Exjefa del Programa de DD.HH. cuestiona decreto que la removió y advierte escenarios de impunidad

La ahora exjefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Paulina Zamorano, cuestionó la decisión del gobierno de poner término anticipado a su contrato y al de otras jefaturas vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda, advirtiendo que la medida podría afectar el trabajo destinado a esclarecer el destino de personas detenidas desaparecidas. En conversación con BioBioChile, Zamorano —que se desempeñó por más de 14 años en la institución e ingresó por concurso público— sostuvo que la decisión la tomó por sorpresa y expresó preocupación por el impacto que la salida de parte del equipo podría tener en una política pública que, según subrayó, se construyó durante años. A su juicio, las desvinculaciones no se limitan a un cambio administrativo.

“Se desarticulan equipos clave, se debilitan capacidades acumuladas durante años y se pone en riesgo directo la continuidad de políticas de Estado fundamentales”, advirtió. La decisión del Gobierno La medida se concretó mediante un documento firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, al que tuvo acceso BioBioChile, en el que se dispuso el término anticipado de la designación a contrata de varias jefaturas de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El despido se hará efectivo desde este miércoles 1 de abril de 2026.

Además de Zamorano, fueron desvinculados la coordinadora del Área de Archivos e Investigación Documental, Tamara Lagos; la coordinadora del Área de Búsqueda y Trayectorias, Magdalena Garcés; y el coordinador de Administración Judicial de la subsecretaría, Marcelo Orellana. Las jefaturas formaban parte del equipo encargado de ejecutar el Plan Nacional de Búsqueda, política pública creada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric para esclarecer las circunstancias de desaparición de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. Los argumentos del decreto En el caso de Zamorano —abogada, máster en derecho constitucional—, el decreto sostiene que la autoridad concluyó que la funcionaria no cuenta con las aptitudes necesarias para liderar el programa en la nueva etapa que proyecta la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El documento señala que la jefatura del programa requiere capacidades de liderazgo, comunicación y conducción de equipos, además de una “especial relación de confianza” con el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. En esa línea, el decreto indica que Zamorano “no reúne las necesarias aptitudes de liderazgo, comunicación y conducción de equipos para el desempeño del cargo”, lo que —según el texto— resulta incompatible con el perfil requerido para esta nueva fase. Lee también...

Ministerio de Justicia remueve jefaturas de Plan Nacional de Búsqueda y anunciará sus reemplazos Martes 31 Marzo, 2026 | 14:21 Exjefa del Programa de Derechos Humanos cuestiona decreto que la removió La exjefa del programa cuestionó directamente esa justificación y defendió su trayectoria en el área. “Yo no sé qué más experiencia se puede tener después de más de 14 años de trabajo en el Programa de Derechos Humanos, con máster en la materia, coordinaciones interinstitucionales y una serie de cursos relativos al tema”, afirmó. Zamorano explicó además que su trabajo en el programa comenzó incluso antes de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo que —según dijo— da cuenta de una trayectoria prolongada en el área.

Además, afirmó que “nunca tuvimos la oportunidad de poder hacer una entrega formal de un informe de gestión y tampoco de las proyecciones de trabajo del equipo”. También recalcó que otras integrantes del equipo desvinculado, como Tamara Lagos y Magdalena Garcés, accedieron a sus cargos mediante concursos públicos, por lo que cuestionó que se trate simplemente de cargos de confianza asociados a la administración anterior. Con todo, desliza que la decisión del gobierno de José Antonio Kast, “también tiene una lectura que permite hacer un vínculo con las declaraciones relativas al otorgamiento de indultos presidenciales del presidente a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos”.

“Una señal política grave” Las funcionarias desvinculadas advirtieron que la medida podría tener consecuencias para el trabajo del programa. “Esta decisión trasciende lo individual: constituye una señal política extremadamente grave que debilita el compromiso del Estado con los Derechos Humanos y abre la puerta a escenarios de impunidad”, señaló Zamorano. Desde el equipo también alertaron sobre los efectos en áreas específicas del trabajo institucional.

Tamara Lagos, coordinadora del Área de Archivos, indicó que impedir el acceso a las oficinas “compromete el resguardo de archivos que documentan las más graves violaciones a los Derechos Humanos”. Por su parte, Magdalena Garcés, coordinadora del Área de Búsqueda y Trayectorias, sostuvo que lo ocurrido representa “un retroceso brutal” para una política que —según afirmó— había logrado consolidarse como política de Estado. “Después de 50 años, Chile había logrado consolidar la búsqueda como una política de Estado.

Lo que ocurre hoy es un portazo a las familias”, indicó. La versión del Ministerio Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, señalaron que las desvinculaciones responden a una decisión adoptada por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. A través de un comunicado indicaron que “La Subsecretaría ratifica que seguirá adelante con su política de continuidad en materia de Derechos Humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos”.

Sin embargo, fuentes de BioBioChile que conocen la interna del Ministerio de Justicia cuestionan los fundamentos del decreto. “Lo dramático es que el abogado de Pinochet diga que una funcionaria de carrera de 14 años defendiendo y promoviendo la verdad y justicia en Chile no tiene las aptitudes para dirigir el Plan Nacional de Búsqueda”, señalaron. Las mismas fuentes reclaman que el documento no explica de qué manera el perfil de Zamorano sería incompatible con los nuevos lineamientos de la subsecretaría.

“Jamás señalan cómo en la ‘nueva etapa’ de la subsecretaría su perfil o sus habilidades de comunicación y liderazgo no las tiene. Ni siquiera se reunieron con ella para transmitir los lineamientos de esa nueva etapa”, indicaron. El Plan Nacional de Búsqueda El Plan Nacional de Búsqueda fue oficializado el 30 de agosto de 2023 por el entonces presidente Gabriel Boric, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Su objetivo es esclarecer, de manera sistemática y permanente, las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, conforme a las obligaciones internacionales del Estado de Chile. El programa que hasta ahora encabezaba Zamorano también participa en más de 430 causas judiciales vinculadas a violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, procesos que buscan determinar tanto los hechos como la responsabilidad de los agentes involucrados. Con la salida de parte de su equipo directivo, el programa inicia ahora una nueva etapa bajo la actual administración.

“El impacto es profundo y sus consecuencias serán de largo alcance”, adviertió Zamorano.