, «que demos un indulto en estas circunstancias, viola el principio básico de que nadie está por sobre la ley». La abogada y ex SEREMI de Justicia es categórica en señalar que «si bien él (Kast) tiene la facultad como Presidente de la República, no da una seguridad institucional, porque relativiza los delitos cometidos en un período álgido de nuestra historia».

Además, menciona el hecho que ministros como Fernando Rabat (Justicia) y Fernando Barros (Defensa), ambos ex abogados defensores de Augusto Pinochet, formen parte del gabinete de José Antonio Kast: «No hubo una colaboración, no ha habido una solicitud de perdón, ni una entrega de información o arrepentimiento, por la violación de los derechos humanos de las víctimas por parte del Estado».