Exministro de Defensa surcoreano es condenado a tres años de cárcel por obstrucción a la Justicia

El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong Hyun, fue condenado este martes a tres años de prisión tras ser declarado culpable de obstrucción a la Justicia en el marco de la investigación por la controvertida ley marcial decretada en diciembre de 2024 por el entonces presidente Yoon Suk Yeol. El Tribunal Central de Distrito de Seúl determinó que Kim engañó a integrantes del equipo de seguridad presidencial para obtener un teléfono que posteriormente permitió mantener comunicaciones con Yoon durante las horas en que efectivos militares fueron desplegados en las calles del país. Según el fallo, el exministro gestionó la entrega del dispositivo el 2 de diciembre de 2024, un día antes de la declaración de la ley marcial.

El teléfono terminó en manos de Noh Sang Won, un civil y excomandante del Mando de Inteligencia de Defensa. La sentencia también establece que Kim instigó la destrucción de pruebas luego de ordenar a uno de sus asistentes eliminar documentos relacionados con la jornada del 5 de diciembre, cuando la Asamblea Nacional ya había revocado el decreto presidencial. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de cinco años de cárcel, el tribunal optó por una condena menor debido a que el exministro no tenía antecedentes penales.

En paralelo, la Justicia revisa una apelación presentada por la defensa de Kim contra una sentencia previa de 30 años de prisión por su rol considerado “fundamental” en la supuesta insurrección vinculada a la imposición de la ley marcial. Pese a las condenas, Kim continúa responsabilizando a la oposición por la crisis política que sacudió al país y niega haber cometido irregularidades. Además, ha insistido en que la imposición de la ley marcial buscaba advertir sobre el poder opositor, al que Yoon vinculaba con Corea del Norte, y recopilar antecedentes sobre un eventual fraude electoral.

La declaración de la ley marcial provocó un amplio despliegue militar en distintos puntos del país, incluido el Parlamento y la sede de la Comisión Nacional Electoral. Durante las pocas horas que estuvo vigente, el entonces mandatario y sus aliados intentaron bloquear el acceso de los legisladores a la Asamblea Nacional.